Alberto Pradilla/Animal Político
En un escrito en abril, Mujica pidió a la Fiscalía conocer si él o Pueblo Sin Fronteras estaban siendo objeto de alguna investigación.
Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, se ofreció hace dos meses a testificar ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuando tuvo la sospecha de que existía una investigación en su contra y contra Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige.
Lo hizo mediante un escrito remitido el 2 de abril a Alejandro Gertz, fiscal general de la República. Su oficina dio por recibida esta comunicación el 8 de abril. Dos meses después, el 5 de junio, Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora. Está acusado, junto al también activista Cristóbal Sánchez, arrestado en Ciudad de México, de tráfico de personas. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Tapachula, Chiapas, que es donde se inició la carpeta en su contra.
Según informó la FGR, la acusación contra Mujica y Sánchez se basa en el testimonio de migrantes hondureños que habrían asegurado que ambos les ayudaron a cruzar de Guatemala a México, y les cobraron por ello.
Este delito se incluye en el artículo 159 de la Ley de Migración y está pensado para los casos de “polleros”, los guías que cobran altas sumas de dinero a los centroamericanos para atravesar México, e incluso para alcanzar Estados Unidos.
Mújica y Sánchez son dos conocidos activistas, con muchos años de experiencia en las rutas migratorias en dirección a Estados Unidos.
