La Secretaría de Marina (Semar) deberá informar respecto a la participación de buzos en las tareas de búsqueda realizadas en el Río San Juan, para localizar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, Guerrero, tras una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La resolución establece que la Semar deberá proporcionar cualquier información que haya sido documentada por los buzos, tal como reportes o tarjetas informativas, informó el INAI mediante un comunicado.
“La entrega de la información no sólo abonará a la rendición de cuentas, sino que además se trata de información que contribuirá a develar la actuación de las autoridades involucradas en la investigación de este caso, que, hasta el momento, no ha sido esclarecido de forma satisfactoria para la sociedad mexicana”, expuso Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI.
La medida fue determinada después de que un particular solicitara información sobre las acciones de los buzos de la Semar en relación con las tareas de búsqueda de los normalistas. En primera instancia, la Marina entregó un reporte y decretó la inexistencia de la información requerida.
“No puedo, compañeros”, dijo Mario González, padre de un normalista de Ayotzinapa desaparecido, ante miles de personas que le oían en el Zócalo capitalino. Soltó el micrófono y caminó sobre el templete directo hacia Vidulfo Rosales, abogado defensor del caso Iguala, a abrazarle, mientras lloraba quedo.
Era el cuarto ponente en el mitin realizado a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Antes de no poder contener las lágrimas, Mario exponía su deseo irrealizable de volver en el tiempo para defender a su hijo aquella noche de 2014 de la violencia de las fuerzas de seguridad y elementos del Ejército que se lo arrebataron. Lo desaparecieron.
“Cómo me hubiera gustado estar en esos momentos yo y los padres de familia, para que nos pudiéramos defender como pudiéramos… pero no un ataque a esos niños indefensos”, dijo.
Y, ciertamente, no pudo más. A sus lágrimas les siguió el silencio, y este fue roto por el grito de los asistentes: “¡Duro! ¡No estás solo! ¡No estás solo!”.
Este 26 de septiembre, unas 15 mil 500 personas salieron a las calles de la Ciudad de México para marchar del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución y unirse al reclamo de los padres en la exigencia del esclarecimiento del Caso Iguala, la creación de un órgano de investigación confiable e independiente y la presentación con vida de los normalistas. A reclamar a la administración peñista su mala herencia: la impunidad.
Mario González (izquierda) acude a Vidulfo Rosales (derecha) tras romper en llanto durante mitin conmemorativo del Caso Iguala Foto: Paola Ramos / Cencos
Esta ocasión, a diferencia de manifestaciones anteriores, los padres marcharon con una esperanza renovada, pues por la mañana se sostuvieron una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y acordaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia, la firma de un decreto para la no obstaculización de la investigación y la participación de órganos internacionales en las indagatorias.
Marcharon en compañía de miles provenientes de diversos estados, de casas de estudios, de organizaciones civiles, de normalistas rurales, de miembros de movimientos sociales.
La lluvia, que no se hizo esperar, no espantó a nadie y con protección o sin ella los manifestantes gritaron las consignas acostumbradas, con la acostumbrada fuerza. Había jóvenes, niños y personas mayores. Casi al centro del contingente, un performance artístico vestía de colores la marcha y la animaba con música combativa. Esta vez no hubo presencia de fuerzas públicas que custodiaran el acto político.
Leyendas como “Ayotzinapa Vive” , “43” y “vivos los queremos” lucían en carteles, en mantas, en pegatinas y en la piel, pintadas con tinta roja.
Y la esperanza y la rabia se sentían, no importaba que hubiesen pasado cuatro años.
“Para nosotros el día de hoy se abre una esperanza para llegar a la verdad. Hemos tenido una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (…) él tiene que asumir las cosas que está dejando este actual gobierno. Este actual gobierno debe ser enjuiciado y castigado Enrique Peña Nieto”, dijo Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete.
Llevaba fuera del pecho un rosario y, dentro, fe. Pese a que durante cuatro años se le ha dicho a él y al resto de los padres que sus hijos fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula a manos del grupo criminal “Guerreros Unidos”, Emiliano continúa con la esperanza de encontrar a su muchacho con vida.
Lo mismo Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez que, en su turno, sostuvo en micrófono y con coraje, gritaba:
“Es una rabia, señores, es un coraje que no se puede contener, que no puede parar, solamente de pensar cómo se ensañaron con nuestros hijos (…) cuatro años sufriendo… pero, desde aquí les digo a todos y cada uno de los presentes: nos llenan de esperanza de que vamos a volver a abrazar a nuestros hijos”, sostuvo.
La energía de Epifanio era tal que la mano con la que sostenía el micrófono temblaba. Mientras tanto, una imagen de Jorge, alegre, sonriendo, lucía justo en el centro de su pecho.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
Tras reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se dijeron esperanzados en que la futura administración realice diligencias fidedignas que conduzcan a la verdad en el caso.
En conferencia conjunta, María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó la voluntad política de Obrador en atender el caso e incluso parafraseó el eslogan de campaña del presidente electo.
“Nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron (…) lo cual el gobierno actual no lo hizo”, dijo Guerrero.
“Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso de cumplir, muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia como lo ha dicho nuestro presidente”.
Durante la reunión, con una duración de poco más de dos horas, el equipo de López Obrador planteó tres compromisos con respecto al caso: que con sentencia o sin sentencia judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia será instituida; que esta Comisión estará coordinada por instancias como la ONU, la CNDH y el GIEI y que el gobierno entrante firmará un decreto para que la investigación no sea obstaculizada.
Obrador, en tanto, expresó su compromiso con el Caso Iguala y extendió un reconocimiento y promesa de solución a las víctimas.
“Mi reconocimiento fraterno, solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia. Por su entrega a esta noble causa”, sostuvo.
“Reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallarles y de no fallarle al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.
En la reunión de este miércoles participaron además Olga Sánchez Cordero, virtual Secretaria de Gobernación en la administración entrante; Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entrante y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
A cuatro años del crimen de Iguala, la ONU-DH subraya que el caso es un símbolo de las desapariciones en México que aguarda ser resuelto
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.- Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subraya que el caso no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.
La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture. Además, la ONU-DH recuerda como en su informe “Doble Injusticia” documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones. A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave -al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad- es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial,” destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH. Preocupa que la respuesta del Gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial. “Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, señaló Jan Jarab.
Para la ONU-DH la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente. “Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, sostuvo Jan Jarab.
La ONU-DH saluda las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad. “El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto.”
Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de seguir caminando con las familias de los estudiantes desaparecidos y de las otras víctimas y de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso.
Este 26 de agosto, cientos marcharon para reclamar la aparición con vida de normalistas de Ayotzinapa a 47 meses de su desaparición. Foto: Paola Ramos / Cencos
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, perfiló la ruta para investigar los delitos de desaparición de personas en el país. Detalló que la comisión de investigación y de la verdad formará parte de la fiscalía general, para darle toda la fuerza legal que le permita investigar y fincar responsabilidades desde el comienzo del sexenio, en principio para Ayotzinapa y después “caso por caso”, pues no solo se han encontrado fosas comunes, sino de exterminio.
Informó que además de que se reabrirá el caso Ayotzinapa “para dar con la verdad real, no la histórica que inventaron”, se iniciarán procesos penales contra quienes sembraron pruebas y torturaron, sin descartarse el caso de Tomás Zerón.
Confirmó que se pedirá el regreso del GIEI, que si bien no puede interrogar a los militares, sí tendrá acceso a sus declaraciones ministeriales, pues “ellos no tienen facultades de interrogar a nadie, pero sí pueden hacer seguimiento de todo el proceso de investigación y conocer todo el expediente”
—¿Abrir cuarteles nuevamente?
—Si se considera necesario, no creo que deba haber limitación. Debe revisarse con detenimiento, no veo por qué no; se hace una demanda desde un principio.
Dijo que inicialmente esa comisión de investigación y de la verdad será para indagar lo que pasó en Ayotzinapa, pero después verá caso por caso, porque en estos días los familiares de víctimas han revelado la existencia de más fosas clandestinas y hasta de exterminio, como la del penal de Piedras Negras, Coahuila, y hay la idea de que la cifra negra de 38 mil desparecidos puede ser mayor.
Agregó que aunque hay 80 controversias promovidas por el gobierno federal y distintas dependencias, la resolución de un tribunal de Tamaulipas que ordena la creación de la comisión es firme, inatacable y debe atenderse, junto con el reclamo de los padres para invitar otra vez al GIEI y tener presencia de distintas agencias de la ONU.
La CEAV les había ofrecido una indeminización de 3 mil 500 dólares a cada uno de los 4 afectados pero los ministros consideraron que esa cantidad es insuficiente para reparar adecuada y proporcionalmente el daño.
Foto: Archivo Aristegui Noticias
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reparar de forma integral el daño causado a integrantes del equipo de futbol “Avispones” de Chilpancingo, durante los hechos violentos que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Los ministros concedieron dos amparos basados en proyectos de Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán; esos amparos fueron promovidos por los familiares de los cuatro jugadores y por un integrante del equipo técnico contra la resolución de la CEAV que les ofreció una indeminización de 3 mil 500 dólares.
Esa compensación parcial estaba fundada en casos similares, pero no se apoyó en los dictámenes médicos ni en los gastos erogados por la atención médica de los afectados el 26 y 27 de septiembre de 2014, por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Los ministros consideraron que esa cantidad es insuficiente para reparar adecuada y proporcionalmente el daño a los jugadores y el equipo técnico.
Los ministros determinaron que la CEAV deberá cuantificar nuevamente el daño moral y físico causado a las víctimas (Mario Antonio “N”, Félix “N”, Omar “N” y Felipe Eduardo “N”) para compensar el daño a su proyecto de vida y los gastos derivados de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación y asegurar una reparación integral.
