Aunque en los últimos años los casos de desaparición de mujeres se han incrementado más de 2,000%; el gobierno no ha activado la alerta de género y hay deficiencias en las indagatorias que hace la Fiscalía, denuncian activistas.
Mara Fernanda, Claudia Carolina, Liliana, Giselle Joselyn, María Teresa y Paulina, todas desaparecieron en alguna zona de Puebla. Algunas de ellas fueron asesinadas, de otras no hay rastro.
En algunos casos las autoridades dicen que se fueron con “la pareja sentimental” y omiten investigar los indicios de trata de personas señalados por familiares.
Estos no son casos aislados, en lo que va de 2017 cada 19 horas se denuncia la desaparición de una mujer en el estado. Durante 2016 fueron, en promedio, un caso cada 31 horas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Y la cifra va en aumento. Entre 2012 y 2016, durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, las denuncias registradas por el RNPED crecieron 2,230%, al pasar de 12 a 280 casos. A nivel país el aumento en ese periodo fue del 51%, pasando de 3,271 a 4,951 casos.
En febrero de 2017, Moreno Valle entregó el cargo al que fuera su secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad.
Cambió el gobierno, pero no la situación de inseguridad para las mujeres. En los primeros siete meses de 2017, el RNPED ya registra 260 casos de mujeres desaparecidas.
En total, de enero de 2012 a julio de 2017, Puebla acumula un total de 781 denuncias de mujeres desaparecidas y cuyos casos se encuentran activos, pues siguen sin ser localizadas.
En las desapariciones hay una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pues no han logrado contener el incremento en la violencia contra las mujeres en esa entidad: desapariciones, feminicidios, violencia sexual, señala Ana Jetzi Flores, quien encabeza el Observatorio de Violencia Social (OVS) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
“Desaparecidas y feminicidios no son otra cosa más que la falta de una respuesta oportuna de las tres niveles de gobierno. Nos dice de todo aquello que no se ha hecho en la prevención de la violencia”, añade.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de organizaciones no gubernamentales le dan la razón a la académica.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos contabilizó en Puebla 60 feminicidios en 2014; 50 en 2015; 82 en 2016 y 86 hasta el pasado 3 de octubre de este año.
La edición más reciente de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que en la entidad la violencia que viven las mujeres casadas en sus relaciones de pareja lejos de contenerse sigue al alza: en 2011 el 48.5% afirmó haber tenido incidentes de violencia, para 2016 la cifra creció a 49.8%.
Las denuncias por violación también van en aumento. Según cifras del SNSP, en 2014, se reportaron 340 denuncias; en 2015 la cifra fue de 548, más de una por día. El 2016 cerró con 649 y hasta agosto de este año se tienen 469, si la tendencia no cambia Puebla terminará el año con más de 700 casos.
Simitrio conoció la cárcel en 1978. La estancia en aquella ocasión fue breve, pero ya anunciaba lo que Rubén Sarabia, nombre real del líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) en Puebla, tendría que enfrentar en una vida al frente de la organización.
En julio de 1989 sería apresado por segunda ocasión. En aquel entonces, Rubén Sarabia se había convertido en una figura molesta para el gobierno de Mariano Piña Olaya, acusado por la organización de no cumplir acuerdos y desalojar vendedores ambulantes del centro histórico de la capital del estado.
Cuando las manifestaciones de vendedores iban en aumento, Simitrio fue acusado de asociación delictuosa, daños en a propiedad ajena, robo y posesión de armas y estupefacientes. En sus primeros años en prisión, la 28 de Octubre pasó de tener más de 10 mil miembros, a apenas superar los 3 mil. El golpe del gobierno había sido efectivo.
En 2001 Simitrio obtuvo su libertad pero fue aprehendido nuevamente en diciembre de 2014, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien a principios de ese año exigió a Simitrio subordinación, con el objetivo de controlar a la organización. El dirigente se negó y fue entonces que se recrudeció la persecución política contra él, su familia y la UPVA.
Hoy en día, debido a problemas de salud, Sarabia cumple su condena en prisión domiciliaria, pero lejos de tener algo de tranquilidad, sigue soportando ver a miembros de su familia y organización ser amenazados, agredidos, torturados, encadenados y asesinados.
El último golpe ha sido el más duro.
