Ciudad de México. La mayoría de las personas que ingresan por la frontera sur de México, tienen necesidad como refugiados, indicó el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México, Mark Manly.
La agencia de la ONU para los refugiados dio a conocer los resultados de un ejercicio de monitoreo que constó de entrevistas realizadas el 21 y 25 de enero sobre las necesidades protección de las personas que se encontraban en el Puente Internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El trabajo se realizó en coordinación con el Programa Casa Refugiados (PCR).
De las 998 personas entrevistadas, únicamente 35 por ciento, era parte de la “caravana”, el resto llegó a la frontera en grupos más pequeños. En tanto, 63 por ciento indicó que entre las razones que lo llevaron a dejar su país de origen se encontraba el haber sido víctima de la violencia, o bien, por el temor por la situación de la violencia.
A su vez, 70 por ciento manifestó que de regresar a su país, enfrentaría un riesgo contra su vida, integridad o libertad y/o que estaría en riesgo por la situación de violencia.
La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados tendría el presupuesto más bajo en siete años, de acuerdo con el proyecto de egresos 2019 y que aún tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Foto: Cencos
El año 2018 registrará el número más elevado de solicitudes de refugio a México del que se tenga registro: según datos oficiales, al 3 de diciembre suman 26 mil 566 peticiones de personas extranjeras que pidieron la protección internacional del Estado mexicano; un 82% más en comparación con 2017, que ostentaba hasta ahora el récord, y hasta 202% más que en 2016.
Sin embargo, aunque el número de solicitudes de refugio se ha ido multiplicando de manera muy rápida en los últimos cuatro años -entre 2014 y 2018 se dispararon 1,143%-, el presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) no ha aumentado de manera paralela.
Al contrario, para el próximo 2019 se prevé, incluso, un recorte, a pesar de que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido en reiteradas ocasiones que impulsará un cambio en la política migratoria mexicana que privilegiará el enfoque de derechos humanos de las personas migrantes, frente a la política de detención y deportación de anteriores administraciones.
De acuerdo con el proyecto de egresos 2019 presentado el sábado pasado, y que aún tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda pidió para la COMAR un presupuesto de 20 millones 843 mil pesos, casi cinco millones menos que este 2018.
Maritza del Carmen Méndez, una salvadoreña, ha dejado de contar los días para lograr “el sueño americano”, y dice estar dispuesta a ser deportada a su país de origen, al menos hasta que “las aguas se calmen”. Salió sola desde Ahuachapán, El Salvador, y se unió a la caravana, ahora cuenta que para ella se acabó, es hora de regresar a casa.
“He perdido la cuenta de cuántos días llevo caminando, creó que salimos el 31 (de octubre) de allá y pues creó que llevamos 24 días aproximadamente. La mayoría piensa establecerse aquí y ver si pueden sacar papeles para la visa humanitaria, eso dicen, yo ya no quiero, se está poniendo muy feo, no quiero que me maten si entro por la frontera a Estados Unidos, me voy a regresar, ya luego veré”, expresa.
En los últimos días algunos de sus compatriotas iniciaron su retorno, y piensa que este regreso voluntario aumentará en conforme pase el tiempo.
Maritza, como muchos integrantes de la caravana, salió de su país por la falta de empleo, extorsiones, y las nulas oportunidades para salir adelante, pero por el momento, prefiere regresar pues quedarse en México, dice, no sería cumplir con lo que había soñado, para ella “todo se volvió pesadilla”.
Cientos de centroamericanos que siguen los pasos de una enorme caravana que se dirige a Estados Unidos cruzaron el lunes un puente fronterizo e ingresaron a México desde Guatemala, desafiando la fuerte presencia de la Policía Federal (PF) desplegada en la frontera sur.
Un helicóptero sobrevoló a baja altura mientras los migrantes vadeaban las turbias aguas del río Suchiate en grandes grupos, aparentemente intentando desalentarlos con el viento de las hélices. El programa Noti7 de Guatemala reportó que un hombre se ahogó y transmitió un video de un individuo que arrastraba un cuerpo fuera del agua, aparentemente sin vida.
