Activistas de derechos humanos de diversas agrupaciones exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que libere a la defensora feminista Kenia Hernández.
La activista fue detenida el pasado 6 de junio, y se encuentra privada de la libertad en el Penal de Chiconautla, estado de México, en espera de audiencia para determinar su situación jurídica.
En conferencia virtual Gloria Flores de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Javier Romero del Colectivo Zapata Vive, Juan Antonio López de ProDESC, señalaron que Hernandez fue “acusada falsamente de haber cometido el robo con violencia de una cartera con 500 pesos a dos personas que iban a bordo de una camioneta”.
Comunidades reclamaron a la SCJN su derecho a participar en toma de decisiones de temas medioambientales y megaproyectos. Foto: Twitter PODER
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entregaron hoy un Amicus Curiae a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora para participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de Grupo México.
El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.
Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.
La manifestación contó con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos en defensa de la tierra y el territorio. Foto: Twitter ProDESC
Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.
Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
El Amicus Curiae, como el presentado este lunes ante la SCJN, es un recurso que busca exponer opiniones y/o informaciones que podrían ser trascendentes en la resolución del juzgador.
Parque eólico Eurus, La Venta (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) | Foto: Diana Manzo/La Jornada
Por Redacción/La Jornada
Ciudad de México. La comunidad indígena de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contra una empresa francesa que pretende instalar en sus tierras un parque eólico, sin haber solicitado su autorización y sin haber realizado antes una consulta entre los habitantes.
En entrevista, Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional de la organización de derechos humanos Prodesc, explicó que a inicios de 2017, pobladores de Unión Hidalgo comenzaron a reunir evidencias sobre la instalación de un parque de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la compañía paraestatal francesa Électricité de France (EDF).
De acuerdo con el activista, la empresa comenzó a promover la firma de contratos de arrendamiento con algunas personas en particular, lo cual es ilegal, porque la posesión de las tierras del pueblo es comunal.
De igual forma, trató de engañar a los habitantes al prometerles ganancias de más de 50 mil pesos al mes por dejarles instalar aerogeneradores en sus tierras, cuando en realidad la paga sería de 250 pesos por hectárea al año.
Pese al rechazo de buena parte de los habitantes de Unión Hidalgo al proyecto eólico, y a la exigencia de que se realice una consulta previa, libre e informada –como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para los pueblos indígenas–, tanto las autoridades estatales como municipales le externaron su apoyo a la empresa.
Integrantes de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, donde ya hay 15 parques eólicos, interpusieron una demanda de amparo en 2015 porque la Comisión Reguladora de Energía violó su derecho a una consulta libre, previa e informada acorde al marco internacional. Aunque en junio de 2016 el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Salinas Cruz, Oaxaca, lo negó, este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
Ciudad de México, 10 enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del amparo contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur, para implementar una consulta libre, previa e informada en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde hay más de 20 parques eólicos.
“Los integrantes de la Primera Sala consideraron que el asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, en tanto que involucra el contenido y alcance del derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, expuso la SCJN en un comunicado. “Según lo alegado por los indígenas, [el parque eólico] podría producir importantes afectaciones y alteraciones ambientales que repercutirían de manera directa en su comunidad, e indirectamente, en la sociedad en general”.
De 2014 a 2015, se llevó a cabo una simulación de consulta con “una serie de vicios procesales y una marcada violación a los principios rectores de los derechos” que derivaron en intimidaciones y falta de claridad sobre cómo se verán afectados en sus actividades diarias como la agricultura y la pesca, evidenciaron las organizaciones ProDesc y PODER.
Diversas organizaciones pidieron a los ministros que también consideren las denuncias de otros pueblos indígenas sobre consultas no apegadas al marco internacional en el contexto de la implementación de proyectos derivados de la Reforma Energética.
Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron en un comunicado. Fundar, Serapa, Centro Prodh y otras consideraron que, a raíz de este caso no aislado, la Primera Sala de la SCJN puede entrar a definir criterios importantes y necesarios sobre los principios de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, en especial sobre el carácter de “previo”, ya que implementar un proceso de consulta cuando el proyecto a desarrollar ya está definido no es compatible con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Eólica del Sur busca imponer el parque eólico más grande de América Latina en Juchitán de Zaragoza y El Espinal, con 132 torres de 125 metros de altura cada una. El director general, Eduardo Centeno, resaltó que es el primero proyecto que se realiza con la aprobación de la comunidad tras una consulta.
Organizaciones de la sociedad civil acusaron que en México el derecho de las comunidades a ser consultadas ante la implementación de megaproyectos en sus territorios no es respetado, incluso, las autoridades trabajan en favor de las empresas y no en la protección de los pueblos, mientras sus habitantes son intimidados, criminalizados y asesinados.
En el contexto de la presentación del Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en en Ginebra, Suiza, el pasado 8 de junio de ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, representantes de comunidades emitieron su postura al respecto y criticaron el actuar de Enrique Peña Nieto en la defensa de los derechos humanos.
Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), aseguró que la administración del actual Presidente de la República Mexicana ha favorecido una política que permite la apertura de nuevos proyectos, con lo que se han disparado las violaciones a los derechos de los pueblos.
“Las empresas llegan a México porque aquí no se respetan los derechos humanos y el Gobierno da todas las facilidades”, dijo Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
