La organización Artículo 19 documentó de enero a junio de este año 247 agresiones contra periodistas y 7 homicidios.
Imagen: Artículo 19
La organización Artículo 19 dio a conocer que durante el primer semestre de 2019 documentó 249 agresiones contra periodistas, incluyendo 7 asesinatos de periodistas.
Si se toma en cuenta todos los meses que lleva Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la organización señala que la cifra de ataques asciende a 277, mientras que los homicidios ascienden a 11.
“El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México”, señala el informe de Artículo 19.
Los cinco estados que registraron mayor número de atentados en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México y Guerrero, con 22 cada uno; y Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. La organización expresó que desde 2013, las últimas cuatro entidades se mantienen como las más violentas.
“Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%”, agregó Artículo 19.
Del total de agresiones que se contabilizaron de enero a junio, 60% fueron en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron dirigidas a mujeres periodistas y 18% a medios de comunicación.
La frase “no pago para que me peguen” que hace 35 años dijo el expresidente José López Portillo es una realidad en la prensa mexicana de la actualidad, alertaron los relatores especiales sobre libertad de prensa de la ONU, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, tras visitar el país y reunirse con más de 250 periodistas y representantes de sociedad civil.
La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno, pero también para exigir el despido de periodistas críticos, indica el informe preliminar de los relatores sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el país.
Según los representantes de la ONU y la CIDH, si bien los ataques contra los periodistas representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en el país, continúan “prácticas intimidantes del pasado” como la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios.
“Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.
Tras visitar el país del 27 de noviembre a este 4 de diciembre, los relatores concluyeron que “las reglas de esa publicidad (la oficial) son obscuras, que llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad para dar forma y distorsionar la cobertura de medios y difuminar las líneas entre historias de noticias verificables y propaganda o incidencia política”.
Esos recursos públicos que ascienden a 34 mil millones de pesos sólo en los últimos cuatro años sirven para subsidiar a medios afines y callar a fuentes alternativas de información; por lo que recomendaron transparentar y regular la publicidad oficial y que el Congreso legisle sobre “reglas claras y públicas” con el objetivo de limitar esos gastos.
Falta de voluntad
La poca investigación de las agresiones contra periodistas es otro de los problemas en el país para garantizar la libertad de prensa, informaron los relatores, quienes lo atribuyeron a “falta de voluntad” de las autoridades.
El 99.6% de los ataques y asesinatos contra periodistas siguen sin resolverse. “No se concibe que el gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables”.
Las instituciones creadas para proteger a la prensa no han tenido impacto en combatir la impunidad. La FEADLE, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Prensa, “no tiene planes de investigación efectivos, no agota todas sus líneas de investigación, y no analiza el contexto donde los crímenes tuvieron lugar, especialmente la manera que el poder político y criminal opera a nivel local y otras realidades locales”.
