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Marcela Nochebuena y Alfredo Maza/Animal Político
Comisiones de búsqueda consultadas en varios estados rechazaron explicar los motivos y el método con los que están trabajando en conjunto con los servidores de la nación.
Con la “actualización” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en el país ―tarea anunciada por el presidente de México con el argumento de que la cifra de desaparecidos es menor a la reportada en el censo, y que ha encomendado a los servidores de la nación― el gobierno federal ha incumplido diversas disposiciones previstas en la ley y, según especialistas y defensores, tendría como objetivo maquillar las cifras.
El 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cifra de desaparecidos en realidad es menor a la oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda –110 mil 979 personas hasta ese día–, y anunció que, en tres meses, estaría lista una actualización gracias a un censo hecho “casa por casa” por los servidores de la nación, que dependen de la Secretaría del Bienestar.
Tres semanas después, la titular de la CNB, Karla Quintana, renunció al cargo, argumentando que “los nuevos contextos” la obligaban a interrumpir su labor.