La mañana del 29 de junio su hija mayor, Meztli Sarabia, fue asesinada en el corazón de la organización: el Mercado Hidalgo. Dos tiros le quitaron la vida.
“El comando sometió con sus armas a todos, los tiró al piso y, tras preguntar a Meztli si ella era mi hija, le dio un balazo en el abdomen y el tiro de gracia en la cabeza”, narraba, horas más tarde el mismo Simitrio.
Simitrio Sarabia | Foto: Agencia Enfoque
Su muerte no es sólo un nuevo escalón –el más cruel, el más cobarde– en la persecución contra la familia de Simitrio y los miembros de la 28 de Octubre. Es también el anuncio de que esto no para aquí. Junto al cuerpo de Meztli, los asesinos dejaron un mensaje escrito en una cartulina: el que sigue es Simitrio, y la misma suerte les espera a quienes lo apoyan.
Cobarde. Artero. Así describió Tonatiuh Sarabia el asesinato de su hermana. En entrevista para Cencos, también habló de la indefensión en la que se encuentra su familia y la inacción de las autoridades. En abril de 2016 unos hombres levantaron a Meztli y a un compañero cuando ella se dirigía a su casa. Dijeron ser policías ministeriales. “A ella la pusieron boca abajo y la amenazaron con una pistola; les dijeron que ya habían valido madre, que la familia de Simitrio ya había valido madre, y que la 28 también”, narró Tonatiuh.
A raíz de este hecho Meztli levantó una denuncia, pero al día de hoy ninguno de sus familiares tiene información sobre el curso de la investigación. También puso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), sin embargo, el presidente de este organismo, Adolfo López Badillo, declaró que Meztli no aportó pruebas suficientes para corroborar que había sido agredida por autoridades.
Además, en 2014 Meztli solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que su casa fuera cateada en noviembre. Según Tonatiuh, las medidas que se ordenaron desde el estado de Puebla fueron para protegerla dentro del Cereso de Cholula, pero ella no estaba presa.
Ahora, después de la muerte de Meztli, la CDH Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal medidas cautelares para personas afines a la UPVA y para la familia de Rubén Sarabia, con el objetivo de garantizar su integridad física y psicológica.
Sin embargo, exactamente una semana después del asesinato de Meztli una nueva amenaza llegó, esta vez dirigida a la esposa de Simitrio, Rita Amador. “Dile a Rita que así como matamos a la hija de Simitrio, vamos a matar a uno de sus hijos”, se escuchó en una llamada telefónica que respondió Tonatiuh Sarabia.
Rita Amador | Foto: Alejandro Muñoz
Rita Amador es también dirigente de la UPVA de Puebla. Esta no es la primera vez que se enfrenta, como otros miembros, a los ataques de los que es objeto la 28 de Octubre. En otras ocasiones la han amenazado con agredir a sus nietos y ella misma enfrenta un proceso penal acusada de ataques a las vías de comunicación luego de encabezar, junto con María de la Luz Gálvez –esposa de Xihuel Sarabia, hijo de Simitrio– una marcha en agosto de 2015.
Contando a Rita Amador, la 28 de Octubre tiene a cuatro miembros procesados en libertad. Cinco presos políticos: Simitrio, sus dos hijos –Atl Tonatiuh Sarabia y Xihuel Sarabia–, Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas. Según Tonatiuh Sarabia, también asesor legal de la 28 de Octubre, más de 130 averiguaciones previas han sido abiertas contra miembros de la organización y las detenciones y procesos penales han estado plagados de irregularidades.
De acuerdo con el Comité para la Libertad de los Presos Políticos, en Puebla se han documentado 366 casos de personas que han sido perseguidas, encarceladas o procesadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle por haberse manifestado contra las políticas estatales. El caso más grave es el que protagonizan Simitrio y su familia.
“En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto”
Después de la muerte de Meztli Sarabia, su familia está aturdida, no sólo por su pérdida sino porque, según Tonatiuh, este tipo de crímenes no ocurrían en la capital del estado desde hace mucho tiempo: “En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto, y esto puede agravarse si se vuelve recurrente el asesinato político como mecanismo de control social”.
