Cuernavaca, Mor., El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió la renuncia inmediata de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado, porque armó un “montaje” de la aprehensión de Javier N, pues no fue detenido el jueves, sino que ha estado en la cárcel desde julio de 2020 acusado de otros delitos.
Juan Carlos Flores Solís, abogado del frente, explicó que “lo que vemos es todo un montaje en la detención, porque mientras el fiscal señala que lo detiene el jueves pasado, él ya tenía más de un año preso”.
De acuerdo con el abogado defensor, el jueves pasado, un juez giró la orden de captura contra Javier N, acusado de ser uno de los tres hombres identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de participar presuntamente en el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, el 19 de febrero 2019.
La Fiscalía busca cumplimentar dos órdenes de aprehensión más contra presuntos responsables del asesinato que ya fueron identificados.
Autoridades de Morelos detuvieron a Javier “N” uno de los tres presuntos autores materiales del asesinado del defensor del medio ambiente Samir Flores Soberanes.
El hombre fue detenido en Cuautla, Morelos, informó el fiscal General de Morelos, Uriel Carmona. Agregó que la Fiscalía busca cumplimentar órdenes de aprehensión contra dos presuntos responsables del asesinato que ya fueron identificados.
El 20 de febrero de 2019, Samir Flores fue atacado alrededor de las 5:30 de la mañana afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos.
Ciudad de México | Desinformémonos. Desde diciembre de 2018 hasta el 30 de julio de 2021 se denunciaron 91 asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas, reportó la organización Educa Oaxaca.
«En días recientes, periódicos y organizaciones publicaron listas de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados durante el actual sexenio, sin embargo, las cifras se contradicen, y en muchas ocasiones no se publican ni siquiera los nombres de las personas defensoras que perdieron la vida», denunció Educa, que elaboró una lista con todos los casos de asesinato de defensores que fueron reivindicados por una organización social o de derechos humanos.
La lista suma 91 casos de defensores indígenas, ambientalistas, activistas de derechos humanos y comunicadores que fueron asesinados por su labor, entre los que se encuentran Manuel Martínez Bautista, defensor nahua del territorio asesinado en 2018 en Hidalgo; Samir Flores Soberanes, nahua asesinado el 20 de febrero de 2019 en Morelos; Isabel Cabanillas de la Torre, defensora de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinada en 2020; y Román Rubio López, líder del Colectivo Tarahumara Sinaloense asesinado el 21 de julio de 2021.
Los asistentes al foro del INPI dejaron en claro que quieren elevar a rango constitucional el derecho a decidir sobre sus tierras y recursos
Fue difícil quedarse en silencio. Muchos necesitaban hablar, gritar, llorar. Hubo que encontrar la forma, y el dolor y la rabia se transformaron en aplausos, en un minuto de aplausos por los defensores de la tierra y el territorio asesinados.
José Luis Bitimeo Valenzuela, indígena mayo yoreme de Sinaloa, fue quien desató las primeras arengas, al plantear los resolutivos de la mesa sobre tierras, territorios, recursos y biodiversidad, en la que participaron 84 personas como parte de los foros de consulta respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó estos foros por todo el país, para elaborar una iniciativa de reforma constitucional.
“Para hacer justicia social es necesario reconocer, consagrar y dotar de capacidades a quienes han sido históricamente marginados”, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la inauguración del foro nacional, donde se recogieron las propuestas de temas para integrar la iniciativa de reforma.
La mañana de este miércoles, 20 de febrero, el defensor Samir Flores Soberanes fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio, en la comunidad de Amilicingo, municipio de Temoac, Morelos, reportó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT)
“Alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió, se escucharon 4 disparos y dos de ellos ultimaron a nuestro compañero en la cabeza”, reportaron en un comunicado miembros del frente.
Samir era un indígena náhuatl fundador de una radio comunitaria y principal impulsor de la organización contra el Gasoducto Morelos y el Proyecto Integral Morelos (PIM), defensor de la autonomía de Amilicingo y de su territorio.
Este mismo miércoles el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, descartó en entrevista para Radio Fórmula que el asesinato del defensor estuviera relacionado con sus oposición a los megaproyectos, y dijo que la línea principal de investigación es una relacionada con la delincuencia organizada.
Ante los hechos, el FPDT-MPT exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y usar como principales líneas de investigación los relacionados con grupos que le habían intimidado y amenazado con anterioridad y el propio gobierno federal, por ser omiso ante las advertencias de la situación.
“Nosotros lo que exigimos es que lo atraiga la Fiscalía General de la República y se pronuncien los organismos correspondientes para que se busque de inmediato a los responsables de este asesinato y se les castigue. Ya la denuncia está de oficio por ser un asesinato, pero es de un defensor de derechos humanos”, dijo en entrevista para Cencos Juan Carlos Flores, miembro del FPDT-MPT.
Agregó que la Fiscalía debería indagar en torno a dos líneas de investigación: una, relacionada con un grupo de choque, liderado por Humberto Sandoval -líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos, quien, asegura, ha tenido respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que impulsa el PIM- y del Gobierno del Estado con el fin de dividir a las comunidades para favorecer el paso del gasoducto.
Una segunda línea sería enfocada al gobierno de la república, encabezado por Andrés Manuel López Obrador “porque esto se da en el contexto de la protesta contra el PIM y las presiones a nivel nacional que estamos teniendo para que ese proyecto se eche a funcionar”, sostuvo.
“Nosotros ya de por sí, desde el 11 de febrero, después de que López Obrador dio su discurso a cerca de la consulta y de que nos tachó de radicales de ultra izquierda y conservadores nosotros le advertimos al día siguiente cómo estaba la situación de proyectos, cómo se habían generado balazos en la Huexca a raíz de su posición como Presidente de la República de apoyar el PIM”.
Apenas este 19 de febrero, Samir Flores encaró a Hugo Erik Flores, superdelegado de López Obrador en Morelos, en el marco de un foro informativo sobre el PIM que se realizó previo al ejercicio de consulta impulsado por el gobierno federal.
Sus compañeros de lucha señalaron que ante el recrudecimiento de la violencia, analizarán solicitar medidas cautelares ante instancias internacionales para protección del FPDT-MPT, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Campamento Zapatista de Apatlaco.
