Periodistas de Veracruz recordaron al fotógrafo Rubén Espinosa Becerril y a la activista Nadia Vera Pérez, a tres años de su homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto con Mile Virgina Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete.
Norma Trujillo Báez, del Colectivo Voz Alterna, señaló que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha explorado el papel que tuvo Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración priísta de Javier Duarte de Ochoa, en el múltiple asesinato.
En la plaza Lerdo de la capital del estado, donde pusieron veladoras y fotografías de otros 20 periodistas asesinados en Veracruz en los pasados 14 años, Trujillo Báez clamó justicia para Rubén Espinosa y el cese de las agresiones contra los activistas.
Hallan inconsistencias en reconstrucción de hechos en Caso Narvarte. Defensores acusan al gobierno capitalino de incumplir recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre ellas, el diseño de un plan de investigación.
Familiares y abogados del Caso Narvarte denunciaron en conferencia de prensa en Cencos, una reconstrucción de los hechos irregular por parte de la Procuraduría de Justicia capitalina. / Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Víctimas y defensores del Caso Narvarte acusaron inconsistencias en la reconstrucción de hechos realizada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en torno al caso, y por la que ya se ha procesado a tres personas, entre ellas, una sentenciada.
El 31 de julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril fueron ejecutados en un departamento del condominio 1909 de Luz Saviñón, en la Colonia Narvarte.
La falta de una construcción transparente de los hechos, así como la negativa sistemática de la PGJCDMX de agregar nuevas líneas de investigación a petición de las familiares y abogados no ha permitido esclarecer lo sucedido hace tres años, expusieron.
Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expuso su sospecha de la manipulación de los hechos por parte de la autoridad, pues la narrativa utilizada por la PGJCDMX, basada en el testimonio de tres personas: “Esbeidy N.”, “Antonio C.” y el ex policía Abraham Torres, no coincide con los videos revisados y pruebas en materia criminalística.
“De acuerdo con la versión que construyó la Procuraduría (…) hay tres testimonios que van reconstruyendo las primeras horas una vez encontrados los cuerpos de las cinco víctimas (pero) de acuerdo con los videos y lo que consta en la averiguación previa, no corresponde la secuencia, ni los horarios que describieron estas tres personas con lo ocurrió ese día. Las horas, esta crónica de que Rubén había salido horas antes y luego había regresado al departamento… eso no se ve en los videos”, dijo Salas.
“Aquí nos surge un primer cuestionamiento: ¿de dónde se construyó esa historia?, ¿por qué la Procuraduría manipuló de esa forma a las personas que testificaron y con base en qué elementos decidió que narraran de esa forma los hechos?”.
Detalló además que en una ampliación del dictamen criminalístico se halló una huella en el departamento en que se perpetró el multihomicidio que no correspondería a ninguno de los hasta ahora procesados, lo que podría suponer la participación de una cuarta persona en la comisión de los crímenes.
Pese a estas inconsistencias, la Procuraduría se ha negado a incluir tres nuevas líneas de investigación en el expediente a petición de los abogados, mismas que podrían determinar si existió contaminación de la escena del crimen, el móvil y los autores intelectuales. Además, ha incumplido la recomendación 4/2017 de la CDHDF, que incluye 17 puntos, entre los que se encuentran la creación de un plan de investigación, investigación a servidores públicos, un acto de disculpa pública y un plan integral de reparación.
“Tenemos un temor fundado de que la mala actuación de la Procuraduría conduzca a la impunidad. Hoy en día, a tres años de ocurrido este crimen, no tenemos una versión clara de qué es lo que ocurrió ese día en el condominio 1909 de la calle Luz Saviñón, no sabemos exactamente el número de perpetradores, no sabemos qué fueron a buscar a ese lugar, no sabemos por qué razón se cometió este crímen, no sabemos si hay autores intelectuales y no tenemos más que una persona sancionada por esos hechos”, dijo Héctor Pérez, miembro de la Clínica de interés público contra la trata de personas del ITAM.
Los ponentes denunciaron la falta de voluntad de la instancia para esclarecer el caso, además de negarse a aceptar que existieron violaciones a derechos humanos y ofrecer una reparación a los afectados.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19; David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social; Indira Alfaro, madre Yesenia Quiroz, y Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, sostuvieron que insistirán en continuar la investigación pese a la negativa de autoridades capitalinas.
“Seguimos litigando y seguiremos haciéndolo para que se analicen todas las llamadas que fueron recibidas por los agresores y, seguramente arrojarán elementos que claramente están contradiciendo esta historia que hoy sí podemos afirmar, construyó la Procuraduría de la Ciudad de México y sin determinar hasta el momento con qué objetivo o finalidad”, dijo Karla Micheel Salas.
