La Conagua aplaza 6 meses el trámite digital de concesiones

Redacción / La Jornada

Foto: Agua Para Todxs

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó aplazar seis meses el trámite vía electrónica para obtener concesiones de aguas nacionales superficiales y subterráneas, con el argumento de que hay usuarios que no cuentan con la firma electrónica avanzada y deben obtenerla, pues es obligatoria para el procedimiento.

Lo anterior se decidió luego de que la semana anterior se conoció que a partir de ayer, por conducto de Conagu@ Digital se haría la entrega masiva de concesiones, lo cual discriminaba a pueblos y comunidades, debido a que carecen de la firma que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT). También se violaba la Ley de Aguas Nacionales, pues se omitían requisitos que define el artículo 23 y se haría en forma expedita, de acuerdo con la coalición Agua para Todos, así como expertos.

Con base en un acuerdo publicado el primero de octubre en el Diario Oficial, vía Internet, a partir del 15 de octubre comenzarían a tramitarse títulos de concesiones de aguas nacionales, permisos de descargas de aguas residuales y uso de zonas federales administradas por la Conagua, entre otros.

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Gobierno paga casi mil millones de pesos a empresas fantasmas: IMCO

Foto: Pixabay

Por Redacción/Animal Político

De acuerdo con el IMCO, en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas boletinadas; entre las más beneficiadas hay firmas ligadas a políticos del PRI y del PRD, e incluso a un ex dirigente de la CNTE.

El gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos del dinero de los mexicanos a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como fantasma.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

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Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa maestra

Imagen: Animal Político

Por Redacción/Animal Político

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.

La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.

De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.

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Javier Duarte desapareció 1,400 mdp que retuvo a trabajadores por ISR y Afores

Foto: AFP

Por Redacción/Animal Político

En su último año, el gobierno de Javier Duarte retuvo a los trabajadores 1,400 millones de pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Los recursos nunca fueron transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni al Instituto Mexicano del Seguro Social y su paradero es desconocido, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

Este año se realizaron nuevas auditorías a la administración de Duarte, con motivo del análisis de la Cuenta Pública de 2016.
Los auditores calcularon el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en 2016, a partir de la nómina de trabajadores en 16 dependencias del gobierno de Veracruz. Así se estableció que la administración de Duarte retuvo por lo menos mil 260 millones de pesos de los salarios pagados.

Las retenciones son legales, pero los gobiernos están comprometidos a canalizar dichos recursos al Servicio de Administración Tributaria, esto fue lo que nunca ocurrió en Veracruz.

La administración estatal si recortó a los trabajadores el dinero correspondiente al ISR pero este nunca fue ingresado a las arcas del SAT o a las de la Tesorería del estado, o por lo menos no hay documentos que así lo comprueben. El dinero literalmente no aparece.

Ante esta situación la ASF emitió una solicitud de ejercicio de comprobación fiscal para que el SAT instruya a quien corresponda y se realice una auditoría con el objetivo de averiguar qué pasó con todos esos recursos de ISR retenidos pero no entregados.

La misma anomalía ocurrió con impuestos locales. Los auditores identificaron que el gobierno estatal retuvo 137 millones 369 mil pesos a los trabajadores en 2016 con motivo del impuesto por remuneraciones al trabajo personal y fomento a la educación. El dinero sin embargo, nunca fue reintegrado a las arcas de la tesorería local. Por este motivo los auditores solicitaron también a la hacienda local que realice un verificación fiscal.

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Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra

Por Redacción/Animal Político

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción solicitó al SAT información sobre los pagos hechos por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas por Animal Político.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la información sobre los pagos que hicieron Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas en el reportaje La Estafa Maestra.

El pasado 4 de septiembre, Animal Político reveló cómo 186 compañías fantasma recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.
El Comité explicó que todo contribuyente está obligado a emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) cuando se obtienen ingresos provenientes de entes públicos, de no hacerlo “consentiría la evasión fiscal de los contribuyentes, sino también el desvío de recursos públicos (corrupción)”.

Las dependencias públicas deben contar con documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos y pagarlos a través transferencias bancarias.

El CPC señaló que hay evidencias y reportes de “que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos”.

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