Por Redacción/Desinformémonos
Huasteca potosina I Desinformémonos I Comunidades indígenas de los pueblos nahua y téenek de la Huasteca potosina obtuvieron un amparo de la justicia federal que suspende definitivamente las obras de un gasoducto que atraviesa sus territorios mientras existe el juicio. El gasoducto está a cargo de la empresa Enercitro, respaldada por la trasnacional española Iberdrola reporta la revista Proceso.
El juez quinto de Distrito concedió la suspensión provisional el 6 de junio y finalmente la suspensión definitiva de las obras el 20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.
Las comunidades de Chalchitépetl, en el municipio de Matlapa, y Chimalaco, en Axtla de Terrazas, pidieron apoyo a la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) y al Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, para exigir el cese de las operaciones del proyecto, que data de 2013. En abril del 2014, a través de la Junta Estatal de Caminos, a Enercitro le fueron otorgados seis permisos para la utilización condicionada del derecho de vía, para cruzar la tubería de gas natural por debajo de carreteras estatales.
La gente en las comunidades nada sabe sobre el tubo que atraviesa también por sus patios, si correrán peligro de explosiones o de contaminación en los mantos. Algunas observaciones de los habitantes aseguran que han escuchado el ruido intenso de un motor funcionando en algún punto, acaso bajo tierra. “¿Es eso fracking? La gente se pregunta” comentó a Grieta, Francisco Peña de Paz, antropólogo del Colegio de San Luis e integrante del Programa Agua y Sociedad.
Las afectaciones denunciadas por los líderes de la comunidad y que fundamentaron la petición legal de amparo fueron la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada como lo manda la ley, las afectaciones al medio ambiente y las irregularidades administrativas en el otorgamiento de permisos y licencias señalaron los abogados de la Clínica de Litigio Estratégico en DH de la UASLP.
Iberdrola, el gigante energético español, en su momento, respondió a la demanda de amparo 164/2017 promovida por los habitantes de la comunidad de Chalchitépetl y Chimalaco, acompañados por la Clínica de Litigio Estratégico, que demandaron entre otras omisiones, la no aplicación de la Ley de Consulta Indígena del estado; al no haber sido tomados en cuenta sino por medio de la coacción y los acuerdos privados, para la instalación y el funcionamiento de un gasoducto subterráneo.
Entre las laderas de la Huasteca potosina, la empresa Enercitro implicada en las obras, desmontó y abrió desde meses atrás, senderos de más de dos metros de ancho. Los demandantes presumen que el gasoducto ya atraviesa terrenos privados, comunales y ejidales, de uso agrícola y doméstica, ríos y arroyos, en una extensión de aproximadamente 20 kilómetros entre los municipios de Tamazunchale y Huehuetlán, para abastecer de gas de uso industrial a la planta de Citrofuit en Huichihuayán.
El 12 de mayo se interpusieron dos amparos, uno por cada comunidad, en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, y los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, en su calidad de autoridades responsables de otorgar autorizaciones y permisos.
En febrero de 2017 la alcaldía de Axtla otorgó la autorización para el paso del gasoducto, que se ha instalado desde el estado de Hidalgo, en el territorio de la comunidad indígena de Chimalaco sin que esta lo haya autorizado, situación que fue reconocida por el mismo presidente municipal al precisar que el paso del gasoducto fue “aprobado” por habitantes de otras zonas del municipio, excepto por Chimalaco, cuyos pobladores argumentaron el desconocimiento total del tema.
Cuando los habitantes de las comunidades vieron la maquinaria en la zona, la autoridad les dijo que “no afectaría sus tierras porque el paso del gasoducto era subterráneo”. Fue entonces que acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico y al Colegio de San Luis a solicitar el apoyo.
Una de las funcionarias involucradas en las autorizaciones es Margarita Viñas, extitular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, quien fue una de las personas que fungió como intermediaria para convencer a los pobladores de aceptar el paso del gasoducto construido por la empresa Enercitro que forma parte de la española Iberdrola.
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