Por Redacción/Animal Político
Familiares de las víctimas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, acusan que no les han dado acceso a los expedientes y que no se ha cumplido con la reparación del daño.
A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas y líderes de organizaciones civiles acusaron que aún no se ha identificado a todos los cuerpos, no se les ha dado acceso a los expedientes y que las autoridades ni siquiera han cumplido en su totalidad con la reparación del daño.
“En 2010 empezamos con esta pesadilla”, dice Glenda, quien perdió a su padre y a tres de sus hermanos en la masacre de San Fernando.
La definición que hace Glenda de la masacre encuentra eco en las palabras de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que han acompañado a las víctimas, quien acusa: “Seguimos sin que se haya cumplido con la reparación del daño y las familias siguen con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son de sus familiares”.
Hasta el momento, hay 10 cuerpos que permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense, luego de que, según Delgadillo, fue hasta tres años después de la masacre que comenzó a sistematizarse la investigación e identificación de los restos, gracias al trabajo de la Comisión Forense, conformada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Ese equipo de peritos recuperó restos que habían sido enterrados en fosas comunes en San Fernando y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas, y en el panteón de Dolores de la Ciudad de México. Antes de eso la entrega de restos era irregular, sin información para aclarar las dudas a las familias, dijo la activista.
La lucha jurídica tras la masacre
Siete años después de los hechos en San Fernando, la lucha jurídica por conocer la verdad ha implicado siete amparos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de ello ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han hecho públicos los expedientes de sus investigaciones, ni tampoco se ha investigado a profundidad la responsabilidad del estado en la masacre.
En mayo pasado, la SCJN obligó a la CNDH a reclasificar el caso de los 72 migrantes para calificarlo como “violación grave a los derechos humanos”, lo que permite abrir la información, aunque hasta el momento la CNDH no ha entregado las copias del expediente.
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