Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del sometimiento de México al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil pretenden visibilizar la situación de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en México, y la ausencia de una política pública para atender al sector, que comprende casi la tercera parte de la población en el país.
En conferencia de prensa previa a la revisión que se llevará a cabo en Ginebra este miércoles 7, defensores de derechos humanos advirtieron que a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos les corresponderá revisar el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia durante los últimos cinco años, prácticamente lo que corresponde al gobierno de Enrique Peña Nieto.
De igual manera, destacaron que, si bien Peña Nieto clasificó como iniciativa “preferente” la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, no ha sido posible su aplicación de manera trasversal, alegando temas presupuestarios y dejando a la niñez mexicana en estado de indefensión.
Tras resaltar que al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador le corresponderá dar respuesta al EPU en febrero de 2019, Rafael Castelán, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), urgió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “aceptar las recomendaciones, considerando que no va a haber cuarta transformación si no se prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes”.
Castelán destacó que como “la tercera parte de la población en México, son las niñas, niños y adolescentes quienes viven con mayor intensidad la inseguridad, la impunidad y la violencia”.
