Por Redacción/Animal Político
Los resultados de la revisión del gasto de 2016 revelan que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano triángulo recursos dando contratos a otras dependencias públicas y éstas a su vez a empresas que solo existen en el papel.
El mecanismo empleado para consumar este desvío –conocido como La Estafa Maestra – no había sido utilizado antes por esta dependencia, pero sí por la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente cuando la misma Rosario Robles estuvo al frente, entre 2013 y 2015.
Esta forma de desviar recursos consiste en entregarle contratos millonarios a dependencias públicas aprovechando una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez le dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficina ni empleados.
De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016 que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a través de ese esquema se han desviado 6,879 millones de pesos entre 2012 y 2016. De los cuales 2,130 millones se hicieron en el último año.
De ese total, 1747 millones corresponden a los recursos que Sedatu entregó a universidades públicas y televisoras estales en 2016.
El esquema de “desvío” fue documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde 11 dependencias “contrataron” a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que no se cumplieron. Las instituciones, a su vez, contrataron a 186 empresas, de las cuales 128 eran ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de recursos públicos.
En 2014 y 2015 también se emplearon sistemas de medios públicos. El diario Reforma reveló este 20 de febrero que, entre 2014 y 2015, los sistemas de medios públicos de Hidalgo –Radio y Televisión de Hidalgo—y Quintana Roo –Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCM)— se usaron para desviar 1,031 millones de pesos.
En estos casos se utilizaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ambas durante la gestión de Rosario Robles.
En 2016 el desvío continuó: en el informe de la Cuenta Pública 2016 que la ASF entregó este martes a la Cámara de Diputados se investigaron a cinco universidades públicas de Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche; y dos medios públicos de los estados de Sonora y Quintana Roo.
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En todos los casos fue la Sedatu la que entregó por adjudicación directa los recursos a las entidades públicas y estas contrataron a empresas y personas físicas para hacer los servicios, las cuales –a su vez- entregaban los recursos a otras empresas.
La ASF detectó la triangulación de pagos usando empresas fantasmas ya detectadas por el SAT, con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades que nada tienen que ver con el objeto del contrato.
Los medios públicos: 600 millones
En 2015 se utilizó el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), un año después, la triangulación de recursos usó nuevamente a esa dependencia. La televisora estatal firmó “un convenio general de colaboración y dos convenios específicos” con la Sedatu, lo que le permitió recibir 450 millones de pesos que serían destinados a temas de promoción, publicidad y producción de “piezas de comunicación”.
Pero el SQCS no tenía la capacidad humana y técnica para prestar los servicios, por lo que “subcontrató a 25 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la secretaría, integrados por 23 personas morales y dos personas físicas”, a los que entregó 420 millones.
Esa primera triangulación le dejó a la televisora quintanarroense un remanente de casi 30 millones de pesos.
Al momento de realizar la auditoria la ASF se encontró que la SQCS no tenía la documentación que comprobara que los servicios subcontratados se realizaron, pues los convenios se firmaron con el equipo que operó en la administración de Roberto Borge y con el cambio de gobierno la documentación fue sustraída por el “exdirector jurídico del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quien al momento de serle solicitada por la Directora General, entregó únicamente los contratos”.
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