Sharon Cano y Ana Laura Flores/Animal Político
La discriminación y el racismo han llevado a que no se reconozca a las mujeres indígenas como sujetas de derechos. Por ello no se considera prioritario darles atención en salud, situación que profundiza las brechas de desigualdad.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones el interés de dar un trato preferencial a las y los indígenas del país. En este sentido, en los 100 compromisos que guían sus acciones encabeza la lista “dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales1”; este compromiso, dada la entrega de transferencias monetarias directas, tiene estatus de cumplido, pero, ¿qué pasa con las políticas públicas, los programas y las acciones gubernamentales que en términos reales, y de largo plazo, favorecen el acceso y ejercicio de derechos para estas poblaciones?
En México, las personas indígenas enfrentan serios retos, particularmente las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017) más del 40% de las mujeres indígenas consideran que sus derechos se respetan poco; el 24.5% señala haber experimentado situaciones de discriminación y al 15.2% se le han negado servicios de atención médica o medicamentos2. Resulta preocupante que continúen sin tener pleno acceso a sus derechos humanos, como la salud sexual y reproductiva.
