Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.

Foto tomada de Animal Político

AndreaVega/ Animal Político 

En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures. 

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora. 

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

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Consulta Río Sonora: la oportunidad para un fallo histórico en pro del medio ambiente

Redacción/Proceso

Derrame de la mina Buenavista en el río Sonora. Foto: Profepa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución del juicio de amparo 365/2018 que interpuso el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) en marzo de 2016 y con el que busca reconocer el derecho de todos los pueblos a participar sobre la construcción de megaproyectos que impacten el medio ambiente.

El pasado miércoles 29, sin conocimiento de las comunidades amparadas, el máximo órgano de justicia del país pospuso la emisión del fallo del caso que atrajo en abril de 2017. La primera fecha para su resolución se había fijado para el miércoles 22 de agosto, pero se postergó una semana más y, llegado el día se aplazó una vez más.

A pesar de que no es una falta legal de la SCJN y de que el tiempo de su resolución podría ampliarse de manera indiscriminada, las comunidades implicadas y su representación legal — que lleva la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)— esperan una respuesta pronta y positiva.

Un fallo a su favor no sólo podría detener la construcción de una nueva planta de jales en el municipio de Cananea, Sonora (mismo sitio donde ocurrió el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, en 2014) sino que podría ser un parteaguas para casos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o del Tren Interurbano de Toluca, en los que existen reclamos de comunidades afectadas.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante de los pobladores agrupados en el CCRS, comenta a Apro:

“No es inusual el retraso (en la SCJN), pero tampoco es la regla, porque la mayor parte de los casos se resuelven el día de la sesión. Sin embargo, no lo vemos con malos ojos. Lo importante es que al final se llegue a un fallo que tome en cuenta lo elemental: que hay un derecho a participar en asuntos medioambientales”.

El abogado también insiste en que la resolución “puede tener un impacto mayúsculo para las causas medioambientales en todo el país”.

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Ex funcionario de Semarnat y un pariente de Larrea hicieron fortuna con la tragedia Río Sonora: ONGs

Redacción/Sin Embargo

En el ejido de Tahuichopa, a tres kilómetros de Arizpe, hay 67 viviendas y 120 habitantes. Cada casa tiene un tinaco. Cada uno es nuevo, apenas con cuatro años de edad. Son los mismos que cumple la tragedia. El Gobierno federal los ordenó como parte del plan para remediar los daños del derrame, mediante un fideicomiso pactado con el Grupo México.

Para monitorear la entrega del dinero del fideicomiso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat creó un sitio web a través del cual informó sobre los pagos a los afectados y el monitoreo del agua; pero en junio de 2015 ya no fue alimentado. Hoy, los reportes que ahí cuelgan, son una colección de fotos de los tinacos en base de herrería. Se indica como conteo final que fueron nueve mil 871.

Del Fideicomiso creado para resarcir el daño causado por el derrame de Grupo México en el Río Sonora, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, mientras 184 millones de pesos han sido destinados a la compra de tinacos, documentó la organización Poder.

Foto: Cortesía, tomada de Sin Embargo

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) y miembros del Grupo Cuenca del Río Sonora acusaron que Rodolfo Lacy Tamayo, ex subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la empresa Rotoplas, de Carlos Roja Mota Velasco, familiar de Germán Larrea, se vieron directamente beneficiados con 28 millones de pesos del Fideicomiso creado para el Río Sonora, que tenía como objetivo resarcir los daños ocasionados por el derrame de una mina de Grupo México en el afluente en 2014.

Están por cumplirse cuatro años desde que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó en el río 40 mil metros cúbicos (o 40 millones de litros) de solución de Sulfato de Cobre Acidulado (CuSo4) debido a la ruptura en uno de sus represos. Tras la tragedia, el Gobierno ordenó a Grupo México crear un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos para resarcir el daño.

El Fideicomiso ha destinado sólo mil 200 millones de pesos, una cifra menor de la pactado al inicio. “El total del gasto realizado por el Fideicomiso fue de mil 231 millones 367 mil 946  pesos, apenas más de la mitad de los 2 mil millones anunciados en un inicio”, precisó Poder.

