Asesinan a Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos
Boletín de prensa: pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancelación del Proyecto Integral Morelos
Conferencia de prensa: El FPDTA-MPT informará sobre el despojo y represión a pueblos por el Proyecto Integral Morelos
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla,Tlaxcala (FPDTA-MPT) detallará las condiciones de despojo y represión que durante seis años han sufrido pueblos a causa del Proyecto Integral Morelos (termoeléctrica, gasoducto y acueducto).
- Se darán a conocer los avances en la lucha contra el megaproyecto, el cual atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
- También, hablarán sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la revisión y la viabilidad de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
Participan: Integrantes del el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Convoca: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT)
La cita: Martes 29 de Enero de 2019 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Recomendación de CNDH por el Proyecto Integral Morelos a tres dependencias
Por Redacción/La Jornada
La puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos (PIM) del gobierno federal, que incluye la construcción y operación de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, vulneró los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, particularmente de las comunidades indígenas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez encontró que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades originarias, así como a la información sobre la construcción y operación del complejo.
El PIM originó inconformidad de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y no cumplir el derecho a la consulta previa a pueblos indígenas, lo que quedó consignado en diversas quejas presentadas ante la CNDH.
Tras su investigación, este organismo acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a estas comunidades, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto en Internet y la CFE no realizó sondeo alguno, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a las localidades impactadas, que tienen niveles de marginación de altos a muy altos.
Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre
Por Ixchel Cisneros
@chelawuera
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.
Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.
Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.
Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.
Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.
En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.
Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).
Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.
Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.
Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.
Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.
Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org