Finalmente, realizaron un llamado a Claudia Sheinbaum, próxima Jefa de Gobierno, para atender el caso durante su administración.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 25 de mayo de 2017.
“Gobierno fascista, que matas periodistas”, “Javier no murió, el narcogobierno lo mató; Javier no murió, el narcogobierno lo mató”, eran las consignas que se escuchaban frente a la Secretaría de Gobernación al atardecer del día siguiente tras la trágica noticia.
El pasado 15 de mayo, 12 balazos acabaron con la vida de Javier Valdez, el quinto periodista en el año al cual se le ha arrebatado la vida por ejercer su trabajo, por informar. Este hecho no es algo nuevo, pues somos parte de una sociedad que ha aceptado este tipo de actos como habituales, como parte de la vida cotidiana. La violencia se ha vuelto parte de nuestro día a día y la corrupción una barrera para alcanzar la justicia.
Foto: Animal Político
La muerte de Javier conmocionó a México, las portadas de los periódicos encabezaban con la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes exigiendo justicia bajo hashtags como #NoAlSilencio, #NiUnoMás, #NoNosVanACallar; y es que su muerte representa un ejemplo claro de la violación que existe a la libertad de expresión, a la prensa y a todas aquellas personas que luchan por un país en donde exista la verdad.
Ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo por diversos motivos: el narcotráfico que aplica castigos por notas que los señalan, funcionarios que buscan silenciar las críticas, e incluso por fuerzas policíacas que de manera arbitraria detienen reporteros cuando hacen su trabajo.
A pesar de que muchos periodistas han recurrido al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, esto no ha ayudado, pues aun así han sufrido amenazas y agresiones.
Enrique Peña Nieto, tras lo sucedido con el periodista Javier Valdez y las muchas más agresiones y asesinatos en contra de periodistas, habló sobre acciones para garantizar la libertad de expresión. En este evento sucedió algo que para muchos era inédito: el Presidente de la República pidió un minuto de silencio por “todos aquellos periodistas y personas defensores de derechos humanos que en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber”. Al terminar de decir estas palabras e iniciar el minuto de silencio, reporteros y periodistas que cubrían el evento comenzaron a gritar, pues el silencio ya no era suficiente: “Justicia, ¡no más discursos! ¡Que se abran carpetas de investigación!”.
Este acto es una muestra del hartazgo de una sociedad fracturada, dañada por la violencia desmedida y una nula efectividad por parte del gobierno al garantizar la seguridad y la justicia. Según Artículo 19, 19.53% de las agresiones a periodistas provienen de poderes políticos; en el gobierno de Javier Duarte la suma ha sido desgarradora con 17 periodistas asesinados, incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa.
Los medios de comunicación son los encargados de informarnos sobre la realidad que vive nuestro país, la libertad de expresión y de prensa son derechos de la sociedad mexicana; sin embargo se nos han violado estos derechos por una prensa que esta controlada por un estado autoritario y dominante al cual no le conviene que estemos enterados del mal manejo que están haciendo de su poder.
Nos están censurando, nos están callando, y cuando señalo esto no me refiero sólo a la prensa, nos están callando a todos. “Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia”.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre la investigación del caso Narvarte, informó la dependencia en un comunicado.
La PGJ se comprometió a revisar los protocolos de investigación, fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial y a agotar las líneas de investigación que resulten necesarias.
El pasado 21 de junio la CDHDF acreditó múltiples omisiones en la investigación realizada por la PGJ sobre los asesinatos de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro y Rubén Espinosa.
La PGJ falló al preservar adecuadamente el lugar de los hechos y al evitar que se contaminara la escena del crimen, no dejó constancia de todos los actos realizados y elaboró de manera incompleta procesos como la preservación de indicios y recolección de datos.
A casi dos años del multihomicidio de la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que la investigación de la ejecución del fotoperiodista colaborador de Proceso, Rubén Espinosa; la activista Nadia Vera, además de otras tres mujeres, no fue “adecuada” ni “exhaustiva” y que las autoridades de procuración de justicia violaron derechos humanos fundamentales.
Durante la presentación de la Recomendación 4/2017, la presidenta del organismo, Perla Gómez, señaló a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos como responsables de la falta de actuación conforme a protocolos nacionales e internacionales en la investigación del crimen ocurrido el viernes 31 de julio del 2015.
Se trata de uno de los crímenes en la capital del país, cuya investigación ha sido severamente cuestionada -incluso a nivel internacional- y que ha marcado la gestión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
