Prospera y el Seguro Popular, programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento. Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles beneficiarias sin recibir apoyo.
Así lo advierten las evaluaciones de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos, “dudosa”.
En el caso de Prospera, las auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes: alimentario, educativo y de salud.
En cuanto al componente alimentario la auditoría destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.
Sin embargo, dado que el programa no está diseñado para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que no existe hasta el día de hoy.
Pese a las promesas de apoyo por parte del gobierno federal -que incluso ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto-, a más de mes y medio del terremoto del 7 de septiembre, pobladores de la Sierra Norte de Oaxaca aún no reciben la ayuda que necesitan, sobre todo para la recuperación de sus viviendas, pero en contraste ya han sido víctimas de fraudes.
Uno de los puntos clave para hacer efectivo ese apoyo fue un censo, el cual ya realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad, pero no abarcó todas las zonas afectadas por el fuerte sismo que, se calcula, dañó por lo menos 63 mil 335 viviendas, tan sólo en 41 municipios del sureste, de los 570 que tiene el estado.
En el municipio de Santiago Choápam -que no fue censado por dicha dependencia- los pobladores de San Jacinto Yaveloxi fueron engañados con la entrega de supuesta ayuda del programa Prospera que, de acuerdo con su página web, “brinda atención a familias en casos de desastre o emergencia”.
Esta es la historia de un fraude:
La ayuda que nunca llegó
En San Jacinto Yaveloxi viven aproximadamente 410 indígenas zapotecas, quienes perdieron sus casas desde el 7 de septiembre y, posteriormente, se quedaron sin sus cosechas debido a las fuertes lluvias.
Fue el 21 de septiembre cuando la comunidad recibió, en el teléfono de la localidad, una llamada que parecía les cambiaría la suerte.
Era un sujeto que se identificó como Antonio Martínez García, quien dijo ser “afiliado de Prospera” y presumió tener listos cinco camiones cargados con despensas y materiales de construcción. Pero justificó que, debido a los derrumbes en los caminos, no podían llegar hasta esa localidad, sino que proponía entregar las cosas en Tlacolula -a una hora de Santiago Choápam. Y puso una condición más: además tendrían que dar $30.00 por familia, “para la gasolina”.
Alfredo Santiago Bautista, secretario del agente de policía de la comunidad, tomó nota y dijo que lo consultaría con los habitantes de Yaveloxi.
La comunidad, desesperada, aceptó la oferta.
Santiago Bautista hizo un depósito de 4 mil 410 pesos.
Con el paso de los días, comprobó que todo fue un engaño.
Por ello, el secretario de Yaveloxi presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto por fraude, con la carpeta de investigación No. 651(FEDAI)/2017.
Antonio Martínez García dejó de responder y la ayuda jamás llegó.
Gobierno municipal y SEDATU se deslindan del fraude
“Desafortunadamente hay muchas personas que lucran con la necesidad de nuestros ciudadanos que están en desgracia”, declaró en entrevista con Aristegui Noticias Elmer Cardoza Ojeda, Administrador Municipal del municipio de Santiago Choápam. En Oaxaca es común que al no haber un acuerdo electoral el gobernador del estado designe a un Administrador mientras se arregla el problema.
De acuerdo con el delegado de SEDATU en Oaxaca, Elpidio Concha, es tarea del Administrador entregar un preliminar de la situación en la que se encuentra cada municipio, con dicho conteo previo, las autoridades podrán determinar las acciones y los programas que se deben implementar en cada uno de los municipios.
Respecto a esto, el Diario Oficial de la Federación publicó la primera declaratoria de desastre natural el 14 de septiembre, de acuerdo a esa es como se está dando atención a las zonas afectadas en el estado de Oaxaca.
“Hay muchos municipios que son daños muy menores, sí hay algunas fisuras que no ameritan un programa como el que trae el FONDEN”, explicó en una consulta para Aristegui Noticias el delegado de SEDATU. Esta situación ha llevado a las autoridades a emitir dos declaratorias más el 23 de octubre, “una es sobre desastre natural ocasionado por movimiento de laderas del día 4 de octubre en 25 municipios -en la cual Santiago Choápam ya es declarada zona de desastre- y la otra es una declaratoria por lluvias e inundaciones del día 1 de octubre en Oaxaca con 47 municipios”.
