Por Redacción/ Animal Político
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) reconoció que en el año 2012 recibió un informe elaborado por el Sistema Integral para la Familia (DIF), en el cual se denunciaba la presunta agresión sexual sufrida por un niño de 3 años, a manos de su progenitor. Sin embargo, decidió no dar valor a esa evaluación oficial, porque era “sólo una opinión y no un peritaje” y porque sus propios peritajes descartaban que el delito se hubiera cometido.
En 2015, la Procuraduría cerró su investigación, exculpando al progenitor de abuso sexual contra su hijo; un año después, el Tribunal Superior de Justicia le retiró a la madre la patria potestad del niño y de sus dos hermanos menores, para entregárselas al padre. Y el 7 de junio de 2017, la madre, según explicó en una carta póstuma, le quitó la vida a los niños, y se suicidó junto con uno de los abuelos, ante la perspectiva de tener que entregarlos. Sólo la abuela sobrevivió a la sobredosis de fármacos.
En entrevista con Animal Político, Alicia Rosas Rubí, titular de la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales de la PGJDF, explicó que en junio de 2011 se inició una averiguación previa por el presunto delito de abuso sexual en contra de este menor, a partir de la denuncia presentada por la misma madre.
Como parte de esta averiguación previa, se realizó un peritaje médico forense al menor y una entrevista psicológica, “y estos dictámenes no nos arrojan el daño, y no nos arrojan la agresión que la mamá refería”.
Un año después, tal como informó la fiscal, el DIF realizó la valoración psicológica en la cual sí se detectan indicios del presunto abuso sexual, incluido el testimonio espontáneo y explícito del niño, en contra del progenitor.
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