Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, recuperaron este domingo su libertad, después de 11 años y medio de permanecer presos, acusados de un crimen que no cometieron.
A las 15 horas, Maximiliano Vázquez, juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, decretó el sobreseimiento de la causa penal 32/2003, tras el desistimiento de la acción penal que promovió el Ministerio Público (MP) la noche del sábado anterior, y firmó el auto de libertad, con lo que se iniciaron los trámites para la excarcelación de los pobladores.
Los habitantes de Tlanixco fueron imputados por la muerte del empresario español Alejandro Issak Basso, en abril de 2003. Dominga, Marco Antonio y Lorenzo fueron arrestados en 2006; dos años después los sentenciaron a 50 años de prisión por homicidio.
Su abogado apeló de la condena y en segunda instancia un magistrado de alzada la anuló y ordenó la reposición del proceso desde su inicio, al comprobarse una serie de violaciones al debido proceso.
En el marco de la entrega del Premio de los Derechos Humanos que obtuvo este año la organización “Front Line Defenders”, el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió la libertad inmediata, en México, de un grupo de indígenas de Tlanixco por defender el derecho al agua.
La organización Front Line Defenders fue reconocida por la ONU por su actuar en situaciones de emergencia en todo el mundo, facilitar la reubicación temporal de los defensores y, promover medidas internacionales para protegerlos a través de la intervención de actores internacionales.
En su discurso, Front Line Defenders recordó llevar nueve casos emblemáticas en todo el mundo sobre defensores al derecho humano. Entre ellos —el único que radica en el continente americano— el de la indígena nahua Dominga González y de otros cinco defensores del agua de San Pedro Tlanixco.
Los hoy presos, fueron sentenciados a 50 años de cárcel por autoridades mexiquenses, sin tener pruebas en su contra sobre un presunto homicidio, violando de forma fragante y sistemática el debido proceso judicial.
Front Line Defenders resaltó que los “impartidores de justicia” desestimaron la condición de los seis presos de Tlanixco como integrantes de un grupo indígenas originario nahua del país, al argumentar que tuvieron acceso a la educación básica.
El 15 de junio de 2007 Dominga González Martínez fue detenida por decenas de policías, acusada de homicidio junto con otros cinco integrantes de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, ubicada en el Estado de México. Una década después, el 27 de noviembre de 2017, recibió su sentencia: la pena máxima, 50 años de prisión.
Ese día Dominga caminó a su celda en el penal de Santiaguito, municipio de Almoloya, decidió recostarse y dormir. De pronto abrió los ojos –eran las cuatro de la mañana– y pensó: “50 años de prisión, quieren que me muera aquí”. Entonces, sentó su cuerpo de casi sesenta años de edad y pensó que únicamente tenía dos opciones: derrotarse o salir adelante. Lo que ahora se repetía era un rotundo “no me quiero morir en la cárcel”, y por eso sigue luchando para salir.
Junto con otros cinco indígenas nahuas– Pedro Sánchez Berriozábal, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles– Dominga es considerada presa política, ya que fue encarcelada como consecuencia de su defensa por el agua en San Pedro Tlanixco.
Desde hace casi 40 años esta comunidad indígena mantiene un conflicto por el uso del agua con floricultores de la región; con el argumento de que la flor necesita agua de calidad y no “contaminada por indígenas”, este sector empresarial pretendió despojar a la comunidad del río que atraviesa las tierras de Tlanixco, el cual ancestral e históricamente ha sido utilizado para el consumo humano.
La criminalización contra este movimiento en defensa del agua alcanzó su punto máximo cuando sus seis líderes más visibles fueron acusados de homicidio y encarcelados, luego de que en abril de 2003 doce personas entraran a Tlanixco de forma inesperada y una serie de eventos culminara en la muerte del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso.
Desde el momento de su detención –pasando por los más de 10 años en prisión preventiva, y la recepción de la sentencia– la y los defensores, acompañados de sus familias, luchan por su libertad.
La ONU-DH señala que, en primer lugar, no se respetó la presunción de inocencia, ya que la carga de la prueba recayó en la y los acusados, quienes fueron responsabilizados de demostrar que no cometieron los delitos que se les imputan. La ONU-DH argumenta que, según el marco del derecho internacional de los derechos humanos, es el ente acusador quien debe probar que ocurrieron los hechos, así como la responsabilidad del acusado; y que además se debe garantizar que no se presuma la culpabilidad, a menos que la acusación se haya demostrado fuera de toda duda razonable.
En segundo lugar, la ONU-DH sostiene que el pilar de la sentencia está basado en testimonios; sin embargo, refiere que “ninguno de los testigos de cargo habría estado presente en el momento de la muerte del señor Isaak Basso, como admiten sus primeras declaraciones, en las que incluso mencionan que se enteraron de la muerte del señor Isaak Basso tiempo después, cuando ya no estaban en Tlanixco”.