Una vez del lado mexicano, los migrantes fueron rodeados y escoltados por agentes de uniforme negro en medio de sirenas.
Cientos de kilómetros adelante en el sur de México, la primera caravana de alrededor de 4,000 migrantes reanudó su marcha, aún a unos 1,600 kilómetros de EU, su objetivo.
Cada vez más migrantes ven en México un país donde pueden quedarse a rehacer su vida en vez de un sitio de paso en su viaje hacia los Estados Unidos.
Las peticiones de refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) crecen año con año y en los últimos cinco se dispararon 1,026%. Pasaron de mil 296 en 2013 a 2 mil 137 en 2014, 3 mil 424 en 2015, 8 mil 796 en 2016 y 14 mil 596 el año pasado.
Los hondureños encabezan la lista seguidos por gente de Venezuela, El Salvador, Cuba y Guatemala, aunque llegan de todas partes del mundo como Camerún, Somalia, Rusia, Irán, Bangladesh, India y un largo etcétera.
No todos los solicitantes concluyen el trámite y los que sí lo hacen no siempre reciben una respuesta favorable por parte del gobierno mexicano. De hecho, de los 30 mil 249 migrantes que tocaron las puertas de la Comar entre 2013 y 2017, solo 8 mil 689 recibieron protección: el 29%.
México no ha dado una respuesta contundente al repunte de solicitudes de refugio de migrantes, principalmente de Venezuela y Centroamérica, que el año pasado tenía un rezago de 60 por ciento, advirtió Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista con MILENIO destacó el caso de los venezolanos: mientras que en 2013 solo una persona solicitó asilo y fue aceptada, en 2017 se presentaron 4 mil 42 peticiones, de las que procedieron 907.
Señaló que, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación, México reconoció un total 280 en 2013; en 2014, 460, y en 2015, 951.
La cifra se disparó en 2016, cuando 3 mil 76 personas obtuvieron esa condición, y en 2017 las peticiones sumaron más de 14 mil 500, de las que solo mil 907 personas recibieron la protección de México.
“Más personas están solicitando el reconocimiento de la condición de refugiados; si eso es así, no tenemos una respuesta contundente, porque estamos viendo que la Comar no está al cien por ciento y trae un rezago muy importante, que es lo que nos alarma, no quisiéramos ver que ese rezago de 60 por ciento se incremente”, subrayó.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) informó que el año pasado el número de personas que indican que la República Mexicana es su destino al momento de migrar se duplicó desde 2016.
En 2017, el contingente más grande de albergues para migrantes y refugiados en México registró y documentó el paso de 28 mil 288 personas en situación de movilidad por sus diversas instalaciones de apoyo.
Durante ese año, el número de casos en que México se mencionó como país de destino representa 28.51 por ciento, más del doble que en 2016.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá sustentar los próximos 6 y 7 de septiembre ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (CMW, por sus siglas en inglés), su tercer informe sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas que ha adoptado para garantizar los derechos humanos de la población migrante y sus familiares en el país.
Dicho informe fue entregado al CMW el pasado 19 de mayo, pero organizaciones de la sociedad civil afirmaron en un comunicado que no observan un balance real del impacto de los marcos normativos y políticas públicas en materia migratoria, en la población migrante, sujeta de protección internacional y sus familiares.
Señalaron que, si bien se han promulgado leyes y programas, “no se han cumplido en la práctica”, lo que continúa generando una violación sistemática de derechos humanos de la población migrante y sus familiares.
Prueba de ello, son los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), según los cuales, del total de personas migrantes detenidas anualmente se deporta al 90%. Además, indicaron, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados señalan que apenas el 11% de las solicitudes de asilo se resuelven favorablemente.
“Esta política de detención sin excepción, no identifica casos que requieren protección internacional, ni garantiza el ejercicio de derechos, lo cual, potencializa el panorama desfavorable para la población migrante y refugiada”, subrayaron.
