Los empresarios Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero y Olegario Vásquez Raña concentran el 51 por ciento de los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), reveló la organización de transparencia PODER.
A través de las compañías Grupo Carso, ICA, Grupo Hermes, GIA+A y Grupo Empresarial Ángeles, estos nombres tienen más de la mitad de los trabajos de concesión para el proyecto.
PODER, un organismo dedicado a la rendición de cuentas empresarial, indicó que ICA, de Quintana, ha ganado 9 contratos de forma individual en la construcción del NAIM por un total de 24 mil 720 millones 550 mil pesos.
Los contratos e inversiones se adjudicaron entre 2014 y 2018. Por otra parte, Grupo Carso consiguió dos de las más importantes licitaciones del proyecto.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favorable para habitantes de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, puso en riesgo la continuidad de la construcción de un gigantesco depósito de desechos peligrosos derivados de la extracción de minerales, propiedad de Grupo México.
Luego de al menos dos semanas la SCJN había dejado de lado la discusión del amparo en revisión 365/2018 interpuesto por habitantes de Bacanuchi, que exigen ser consultados sobre temas medioambientales, este miércoles por cuatro votos a favor y uno en contra, la segunda sala dio la razón a los quejosos, organizados en los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), y representados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Los CCRS agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista de Cobre, ocurrido en 2014. Los afectados radican en siete municipios Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Bacanuchi, comunidad que pertenece al municipio de Arizpe, determinó solicitar la protección del Poder Judicial Federal, luego de que en 2016 los habitantes advirtieron que la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, “estaba realizando una ‘ampliación’ de una presa de jales, el lugar donde van a parar los desechos sólidos y líquidos resultantes del proceso de extracción de minerales”, informaron en un comunicado Poder y los CCRS.
Derrame de la mina Buenavista en el río Sonora. Foto: Profepa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución del juicio de amparo 365/2018 que interpuso el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) en marzo de 2016 y con el que busca reconocer el derecho de todos los pueblos a participar sobre la construcción de megaproyectos que impacten el medio ambiente.
El pasado miércoles 29, sin conocimiento de las comunidades amparadas, el máximo órgano de justicia del país pospuso la emisión del fallo del caso que atrajo en abril de 2017. La primera fecha para su resolución se había fijado para el miércoles 22 de agosto, pero se postergó una semana más y, llegado el día se aplazó una vez más.
A pesar de que no es una falta legal de la SCJN y de que el tiempo de su resolución podría ampliarse de manera indiscriminada, las comunidades implicadas y su representación legal — que lleva la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)— esperan una respuesta pronta y positiva.
Un fallo a su favor no sólo podría detener la construcción de una nueva planta de jales en el municipio de Cananea, Sonora (mismo sitio donde ocurrió el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, en 2014) sino que podría ser un parteaguas para casos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o del Tren Interurbano de Toluca, en los que existen reclamos de comunidades afectadas.
Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante de los pobladores agrupados en el CCRS, comenta a Apro:
“No es inusual el retraso (en la SCJN), pero tampoco es la regla, porque la mayor parte de los casos se resuelven el día de la sesión. Sin embargo, no lo vemos con malos ojos. Lo importante es que al final se llegue a un fallo que tome en cuenta lo elemental: que hay un derecho a participar en asuntos medioambientales”.
El abogado también insiste en que la resolución “puede tener un impacto mayúsculo para las causas medioambientales en todo el país”.
En el ejido de Tahuichopa, a tres kilómetros de Arizpe, hay 67 viviendas y 120 habitantes. Cada casa tiene un tinaco. Cada uno es nuevo, apenas con cuatro años de edad. Son los mismos que cumple la tragedia. El Gobierno federal los ordenó como parte del plan para remediar los daños del derrame, mediante un fideicomiso pactado con el Grupo México.
Para monitorear la entrega del dinero del fideicomiso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat creó un sitio web a través del cual informó sobre los pagos a los afectados y el monitoreo del agua; pero en junio de 2015 ya no fue alimentado. Hoy, los reportes que ahí cuelgan, son una colección de fotos de los tinacos en base de herrería. Se indica como conteo final que fueron nueve mil 871.
Del Fideicomiso creado para resarcir el daño causado por el derrame de Grupo México en el Río Sonora, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, mientras 184 millones de pesos han sido destinados a la compra de tinacos, documentó la organización Poder.
Foto: Cortesía, tomada de Sin Embargo
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) y miembros del Grupo Cuenca del Río Sonora acusaron que Rodolfo Lacy Tamayo, ex subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la empresa Rotoplas, de Carlos Roja Mota Velasco, familiar de Germán Larrea, se vieron directamente beneficiados con 28 millones de pesos del Fideicomiso creado para el Río Sonora, que tenía como objetivo resarcir los daños ocasionados por el derrame de una mina de Grupo México en el afluente en 2014.
Están por cumplirse cuatro años desde que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó en el río 40 mil metros cúbicos (o 40 millones de litros) de solución de Sulfato de Cobre Acidulado (CuSo4) debido a la ruptura en uno de sus represos. Tras la tragedia, el Gobierno ordenó a Grupo México crear un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos para resarcir el daño.
El Fideicomiso ha destinado sólo mil 200 millones de pesos, una cifra menor de la pactado al inicio. “El total del gasto realizado por el Fideicomiso fue de mil 231 millones 367 mil 946 pesos, apenas más de la mitad de los 2 mil millones anunciados en un inicio”, precisó Poder.
Y además, de ese dinero, acusó Poder, sólo 7 millones 500 mil pesos llegaron directamente a las personas afectadas en su salud por el derrame, lo que significa apenas el 10 por ciento del total que el Fideicomiso destinó a las “Afectaciones a la salud”, rubro al que se dio 71 millones de pesos; el resto, según se reportó, fue a dar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEA), la cual continúa siendo una obra negra.
