Persisten rezagos en la participación política de las mujeres en México: CNDH

Por Redacción/Aristegui Noticias

El organismo hizo un llamado para que en la contienda electoral de 2018 se cumpla el principio de paridad de género previsto en la Constitución.

En México, particularmente en el ámbito municipal, persisten las brechas de género en la participación político-electoral entre mujeres y hombres, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México, el organismo hizo un llamado a las instituciones del Estado mexicano y a los partidos políticos para que garanticen a las mujeres condiciones de igualdad en la contienda electoral de 2018 y cumplan con el principio de paridad previsto en la Constitución federal y en las diversas leyes de las entidades federativas.

En el marco del 64 aniversario del sufragio de las mujeres en México, el análisis presentado la directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Elsa Conde Rodríguez, destaca avances de la presencia femenina en el ámbito legislativo:

De los 128 senadores, 38.2 por ciento son mujeres;
En la Cámara de Diputados hay un 42.6 por ciento de presencia femenina;
En cinco entidades del país, el número de mujeres sobrepasa el 50 por ciento del total de las curules disponibles en la entidad. Se trata de Chiapas (60 por ciento); Campeche (54.2 por ciento); Zacatecas (53.3 por ciento); Querétaro (52 por ciento) y; Chihuahua (51.5 por ciento);
Sin embargo, en 37 por ciento de las entidades no se ha logrado que la participación de las mujeres sea del 50 por ciento%. Morelos ocupa el último lugar con un 20 por ciento.
En el Poder Ejecutivo, la CNDH identificó retos importantes:

Ninguna mujer ha llegado ha ocupar la Presidencia de la República;
Y a nivel estatal, las desventajas para las mujeres se agudizan: de 1979 a la fecha, sólo se han registrado siete mujeres gobernadoras. Actualmente solo una mujer es mandataria estatal. Se trata de Claudia Pavlovich en Sonora; y
En las presidencias municipales, no se supera el 15 por ciento de participación de mujeres como titulares.
En el ámbito judicial:

La presencia de mujeres como ministras de la Suprema Corte es inferior al 20 por ciento; y
También es menor al 20 por ciento su presencia como magistradas y juezas del Consejo de la Judicatura Federal.
En la Administración Pública Federal, la presencia de mujeres en lospuestos de dirección es inferior al 30 por ciento:

El promedio de mujeres en Secretarías de Estado, Subsecretarías y Direcciones Generales, no supera el 25 por ciento.
Sin embargo, las brechas de género en la participación político-electoral de mujeres y hombres a nivel municipal están muy marcadas.

En 2015, 86.1 por ciento de las presidencias municipales fueron ganadas por hombres, mientras que las mujeres sólo ganaron el 13.9 por ciento.

La participación de las mujeres en la política en general es fundamental. Por ello, la CNDH presentó una serie de recomendaciones:

Es indispensable fortalecer estrategias de prevención relacionadas componente cultural de la violencia y la discriminación contra las mujeres por razones de género;
Promover la obligación de los partidos políticos de cumplir con la paridad y la igualdad de oportunidades, sin que medie en ello dificultades por razones de género;
Ampliar y mejorar el marco normativo relacionado con la paridad vertical y horizontal, que atienda los procedimientos electorales a nivel municipal;
Vigilar que los criterios paritarios se cumplan en todas las entidades, tanto para ayuntamientos como para diputaciones;
Fortalecer la creación de observatorios de participación política de las mujeres. Actualmente, 25 entidades federativas ya cuentan con su respectivo observatorio;
La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres; y
La observancia de la participación equilibrada de mujeres y hombres en la política-electoral debe ser de utilidad para identificar las acciones pendientes en materia de paridad y violencia política, teniendo en cuenta que la discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres, por razones de género, en México, menoscaba la democracia del país.
En este sentido, la CNDH reiteró su compromiso con la democracia paritaria, libre de cualquier tipo de violencia.

Ver nota completa

Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía. Ejército impone su agenda con Ley de seguridad interior

Por Redacción/ DesInformémonos

En el marco de una discusión acalorada y escabrosa sobre la ley de seguridad interior que impulsa el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien cuenta con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las principales fracciones parlamentarias, en nuestro estado, que ha sido escenario de hechos cruentos cometidos por las fuerzas armadas, nos encontramos al margen del debate nacional sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de militarizar la seguridad.

Recientemente los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa acudieron a una reunión con la junta de coordinación política de la cámara de diputados para supuestamente conocer su opinión sobre las iniciativas de ley de seguridad interior. Este llamado no fue tanto para una consulta seria sobre el tema, sino más bien para cerrar filas en torno a la ley de seguridad que impulsan principalmente el PRI y el PAN. Como siempre sucede con las las cúpulas políticas, hacen amarres previos para imponer leyes que mejor convengan a sus intereses económicos y a su estrategia de control político. No les interesa lo que siente y opina la sociedad. Las propuestas que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos, la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para las elites del poder, son irrelevantes. Fácilmente las descalifican por considerarlas riesgosas para la estabilidad social o porque ponen en entredicho el actuar de las fuerzas armadas. No hay disposición para promover un debate amplio y una discusión a fondo, a partir de una evaluación de los resultados alcanzados en la última década, cuando Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas salieran a las calles a suplantar el trabajo de las policías para combatir con toda la fuerza del estado a los cárteles de la droga.

En el dilema de la discusión que ha surgido por las recientes iniciativas de una ley sobre seguridad interior se han dado posturas disímbolas que develan posiciones antagónicas protagonizadas por las fuerzas castrenses, por una parte y por la otra, por el movimiento de derechos humanos y las víctimas, que expresan dos maneras de entender la seguridad interna.

La visión que predomina en las cúpulas del poder civil y militar es fortalecer el frente de guerra contra los carteles de la droga, dejando de lado a una población inerme que ha tenido que soportar los estragos de una estrategia bélica centrada en destruir con las balas a los enemigos. El plomo nos ha destruido como país y los fusiles nos han colocado contra el paredón. Nadie escapa a estos frentes de batalla que se dan en las ciudades fronterizas, los centros turísticos, las autopistas, los centros de diversión, los tecnológicos, las escuelas y en las oficinas de gobierno. La forma como opera regularmente el ejército en sus enfrentamientos con grupos de la delincuencia es causando el mayor número de bajas posibles.

Ver nota completa