Ante la violencia perpetrada por agentes estatales y privados contra personas defensoras de los derechos de migrantes y refugiados, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) emitió este lunes 28 de agosto la Alerta de Defensa DF, cuyo objetivo es hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen el derecho de los defensores a realizar su labor.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos, aseguró que en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han documentado 919 delitos contra defensores por el trabajo que realizan. Además, informó que los principales perpetradores de dicha violencia son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), así como policías estatales, municipales y miembros de empresas de seguridad privada.
Explicó que las agresiones a personas defensoras de los derechos de los migrantes inician con amenazas e intimidaciones, y continúan con detenciones arbitrarias e intentos de ejecución, lo que representa una amenaza a la labor que realizan.
Durante la conferencia, miembros de la Estancia del Migrante González y Martínez, ubicada en Querétaro, y del albergue La 72, de Tabasco, dieron a conocer las situaciones de violencia a las que se han enfrentado.
Según informó Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA), las dos estancias están bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la Estancia de Migrantes González y Martínez, el equipo de trabajo recibe amenazas de parte de trabajadores de la Multisistemas, actual empresa de seguridad contratada por Ferrocarril Mexicano (Ferromex).
Martín Martínez Ríos, fundador y representante legal de la Estancia, dijo que las agresiones han ido más allá de amenazas, pues los agentes de seguridad han realizado disparos contra los voluntarios. También dijo que en Querétaro no hay voluntad política para solucionar este problema y que las autoridades han dado la espalda al trabajo humanitario que realizan.
Añadió que Multisistemas, sin justificación, ha puesto cámaras que apuntan al lugar que ocupan los defensores en la estación, por lo que responsabilizó a Ferromex en caso de que algo les suceda. Martínez Ríos aseguró que existe el temor de que se esté fabricando algún delito en su contra y dijo que ya antes ha sido tipificado como traficante de migrantes.
Finalmente dijo que también los militares contribuyen al hostigamiento pero que a pesar de eso “la Estancia no va a quitar el dedo del renglón en la ayuda humanitaria”.
En el caso del refugio La 72, la abogada de la organización, Diana Muñoz, aseguró que la criminalización y desacreditación que sufren por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) es cada vez más fuerte.
De acuerdo con Muñoz, parte de la desacreditación y el acoso es la existencia de demandas en contra de los padres que colaboran ahí. En 2016, dijo, La 72 denunció secuestros masivos en contra de migrantes, proporcionando datos como las placas de las patrullas que participaron en los secuestros, pero que las autoridades no respondieron a estas denuncias y que días más tarde miembros de la organización recibieron una llamada en la que les pedían negociar por la vida de los migrantes.
“El INM se ha dedicado a desacreditar nuestro trabajo… nos han compartido que en el INM dicen que en La 72 se falsifican documentos, se trafica con personas, que lucramos con ellos, cosa que nos parece grave y lo denunciamos públicamente”.
Reiteró que su preocupación no es sólo por la seguridad del equipo que trabaja en La 72, sino también por la de los migrantes.
Finalmente, las dos estancias y las organizaciones que forman parte de la Red TDT exigieron un cambio radical en la política migratoria, que aseguraron actualmente es de contención y persecución al migrante, y un alto a las agresiones contra las personas defensoras de migrantes y refugiados.
Anunció también que los días 12 y 13 de septiembre, en Querétaro, habrá una visita la Estancia del Migrante González y Martínez y un foro sobre la Ley de Seguridad Interior, en el cual se expondrá la óptica de las personas defensoras de derechos humanos de Querétaro.
El periodista hondureño, Edwin Rivera Paz, quien se refugiaba en México contra las amenazas de muerte que enfrentaba en su país, fue asesinado este 9 de julio en Acayucan, Veracruz, por hombres armados que huyeron en una motocicleta, confirmó el líder del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figeroa.
A sus 28 años de edad, Edwin llegó a México tras el asesinato de su compañero también periodista, Igor Padilla, en San Pedro Sula, Honduras, el pasado enero, por supuestos integrantes de la Mara 18 en Honduras. Los últimos meses, Edwin vivió en Acayucan y había solicitado asilo político a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Martha Sánchez Soler, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, exigió a las autoridades de Veracruz que se esclarezca el asesinato.