Y además, de ese dinero, acusó Poder, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, lo que significa apenas el 10 por ciento del total que el Fideicomiso destinó a las “Afectaciones a la salud”, rubro al que se dio 71 millones de pesos; el resto, según se reportó, fue a dar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEA), la cual continúa siendo una obra negra.

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Alimentos, fauna y agua envenenados, los peligros con los que se vive tras derrame en Río Sonora

Por Redacción/Animal Político

La organización Poder peleó para tener acceso a un estudio de la UNAM e instituciones educativas de Sonora, sobre los daños que dejó el derrame en octubre de 2014. Casi tres años después, persisten las afectaciones para la población cercana al río.

Alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran elevados niveles de plomo en la sangre, son los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas, tras el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, en octubre de 2014.

La organización Poder realizó varias solicitudes de información y una batalla jurídica, para poder tener acceso al informe elaborado por los institutos de Geología y Ecología de la UNAM, así como por la Universidad y el Tecnológico de Sonora, entre 2015 y 2016.
Grupo México, empresa responsable del derrame, no había hecho públicos los detalles del informe, y tampoco las autoridades, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Animal Político llamó a Grupo México y a Semarnat. La dependencia sólo explicó que el estudio no se hizo público a petición de la empresa minera, ya que argumentó que era dueña de los derechos del reporte.

En tanto, al ser consultado, el Fideicomiso Río Sonora no detalló cuántas de las recomendaciones establecidas en el estudio fueron cumplidas, para disminuir el daño a la población cercana al Río Sonora.

Grupo México no ha respondido a las preguntas de Animal Político.

“Los resultados demuestran la existencia de daños a los ecosistemas y recursos naturales… en los ríos Bacanuchi y Sonora”, aseguró el estudio elaborado entre 2015 y 2016 por la UNAM, y la Universidad y el Tecnológico de Sonora.

El diagnóstico detectó “un riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo de 1945 mg/kg de plomo”.

Más del 70% de la población infantil de San Felipe de Jesús, agregó el estudio, “podría tener niveles de plomo en sangre superiores a 10 microgramos por decilitro, lo que representa un alto riesgo para su salud”.

Esta investigación se inició en febrero de 2015, seis meses después del derrame que afectó a siete municipios ubicados en a la ribera del río Sonora.

No hay un reporte reciente de las autoridades sobre la cantidad de adultos o menores con altos niveles de plomo en la sangre, a causa del derrame. En general, no hay un reporte público, pormenorizado y actual de las autoridades, sobre los daños en la salud de los habitantes cerca del Río, así como contaminación de flora y fauna.

Según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder, “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región”.

De acuerdo con el reporte elaborado por la UNAM y otras instituciones de Sonora, fueron detectados metales pesados en frutas, hortalizas y lácteos, a causa del derrame en 2014.

“Los metales presentes fueron arsénico, cadmio y plomo”, en cantidades que superan “los límites máximos permisibles establecidos en las normas nacionales y las referencias internacionales”, señaló el estudio.

El documento detalló que específicamente en lácteos se encontró arsénico y plomo, y cadmio en frutas y verduras, un mineral que no se encuentra en estado libre en la naturaleza, que se obtiene como subproducto de la fundición y refinamiento del zinc y el cobre, y que puede provocar cáncer.

Producto del derrame en el río, estos metales y minerales se metieron a la sangre de la fauna silvestre de la zona: coyotes, zorrillos, mapaches y zorros; en el hígado y los músculos de cinco especies de roedores y de dos tipos diferentes de aves.

También arrasaron la vegetación deteriorando los ecosistemas ribereños; el informe reportó una mortalidad en los árboles ubicados en la ribera, del 50.3%.

Para confirmar estos datos, los investigadores de la UNAM revisaron otro brazo del río que no fue afectado: ahí el porcentaje de mortalidad en la vegetación fue de apenas el 1.2%.

La mezcla de metales pesados acabó con la población de peces en el río. Sólo se encontraron peces adultos, pero no población juvenil, y se presume que se trató de una “una recolonización de adultos de otras cuencas”.

El diagnostico alertó sobre la posibilidad de que se incrementara la cantidad de metales en el ecosistema, “con riesgo potencial de ser liberados al ambiente por un nuevo derrame de solución ácida o por la descarga de aguas negras que tiene el potencial de generar un ambiente reductor”.

