Feminicidios en Chiapas, entre leyes con deficiencias y autoridades que no actúan

Por Redacción/Animal Político

A pesar de que el feminicidio fue tipificado como delito en Chiapas en 2011 y la Alerta de Violencia de Género declarada en 2013, los feminicidios no cesan en esa entidad y el combate a este crimen recae en el autocuidado de las mujeres, denuncian organizaciones.

“Pensábamos que no iban a llegar muchas a la movilización”, comenta una integrante de la colectiva Gritamos contra el acoso en San Cristóbal, luego que mujeres de Chiapas, Ciudad de México y diversas partes del mundo se manifestaran contra los feminicidios el pasado 31 de mayo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Representantes de la colectiva reciben a este reportero dos días después al final de la ruta de la marcha, en la colonia La Isla, donde colocaron un altar que en ese momento limpiaban y acomodaban. En ese lugar las autoridades locales encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa, con signos de tortura y agresión sexual. Para este caso, los gobiernos local y estatal no han aplicado todavía el protocolo para investigarlo como feminicidio, ni activado medidas para su plena identificación.

Desde la perspectiva de la colectiva, el asesinato de esta mujer es un ejemplo del feminicidio asociado a causas estructurales que vuelve invisibles los casos. “Esta muerte fue una muerte silenciosa… ni siquiera ha sido investigada como se debe. Si se activaran entonces los protocolos, sabríamos cómo se llama, tendríamos un nombre, por lo tanto un expediente para poder perseguir cuál fue la causa de esa muerte y (encontrar a) un culpable”, expresa la joven, quien pide resguardar su identidad por seguridad.

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Activistas exigen frenar plan de reforzamiento militar en la frontera sur

Por Redacción/Proceso

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se pronunció contra el plan del gobierno mexicano para reforzar la seguridad en la frontera sur.

Con un mayor número de elementos de la Gendarmería y otros cuerpos policiacos sólo emulan al gobierno de Estados Unidos y su proyecto de seguridad en su respectiva frontera sur, subrayó la Red, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana.

En un comunicado difundido este jueves, destacó que Chiapas es el principal estado expulsor de población migrante centroamericana en México, y que en la entidad se realiza el 45% de las detenciones de personas migrantes, lo que significa que no se les reconoce como sujetas de refugio para salvar su vida, violando el derecho internacional humanitario.

En 2017, precisó, 37 mil 819 personas migrantes fueron aprehendidas.

En ese sentido, rechazó el reforzamiento de una política migratoria mexicana subordinada a los intereses de control territorial de Estados Unidos.

La mayor presencia de elementos policiacos y militares en la frontera sur de México significa más violencia hacia la población migrante centroamericana, en un contexto de militarización que vulnera los derechos humanos. Esta acción no privilegia la atención integral, sino la criminalización a la migración forzada y de quienes defienden derechos humanos, puntualizó.

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