Por Redacción/La Jornada
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y de Coahuila por violaciones graves a derechos humanos que se dieron durante los días 18 a 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, de esa entidad, cuando miembros del cártel Los Zetasirrumpieron en dicho territorio, privaron de la libertad al menos a 300 personas, a quienes al parecer ejecutaron, destruyeron 40 residencias y siete ranchos.
El organismo nacional determinó que para concretar esta llamada “masacre de Allende” los criminales habían contado con el apoyo de policías del municipio, además de que hay sospecha por diversos testimonios que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían presenciado los hechos sin hacer nada al respecto, por lo que en la recomendación se pide a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar a fondo estos señalamientos.
La CNDH rememoró que fue gracias a diversas publicaciones periodísticas, difundidas entre enero, febrero y mayo de 2014, cuando este evento trascendió a escala nacional. Además que a partir de 2016, también gracias a los medios de comunicación, se dio cuenta del control que Los Zetas tuvieron del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre 2009 y 2012, también en Coahuila.
Diversos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex miembros de Los Zetas, han dado cuenta ante tribunales de aquel país de lo sucedido en Allende en aquel marzo de 2011. Hablan de una supuesta venganza de los entonces líderes del cárte, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, El Z40 y El Z42, quienes habrían sido delatados por miembros de la banda cuyas familias vivíano esta ciudad.
La CNDH encontró que en informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales estadunidenses, formuladas por testigos protegidos del gobierno de ese país, en contra de servidores públicos federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros de Los Zetas, “situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”, determinó el organismo.
Las 300 personas privadas de la libertad y muchos de ellos desaparecidos desde entonces, fueron llevados según los reportes, al rancho Los Garza, donde de acuerdo a testimonios habrían llegado soldados del Ejército mexicano.
“De las constancias que la CNDH se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército mexicano se constituyeron en el rancho Los Garza. En consecuencia, este organismo nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
