Por Marcela Méndez
La mañana del lunes 31 de julio miembros de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social denunciaron públicamente que Rebeca Ku Méndez, trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, fue agredida por funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) luego de negarse a reconocer una falta que no cometió y a aceptar una sanción que no le correspondía.
Ku Méndez dijo que la represión en su contra lleva más de 18 años, pero que en esta ocasión fue más allá de una sanción laboral. En conferencia de prensa, Rebeca narró que el 10 de junio de este año fue citada para comparecer ante funcionarios sindicales, acusada falsamente de haber atacado a una persona.
Al iniciar la comparecencia, fue encerrada con llave y presionada para firmar un acta prefabricada en la que aceptaba su responsabilidad por los hechos que le imputaban; al negarse y tomar los documentos para salir de la oficina, las cuatro personas con las que se encontraba –dos hombres y dos mujeres– la agredieron físicamente; los dos hombres la agredieron sexualmente con el objetivo de que dejara los documentos.
Con la ayuda de un médico que la esperaba afuera de la oficina, Rebeca pudo escapar e interponer ante el Ministerio Público una demanda por abuso sexual y otra por privación ilegal de la libertad. La agresión, de acuerdo con la Coordinadora, se dio como consecuencia de su asistencia a una plática para jubilados sobre la recuperación de las AFORE.
“Quiero declarar todo y que sea público, a nivel nacional, porque hay muchos compañeros que viven esto y la mayoría se somete porque ellos (los funcionarios) tienen el poder: tienen cómo amenazarnos, tienen el poder de quintarnos nuestro trabajo… que mi voz sea la de los compañeros reprimidos y sancionados”, dijo.
Según Ricardo Magallón, también integrante de la Coordinadora, la experiencia que vivió su compañera es una constante para los trabajadores de la salud y se ha convertido en un mecanismo de control, en el que de forma irregular el sindicato impone sanciones laborales a los trabajadores disidentes, sin comprobar la legalidad de las mismas. En muchas ocasiones, aseguró, las sanciones tienen el objetivo de evitar que los trabajadores participen en procesos electorales del sindicato.
Efraín Ortiz, jubilado del IMSS, denunció que en Oaxaca la enfermera Patricia Méndez Jiménez y el doctor Arturo Villalobos Ordoñez se encuentran prácticamente encarcelados como consecuencia de su actividad política.
Los miembros de la Coordinadora aseguraron que estos hechos, inconstitucionales, son cometidos por dirigentes nacionales y seccionales del SNTSS con la participación de funcionarios del IMSS en todos los niveles, incluso del director general del instituto, Mikel Arriola, y los delegados en los estados.
También denunciaron la precariedad del sistema de Salud en México, y aseguraron que en el contexto de lo que sucede se encuentra “la destrucción del régimen de jubilaciones y pensiones”, para lo cual se busca intimidar a los trabajadores que se opongan.
Finalmente, los integrantes de la Coordinadora hicieron un llamado a los trabajadores de la salud en México a unirse contra las agresiones y la represión, a la cual calificaron como una “política nacional”, y en defensa de la salud y la seguridad social.