La presencia de fenómenos naturales como los huracanes Norbert y Odile, que afectaron la zona entre septiembre y noviembre de 2014, incrementaron los niveles de concentración de metales pesados, estableció el estudio.

Si bien el estudio se realizó entre 2015 y 2016, en la actualidad siguen apareciendo reportes sobre diferentes afectaciones o riesgos para la población.
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Promesas incumplidas y pozos envenenados: así viven los habitantes del contaminado Río Sonora

Por Redacción/Animal Político

Pese a que el gobierno estatal aseguró que ya no había contaminación en el río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en 2014,—todo proveniente de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea—, un juez determinó que en la zona al menos los pozos de agua de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles tóxicos, superiores a los permitidos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos acuíferos son utilizados para abastecer a siete municipios sonorenses —Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures—, que bordean el río que la empresa que encabeza Germán Larrea contaminó. Incluso, son utilizados para bebederos escolares sin ningún tratamiento de purificación previo, por eso, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame en la mina, demandaron a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención médica.

El 6 de agosto de 2014, el río Sonora y sus afluentes recibieron una mezcla de químicos de alto impacto en la salud, como el arsénico y el manganeso, por una negligencia empresarial, que fue calificada por autoridades federales como “el desastre ecológico más grande de México”.

“El desastre ecológico” no solo dejó daños ambientales y de salud: se tienen contabilizadas 381 personas afectadas, el 1.5 por ciento de la población de la ribera del río, y una serie de promesas incumplidas de la empresa y gobierno.

Las promesas del Gobierno de Sonora y Grupo México

“A los días del derrame nos dijeron que iba a construirse 36 plantas potabilizadoras para limpiar el agua de metales pesados, después nos dijeron que no, que serían 28, y en abril de 2017 la gobernadora (Claudia Pavlovich Arellano) anunció que sólo serán 9. Una que está en Bacanuchi, el pueblo más cercano a la mina ya está medio construida, pero ni nueve ni 36 ni nada”, dijo Mario Alberto Salcido Romo, integrante de los Comités Cuenca del Río Sonora.

“No tenemos ninguna certeza de que el agua esté limpia, al contrario, hoy tenemos una sentencia que reconoce que hay contaminación en la zona”, advirtió el líder comunitario.

En un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que fue dado a conocer a finales de junio pasado, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción.

Leer también: Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac

“A principio se habló de 19 enfermos, para 2015 ya eran 280, en 2016 nos dijeron que el número había subido a 361. El último dato que tenemos es que son 381, pero creemos que son muchos más”, detalló Francisco Ramón Mirada, integrante de los comités denunciantes.

Pero, según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región.”

Los ciudadanos no confían en la cifra oficial, que dice que solo 22 mil habitantes habitantes de la ribera del río Sonora están afectados directamente por el derrame. El CCRS estima que la cifra solo es representativa de los 250 mil pobladores de los siete municipios que bordean el río, y que “fueron afectados indirectamente”.

Los integrantes del comité también señalaron que la atención que reciben a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental se ofrece en una casa adaptada, porque la clínica que se iba a construir como parte de los compromisos que asumió Grupo México está inconclusa.

El reporte de Proyect Poder también advirtió que “contar con un espacio para la vigilancia epidemiológica en la región hasta el año 2029, era una de las medidas de reparación a las que se comprometieron tanto la empresa como las autoridades”.

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Gobierno y Grupo México eluden remediar ecocidio en Sonora: ONU

Foto: Ulises Gutiérrez

Por Redacción/La Jornada

Hermosillo, Son.- El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó a Grupo México de ser arbitrario y no respetar normas ambientales ni laborales, y al gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones.

En su informe más reciente, el grupo de trabajo determinó que la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco y las autoridades federales se acusan mutuamente para eludir la urgente remediación de los daños causados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22 mil personas.

Sulyandziga y Pesce afirmaron que solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera, pero la dependencia alegó que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.

El organismo señaló que el tanto el gobierno como las empresas violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la ejecución de proyectos de gran escala y tampoco reparar los daños causados.

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