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Erika Díaz/Cencos

Cuando se enfrenta una situación de pandemia mundial se genera un contexto de miedo e incertidumbre, pero, ¿qué sucede cuando en un país donde hay múltiples violaciones de derechos humanos se reducen los espacios para pedir justicia?

Desde hace casi dos años vimos cómo un virus fue capaz de transformar el mundo entero, de forzarnos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida y adoptar varias acciones para frenar su propagación. Pero eso no fue lo único que cambió.

En México se establecieron diferentes medidas sanitarias, entre ellas estar en cuarentena, suspender algunas labores, incluyendo las del personal del Poder Judicial, y reducir los espacios de reunión social. Así, el COVID-19 no sólo se convirtió en una amenaza para nuestras vidas, sino que también para las demandas de justicia ante violaciones de derechos humanos. Como mencionó en un comunicado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “la pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.”¹

Una de las consecuencia de las normas y prácticas impuestas por el gobierno mexicano frente a la pandemia fue la reducción de espacios cívicos -espacios donde se garantiza la participación ciudadana, la organización de la sociedad civil y la ciudadanía para buscar un cambio social y tener la posibilidad de evaluar la eficacia de los sistemas políticos, junto con la elaboración y aplicación de políticas-. Esto significó una limitación a determinados derechos, como a la libertad de asociación, de reunión pacífica e incluso a la libertad de expresión, poniendo en peligro la participación y la democracia en el país.

Y si bien las acciones para proteger la salud pública son necesarias, también puede llegar a existir el riesgo de que sean utilizadas de manera abusiva y se conviertan en medidas represivas. El Monitor Tracking Civic Space de la organización CIVICUS, ha reportado que únicamente el 3.1% de la población mundial vive en países con un espacio cívico abierto²; por su parte, México es catalogado como un país represivo. Un ejemplo de ello es la represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en mayo de 2021 se manifestaban en la Caseta de Chiapa de Corzo para demandar mejoras educativas y fueron desalojados con uso de fuerza, dejando un saldo de 95 personas detenidas y denuncias de por lo menos 54 personas desaparecidas^3. O incluso el hecho de que en diciembre de 2021 la Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual de acuerdo con el Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) “permitirá el incremento de actos de violencia institucional en contextos de manifestaciones, demostrando nuevamente la intención de inhibir el ejercicio de libertades esenciales para una sociedad democrática por parte del Estado mexicano, tal como ha ocurrido en los años 2020 y 2021, en el que organizaciones integrantes del FLEPS documentaron actos de represión y estigmatización de las autoridades en sus distintos niveles en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos como lo han sido colectivos feministas así como personas defensoras de tierra y territorio.”⁴

A pesar de esta situación, las personas continuaron alzando la voz, demostrando una vez más el poder que tiene el derecho a la manifestación y la libertad de expresión. De las calles a plataformas digitales y redes sociales, los movimientos, marchas y protestas en México encontraron un nuevo medio para hacerse escuchar. Así, la población se adaptó a las nuevas necesidades y con ello fue capaz de seguir exigiendo justicia y respeto a sus derechos, manifestándose con el Macro Evento Digital Vivan las Mujeres para enfrentar la impunidad en los feminicidios, con la XLIII Marcha del Orgullo LGBT de la CDMX Digital para mostrar apoyo a la comunidad LGBTIQ+, y con con el Concierto Virtual 9N para recordar la represión que hubo de la protesta feminista en Cancún en 2020, entre otros.

Poco a poco, en los países se han ido reanudando las actividades y las personas han vuelto a las calles para comunicar exigencias urgentes sobre las violencias que se viven en el país, como aquellas relacionadas con recordarle al Estado su papel frente al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las más de 90 mil personas desaparecidas que hay en México, o con las agresiones que enfrentan periodistas y medios de comunicación día a día.

Sin embargo, la realidad es que en México la protesta social es estigmatizada y criminalizada por los tres niveles de gobierno, lo que ha generado que incluso en un contexto de pandemia las personas manifestantes sigan siendo objeto de abusos y castigos desproporcionados. Según lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las movilizaciones  y en especial el movimiento feminista que había cobrado fuerza e importancia en los últimos años, fueron detenidas con las medidas sanitarias y cuando se comenzaron a activar de nuevo, tuvieron una respuesta policial desproporcionada y violenta. Con represiones, detenciones arbitrarias, encapsulamientos, desapariciones e incluso penas de prisión, como es el caso de la defensora indígena Kenia Inés Hernandez, quien en octubre de 2020 fue detenida arbitrariamente sin orden judicial y el pasado mes de febrero fue sentenciada a más de 10 años de prisión a base de cargos fabricados en su contra como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos, se ha dejado en claro que en el país el uso del espacio cívico es peligroso y altamente castigado.

Así entonces, resulta necesario asegurarnos de que las respuestas ante esta o cualquier pandemia se aborden adecuadamente y de que el gobierno mantenga una transparencia en cuanto a su actuación, pero sobre todo habría que garantizar el espacio cívico abierto donde participen de manera segura personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y la sociedad en general, pues son indispensables tanto para construir y fortalecer mecanismos de diálogo y políticas encaminadas a respetar los derechos de todas las personas, como para consolidar que no exista retroceso ni restricción alguna en el ejercicio de derechos.

 

Hoy más que nunca es imprescindible que las voces de las personas sean escuchadas.

 

 

_{1 António Guterres, “Retroceso en los derechos humanos por pandemia es inaceptable: Guterres”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado América Central Oficina Regional, http://www.oacnudh.org/retroceso-en-los-derechos-humanos-por-pandemia-es-inaceptable-guterres/}

_{2 CIVICUS, “Monitor Tracking Civic Space”, CIVICUS, https://monitor.civicus.org/quickfacts/}

_{3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ”Comunicado de prensa DGC/140/2021 Dirección General de Comunicación”, CNDH, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/COM_2021_140.pdf}

_{4 FLEPS, “Organizaciones lamentan la aprobación de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza e inhibe el derecho a la protesta social”, FLEPS, https://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2021/12/FLEPS_Comunicado-vs-aprobacion-criminalizacion-A19-PC.pdf}