Por Redacción/Animal Político
Los contratos se otorgaron a una empresa propiedad de un prestanombre de Borge para dar servicios a la Secretaría de Finanzas estatal pero los trabajos no se realizaron.
Durante 2016, el gobierno de Quintana Roo otorgó dos contratos por 4 millones de pesos a la empresa Consultores EMKT S.A de C.V, cuyo dueño es uno de los presuntos prestanombres del exgobernador Roberto Borge Ángulo, actualmente preso por el supuesto desvío de 900 millones de pesos del erario público. De acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la empresa no realizó los servicios para los que fue contratada.Se trata de Raymundo Cámara Sánchez, quien desde 2016 fue denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR) por la organización “Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia dirigida contra 11 presuntos prestanombres de Borge, entre éstos Raymundo Cámara, reveló –entre otros delitos- que estas personas, a través de tres diferentes empresas, recibieron recursos por 80 millones de pesos “para la construcción de caminos que no se realizaron”.
De acuerdo con el acta constitutiva de Consultores EMKT, en poder de Animal Político, los dueños de la compañía son: Raymundo Cámara Sánchez, Ingmar Alejandro Frey Ros y Osmar Pat Alejo.
El objeto social la empresa, que se conformó en Playa del Carmen un mes después de iniciar la administración de Roberto Borge, realiza “consultoría, implementación y desarrollo de todo tipo de programas de informática, hardware, software, aplicaciones para dispositivos móviles, seguridad informática, diseño gráfico impreso y digital. Gestión de campañas de marketing digitales y tradicionales, consultoría de marketing y elaboración de análisis de mercados”.
Raymundo Cámara es propietario de otras siete empresas, entre éstas dos de las señaladas por recibir 80 millones de pesos en contratos irregulares de la administración Borge, de acuerdo con información del Registro Público del Comercio de Quintana Roo.
Lo que encontró la ASF
Como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, tercera etapa, la ASF identificó la existencia del contrato número OM/DGA/DRM/DCP/07/2016, celebrado entre el Gobierno de Quintana Roo y Consultores EMKT, por un monto de 1 millón 229.6 mil pesos, con el objeto de proporcionar el servicio de actualización del sistema de facturación electrónica para la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Lo que encontró la ASF es que “dicho contrato no está formalizado, carece de las firmas de los responsables, sin embargo fue pagado en su totalidad y no se nos pudo demostrar que se entregó el servicio, por lo que se estima que el pago realizado es improcedente. El análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes”.
Además, derivado de la revisión al contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16 para brindar el “servicio de asesoría para el Fortalecimiento Operativo en el Diseño de Sistemas”, mediante el procedimiento de adjudicación directa, la ASF encontró que los informes que supuestamente justifican las tareas que realizaron Consultores EMKT, solo fueron firmados “por el proveedor y no existen cartas de entrega recepción de servicios o documentación adicional que sirvan como evidencia de la realización de las tareas descritas en los mismos”.
“Debido a que no se cumplió con la totalidad de los requisitos de contratación y no se cuenta con la evidencia de las actividades realizadas por el proveedor, se estiman pagos injustificados por 2 millones 728.3 mil pesos”, determinó la ASF.
Por los dos contratos, la ASF presume un posible daño a las finanzas públicas por 3 millones 957.9 mil pesos, por lo que además de solicitar al Órgano Interno de Control investigar a “los servidores públicos que en su gestión no administraron ni verificaron la correcta ejecución de los servicios”, pidió que implementaran los mecanismos de supervisión y control necesarios que permitan monitorear el desarrollo de las actividades realizadas por los prestadores de servicios, “a fin de garantizar que se cumpla con las obligaciones establecidas y se justifiquen los pagos efectuados”.
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