Tecnologías de vigilancia y tácticas de desinformación son usadas contra migrantes

Imagen: (CC BY) Gibrán Aquino

 

R3D/Desinformémonos

Aviones no tripulados, escáneres forenses y sistemas de identificación biométrica son algunas de las tecnologías de monitoreo y vigilancia que están siendo desplegadas en contra las personas migrantes que transitan por México, señaló Santiago Narváez, investigador de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante la presentación del nuevo informe de la organización y el Laboratorio de Investigación Social Justicia en Movimiento.

El informe, titulado “Uso de las tecnologías digitales en los contextos migratorios: Necesidades, oportunidades y riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes, defensoras y periodistas”, fue presentado el jueves 27 de abril por Narváez, junto con la investigadora y activista de LIS, Margarita Núñez Chaim, y la periodista Lorena Ríos.

Equipos para contextos bélicos son usados contra poblaciones migrantes

Durante su intervención, Santiago Narváez destacó que diversos sistemas y equipos que fueron desarrollados para contextos bélicos o de persecución de delitos están siendo usados para desarticular la coordinación entre personas migrantes, para hacer más difícil su camino, hostigar y extorsionarles, así como a periodistas y activistas que trabajan en el tema. Esto ha resultado en un aumento de la inseguridad que enfrenta la población migrante, así como en múltiples violaciones a sus derechos humanos.

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Periodistas del semanario Río Doce fueron atacados con Pegasus días después del asesinato de Javier Valdez

Redacción/Artículo 19

  • La nueva investigación confirma al menos seis intentos de espionaje con el malware Pegasus en contra de los periodistas Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, del semanario Río Doce.
  • Los ataques ocurrieron entre el 17 y el 26 de mayo, días después del asesinato del periodista Javier Valdez, también integrante de Río Doce.
  • Cuando se realizaron los ataques, la PGR –única operaria reconocida de Pegasus en México– se encontraba en Sinaloa indagando el homicidio de Valdez.
  • Suman ya 28 objetivos de Pegasus documentados, lo cual reafirma la necesidad de una investigación independiente y una reforma integral sobre la adquisición y uso de sistemas de vigilancia por parte del gobierno.
Imagen: Artículo 19

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. Una nueva investigación, publicada el día de hoy por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, revela una serie de ataques con el malware Pegasus en contra de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, periodistas del semanario Río Doce, que iniciaron dos días después del asesinato de su colega Javier Valdez.

De acuerdo con el informe, también retomado por el diario The New York Times, los periodistas recibieron, entre los días 17 y 26 de mayo de 2017, al menos seis mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus: algunos, suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político. De haber hecho clic en los enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando al atacante acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.

Los ataques se efectuaron en los días posteriores al asesinato del periodista Javier Valdez, fundador y colaborador de Río Doce, ocurrido el 15 de mayo. En las fechas en que Bojórquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República (PGR), único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, realizando indagatorias sobre el crimen.

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Empresas telefónicas dan datos de usuarios a autoridades que no están facultadas para pedirlos, acusa ONG

Redacción/Animal Político

Al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) las empresas telefónicas entregaron la información, indicó un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Foto: Pixabay

Entre 2016 y 2017, empresas de telefonía en México dieron datos de llamadas de miles de usuarios a autoridades que no están facultades para solicitarlos, acusó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en el reporte ¿Quién no defiende tus datos?.

La organización señaló incumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad y justicia por parte de empresas de telecomunicaciones, en dicho periodo, violaciones sistemáticas al derecho a la privacidad y la protección de datos personales, y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está cumpliendo en su deber de dar información a los ciudadanos, sobre este tipo de procedimientos.

R3D recordó que, de acuerdo con una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte, solo la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales, la Policía Federal y el CISEN están facultadas para solicitar a las empresas datos de llamadas de usuarios como el número entrante y saliente, duración de las llamadas, fecha y hora, datos de los dispositivos, y ubicación geográfica.

Sin embargo, entre 2016 y 2017 al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) los datos fueron entregados por las compañías telefónicas, y solo fueron rechazadas 5,271 peticiones.

“Entre las autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia que obtuvieron acceso a datos de usuarios se encuentran los Institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del estado de México y de Colima, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal del Consumidor”, apuntó R3D.

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Senado aprueba reforma a Ley de Derecho de Autor; permite la censura en internet, acusan organizaciones

Por Redacción/Animal Político

La organización R3D acusa que la reforma aprobada fue un albazo legislativo, y que es claramente inconstitucional.

Con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, el Senado avaló este jueves una reforma al artículo 215 de la Ley Federal de Derechos Autor, que a juicio de la organización R3D es anticonstitucional y permite la censura en Internet.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó en entrevista que con la reforma al artículo 215 y la adición del artículo 213 Bis se introduce la figura de “medidas precautorias”, que pueden ordenar tribunales, tan solo cuando haya sospecha o riesgo de una violación a derechos de autor.

De ese modo, detalló, sin que se haya demostrado en un juicio la violación a los derechos de autor, entre las medidas precautorias que se pueden aplicar está el aseguramiento cautelar de equipos, como servidores, enrutadores u otros instrumentos, o la censura de un video en la web.

“Cualquier tribunal tendría la facultad de ordenar que una comunicación pública –por ejemplo, un video en Internet– sea censurada o que los servidores, enrutadores u otras instrumentos usados en su difusión sean asegurados, sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor”, explicó R3D, en un comunicado.

El artículo 213 Bis, dice textual: “Los titulares de los derechos reconocidos por esta ley, sus representantes o las Sociedades de Gestión Colectiva que los representen podrán solicitar a los Tribunales Federales y/o Tribunales de los Estados y/o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta Ley:

I. La suspensión de la representación, comunicación y/o ejecución públicas.

II. El embargo de las entradas y/o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación y/o ejecución públicas;

III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución púbicas.

IV. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de autor, se decretará el embargo de la negociación mercantil”.

De acuerdo con Luis Fernando García, además de que los cambios aprobados “constituyen claramente una medida de censura previa, violatoria del artículo séptimo de la Constitución mexicana”, el proceso legislativo de su aprobación fue irregular.

El director de R3D dijo que a los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks se les quiso hacer firmar, aceptando que el dictamen pasó por Comisión de Estudios Legislativos Segunda, siendo que nunca hubo convocatoria o sesión de comisiones.

“A pesar de eso se sube al pleno, sin haber pasado por comisiones”, dijo Luis Fernando, “es un albazo deliverado”.

Romero Hicks, de acuerdo con un reporte de @NoticiaCongreso, presentó una moción sobre procedimiento, “pues asegura que no se convocó a la Sesión a Estudios Legislativos Segunda”.