Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diversos medios de comunicación del país acordaron una estrategia conjunta para prevenir ataques contra periodistas.
En un desplegado, los medios participantes destacaron que pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino que lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia.
Agregan que esta debilidad institucional alcanza también a las fiscalías especializadas como a los mecanismos ad hoc creados por los estados y el gobierno de la República.
Denuncian que los ataques se siguen sucediendo sin que prácticamente ningún responsable haya respondido ante la ley, lo que retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad.
“El crimen organizado está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país, donde los periodistas ya no sólo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes”.
Por si fuera poco, acotan, es grave que servidores públicos de los tres niveles de gobierno estén entre los agresores.
Los medios de comunicación consideran que ante este panorama, en México se requieren con urgencia gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que estén más comprometidos con la comprensión de la misión del periodismo y la necesidad de proveerle esquemas de protección. Este compromiso, señalaron, se exige tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales, los cuales son los primeros responsables de garantizar la seguridad de los comunicadores.
“Consideramos que los medios de comunicación debemos asumir como parte de nuestra responsabilidad acciones específicas en el ámbito de nuestras atribuciones y capacidades, recogiendo la experiencia acumulada en nuestro país y también por parte de la industria y el gremio periodísticos en naciones como Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina. Nos corresponde hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas y dar un mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad, especialmente los más emblemáticos”.
Indican que los mismos planteamientos que describen obligaciones de los Estados en la protección de los informadores llaman a las empresas del sector a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen un peligro claro. Es ineludible mencionar también la urgencia de fortalecer los estándares éticos y mecanismos institucionales en el ejercicio del periodismo en amplios sectores de nuestra realidad empresarial y gremial. Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo.
Por este motivo, los medios de comunicación pactaron una estrategia conjunta que les permita incidir de manera eficaz en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación, independientemente de dónde provengan tales ataques y cuál sea su modalidad, pues el catálogo de agresiones posibles abarca afectaciones físicas, materiales, acciones legales, ataques cibernéticos, censura, presión y manipulación de la opinión pública.
“La existencia de un mapa de ruta para nuestras acciones, la coordinación efectiva de las mismas y la solidaridad como valor esencial de esta iniciativa, marcarán su evolución y resultados”.
También acordaron en lo inmediato un Grupo de Trabajo formado por directivos y medios de comunicación, para que laboren en delinear acciones de corto, mediano y largos plazos, así como “en los objetivos concretos que debamos alcanzar como industria de medios de comunicación y como gremio profesional”.
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