Por eso, la familia de Simitrio y la UPVA no piensa parar en su lucha contra la represión y el hostigamiento, que ahora se dan también por otros frentes: Tonatiuh denunció públicamente que el día en que Meztli fue asesinada hubo una campaña en Twitter y Whatsapp para criminalizarla y para infundir miedo en la sociedad respecto del actuar de los miembros de la 28 de Octubre.
Dijo también que ese día identificaron a al menos tres sujetos infiltrados entre miembros de la UPVA : dos en la escena del crimen y uno en una manifestación frente a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SSG Puebla). Los primeros dos, un hombre y una mujer, tenían credenciales de la SSG Puebla e incluso estaban entrevistando a los testigos; mientras que el tercer infiltrado tenía credenciales de la SSG Puebla y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ambas con un nombre distinto.
Con más fuerza que antes, la familia de Meztli y miembros de la organización han pedido la liberación inmediata de los presos políticos, el cese a la represión y garantías mínimas de seguridad. Esta vez se suma la exigencia de esclarecer el crimen de Meztli, de encontrar y castigar a los responsables –materiales e intelectuales– de su muerte, a pesar de la poca confianza en las autoridades.
Conferencia en Cencos asesinato de Meztli | Foto: Erik Salinas
“La muerte de mi hija, la muerte de nuestra compañera, la muerte de Meztli, no será en vano: habrá de abonar la tierra, nuestra madre tierra, que florecerá en libertad, en bienestar para todos y en el poder popular”, dijo Simitrio durante el entierro de su hija.
Tonatiuh asegura que él y su familia tienen las mismas medidas de protección que el resto de los miembros de la organización: “Desafortunadamente, quien nos está persiguiendo es una parte del Estado, el gobierno de Puebla… cuando ellos quieran ir por alguno de nosotros, donde estemos lo van a hacer”.
“No le vemos caso a escondernos, porque no debemos nada. No le vemos caso a huir, porque estamos seguros de que nuestro trabajo está contribuyendo al desarrollo de nuestro estado. Vamos a seguir en lo que estamos, defendiendo los derechos del trabajo, de la libertad de expresión, solidarizándonos con las luchas justas y democráticas”.
Tonatiuh Sarabia, hijo del dirigente social poblano Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, recibió esta tarde una llamada de amenaza a Rita Amador, esposa de su padre y una de las dirigentes morales de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”:
“Nada más dile a Rita que así como mataron a la hija de Simitrio vamos a matar a un hijo de ella”, le habría dicho una voz femenina que llamó desde el número 2224523957, cuya clave lada corresponde a la ciudad de Puebla.
Hace una semana, la mañana del jueves 29 de junio, Meztli Sarabia Reyna, hija de Simitrio, fue asesinada a tiros en las oficinas de la organización, localizadas en las instalaciones del Mercado Hidalgo, de Puebla. De acuerdo con los testimonios recogidos, había un mensaje escrito de amenaza contra Simitrio y quienes lo apoyaran.
Desde ese día, la UPVA y numerosas organizaciones sociales, así como agencias internacionales especializadas en derechos humanos, han denunciado que existen indicios de que se trata de una ejecución extrajudicial, además de enfocar el largo registro de acciones represivas contra la UPVA y señaladamente, contra Simitrio, actualmente en prisión domiciliaria.
Entre las acciones denunciadas por la UPVA, destaca la existencia de unas 26 averiguaciones previas en contra de Rita Amador, principalmente por ataque a las vías de comunicación y amenazas, relacionadas con las movilizaciones de la organización desde que en diciembre de 2014 fue encarcelado su esposo, conocido como Simitrio.
El Tribunal Electoral federal encontró un pago triangulado de publicidad con la que se promueve el ex Gobernador Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Pero él quedó exonerado porque “no estaba al tanto” de la estrategia para arropar los pagos y confundirlos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reveló la estrategia del ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para promoverse con spots y publicaciones en todo el país y evitar ser sancionado por actos anticipados de campaña. El mandatario estatal usa a una empresa para generar sus contenidos con el pretexto de que “son de interés periodístico”, y ésta a su vez contrata a otra para que los publicite en televisoras y revistas de gran circulación.
Solo para ambas campañas fueron erogados un millón 820 mil pesos para la contratación de más de 7 mil spots en televisión por cable y para insertar su propaganda en más de 700 mil ejemplares de TV Notas.