Según el mismo organismo, la credibilidad de los testimonios también se ve socavada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos: Benito Álvarez fue señalado como una de las tres personas que sujetó de los brazos a Isaak Bazo, pero él demostró que en ese momento se encontraba dando clases en Toluca; se aseguró que Venancio Zetina estuvo presente, pero el falleció mucho antes de los hechos; finalmente, se dijo que Faustino Trujillo pateó al occiso, “algo inverosímil, ya que se trata de una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas”.
La ONU-DH también externó su preocupación ya que a todos los acusados se les atribuye “igual grado de responsabilidad… sin que se expliquen los motivos por los cuales se les aplicó a todos la pena máxima de 50 años” y por la duración de la prisión preventiva, ya que estuvieron más de 10 años encarcelados y sin sentencia.
Marco Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado de cinco los presos, hizo hincapié en que el Estado mexicano tardó más de un año y medio para encontrar un traductor que acompañara la defensa de la y los indígenas nahuas acusados. También sostiene que la sentencia es racista: el juez no reconoce a los acusados como indígenas, “insinúa en su redacción que no lo son del todo porque estudiaron (fueron a la primaria y secundaria), salvo Dominga”, comenta Lara Duque.
El 7 de diciembre, en el “Foro por la defensa del agua y por lxs seis de Tlanixco”, familiares de la y los presos políticos explicaron cómo fueron detenidos los defensores: “No iban judiciales a la casa exacta, sacaban a la gente alrededor de donde vivimos; no sabían a quién iban a traer, era una cacería de brujas”, narra Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio.
Foto: Marcela Méndez
“Fue una represión a nuestros familiares, para que como pueblo no nos organicemos, porque al gobierno le conviene tenernos con miedo”, complementa.
A Dominga, cuenta su hija, se la llevaron 100 judiciales: “rodearon la casa de mis abuelitos… mi mamá tenía dos días de que la operaron”.
Ellas: madres, hermanas, hijas, coinciden en que todos estos años han sido un infierno, pues la cárcel ha sido también para todos los miembros de la familia: para los hijos que han crecido sin padres, para las madres que se convirtieron en el único sustento de la familia; también reiteraron que seguirán luchando y exigieron a las autoridades y en particular al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la libertad de Dominga, Pedro, Lorenzo, Teófilo, Marco Antonio y Rómulo.
Distintas organizaciones se reunieron en Tlanixco, Estado de México, para discutir sobre la importancia de articular las luchas por el agua y la tierra. Foto: Facebook: Desinformémonos
Asistentes al Encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida, realizado este fin de semana en San Pedro Tlanixco, Estado de México, emitieron un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a liberar a presos encarcelados por defender algún derecho.
“Emplazamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que para el mes de diciembre libere a todos los presos políticos, así como la liberación de los cargos, y que a partir de esa fecha no exista ningún preso por defender su territorio, su agua, ni sus derechos sociales y laborales”, dijeron en un pronunciamiento durante la clausura del encuentro.
“Para los presos políticos no hay amnistía que valga, pues a los compañeros no hay nada qué perdonarles, porque luchan por el agua, por la tierra y por eso los encierran. ¡Libertad a todos los presos por luchar!”.
El evento fue convocado por el colectivo Rebelión, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Mexicali Resiste y Pueblos Unidos Contra la Construcción del Nuevo Aeropuerto, con el fin de compartir experiencias de lucha y definir estrategias de resistencia ante el nuevo panorama político en el país.
Los asistentes llamaron a organizaciones nacionales e internacionales a articular luchas. Foto: Facebook Desinformémonos
Al respecto, aseguraron que los casos de feminicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos no son casos aislados, sino crímenes de Estado, por lo que llamaron a agrupaciones sociales a hermanar sus luchas.
“Si bien es cierto que cada una de las resistencias tiene su propia tradición, ideología y un eje político que les marca, consideramos que es nuestra tarea encontrar nuestros puntos en común. Las particularidades de cada movimiento no son de ninguna manera una imposibilidad para generar espacios de unidad en contra de la derecha”, señalaron.
Insistieron con la necesidad de comunicar de forma masiva sus ejes de resistencia y cerrar las brechas entre los frentes de lucha campesinos y urbanos, así como brechas generacionales.
Pese a la cercanía del fin del actual sexenio, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, insistieron con que se trata de un gobierno que se ha caracterizado por criminalizar a defensores y cerrar los ojos ante la exigencia de justicia.
Adelantaron que se prevé realizar un segundo encuentro, mismo que se definirá a principios de septiembre con miras a conformar una coordinadora nacional de resistencia.
“Se necesita un cambio revolucionario, un cambio profundo en nuestro país”, señalaron.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un recurso de apelación a la sentencia emitida contra seis indígenas nahuas detenidos desde hace 15 años “con acusaciones falsas y dolosas” fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente que los tres poderes del Estado garanticen la protección de los acusados, luego de que se descartó que estuvieran presentes en los hechos en los que una persona murió.
“El gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, indicó Lara Duque.
El recurso de apelación busca la protección de los seis nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desempeñaban acciones de defensa del agua y el territorio por las cuales, junto con otros defensores de la comunidad, fueron víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.
