Mario Marlo/ZonaDocs
Violaciones a los derechos humanos, 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en un centro de reubicación, donde actualmente siete familias viven recluidas sin tener acceso a servicios básicos, son el resultado del desplazamiento forzado que el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realizó en la comunidad de Palmarejo; una de las tres comunidades que luchan por no quedar inundadas por la imposición de la presa El Zapotillo.
Con rostro desencajado e incrédula, Martha cuenta: “Claro que sí, se siente mucha tristeza de que el gobierno no respete ¿Por qué quiere acabar con nuestras tradiciones, nuestra identidad? Que triste será que cuando nos pregunten: ¿De dónde eres? Tengamos que contestar, de un pueblo que desapareció.”
Originaria de Palmarejo, Jalisco, Martha, es una de las muchas personas desplazadas de su territorio. Me dice que dejar a sus difuntos es lo que más le dolería, pues éstos: “se quedarían enterrados aquí bajo el agua. Nos dijeron que a 80 o 105 metros, nos íbamos a inundar; entonces, con miedo muchos aceptaron de buena voluntad vender, pero hasta ahora no les han pagado”.
