Por Redacción/Animal Político
Un colectivo de ocho organizaciones de la sociedad civil interpuso un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, como parte de una estrategia que será replicada en el resto de los estados para que hagan públicas todas las sentencias y se pueda evaluar la forma en que se hace justicia.
“Se merece la violencia porque parece un hombre”, se lee en la sentencia que un juez de Campeche emitió por violencia de género en contra de una mujer. “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, aporta un juez de Yucatán en sentencia por doble agresión sexual contra una mujer indígena con discapacidad. “Hubo exceso de legítima defensa”, asevera un juez de Ciudad de México en sentencia por violación a una mujer que durante el ataque alcanzó a herir a su agresor.
Estas resoluciones judiciales forman parte de una lista que ha logrado recabar la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en sentencias de jueces, a las que ha tenido acceso a través del trabajo colaborativo con organizaciones locales que llevan los litigios..
Las tres pueden ser ejemplo de lo que ocurre a la hora de impartir justicia a nivel nacional. O no. Esto no se sabe porque los poderes judiciales de las entidades federativas se han escudado en el argumento del “interés público” para afirmar que ninguna de las sentencias lo es y así violar el derecho de acceso a la información, explica la organización.
Por esa razón, el pasado viernes 23 de marzo, un colectivo integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar interpusieron un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, así como contra otras autoridades incluido el gobernador, el magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido.
Las OSC decidieron empezar con este estado porque forma parte de un grupo de entidades que desde hace dos años no publican una sola sentencia. Y escogieron solo dos municipios “para que (no salgan) con el argumento de que necesitan notificar al juez de Sombrerete, Zacatecas, y se tomen más tiempo. Una vez avanzado el litigio, se promoverá la demanda en contra del resto de los jueces (105 en total en la entidad)”, explica Gerardo Carrasco de MCCI.
La importancia de que estas disposiciones sean públicas quedó demostrada con el caso del llamado juez “Porky”, dice Carrasco. “Si se pudo saber de eso, es porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con la obligación de publicar sentencias, por eso se supo lo que estaba pasando en ese juzgado y el juez no tuvo de otra más que intentar mejorar su actuar, por el escrutinio de la sociedad. Lo que queremos es que en Zacatecas se haga esto y replicar la estrategia en los demás estados”.
