El Poder Judicial de la Federación admite demanda de amparo interpuesta por víctimas en Nochixtlán

Por Redacción/Proceso

OAXACA, Oax. (apro).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió la demanda de amparo que interpusieron las víctimas del fallido desalojo en Nochixtlán, operativo que dejó al menos ocho muertos y más de 143 civiles heridos, en su mayoría por armas de fuego, con el fin de que el Congreso de la Unión emita un informe del caso ocurrido el 19 de junio de 2016.

Así lo dio a conocer Julio César Velázquez García, integrante de la Comisión Jurídica de la sección 22 magisterial, quien agregó que “se está demandando la inconstitucionalidad de la comisión de investigación y del informe previo que emitió por violación a los derechos fundamentales de las víctimas de Nochixtlán”.

El 3 de abril, precisó, el juez tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, declaró fundada la demanda de amparo que presentó Susana Matea Rodríguez Manzano y otros contra el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en 2016.

Luego de más de un año, el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito admitió el juicio de amparo 1562/2016 contra la comisión de investigación del caso Nochixtlán que formó el Congreso de la Unión, por lo que esta instancia no puede publicar ningún informe sobre estos hechos.

 

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CNDH y CDHDF deben reabrir queja contra Ebrard y Mancera por violaciones a derechos de periodista

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por una resolución del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estarán obligadas a reabrir expedientes de queja por tortura, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión, que fueron cerrados por ambos organismos autónomos.

La resolución del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del amparo en revisión, R.A 319/2017, dio la razón al periodista Ramón Alfonso Sallard López, quien interpuso un recurso contra la negativa de las comisiones nacional y local de derechos humanos de investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en su contra en 2011, y de las que acusó al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, a quien fuera su procurador, Miguel Ángel Mancera, y al entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano.

En conferencia de prensa, en compañía de su abogado, Oscar Valdés Ramírez, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, Sallard López recordó que el origen de su queja contra los funcionarios públicos tiene que ver con la “fabricación del delito de fraude” en su contra, por lo que fue detenido y encarcelado durante seis meses, en el Reclusorio Norte, tiempo en el que sostuvo fue víctima de tortura e intento de homicidio.

Sallard fue liberado en enero de 2012 y absuelto de los delitos que se le imputaban.

El periodista acusó a la entonces presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, de haber protegido a las autoridades capitalinas, al negarse a investigar los hechos denunciados, en tanto que en la CNDH argumentaron que su queja en contra del organismo local fue presentada a destiempo.

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Tras 8 años, la policía no cambia: Solo 15% de los detenidos cae por una investigación

Foto: cjf.gob.mx

Por Redacción/Animal Político

Desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en México, 85 % de los detenidos y consignados ante los jueces federales son presentados por delitos cometidos en flagrancia y no por una investigación policial o ministerial que haya llevado a su captura.
La mayoría son sorprendidos y detenidos con armas, droga o combustible robado.

Datos oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF), a los que tuvo acceso Animal Político, indican que a pesar del periodo de capacitación de ocho años que tuvo el nuevo sistema penal y la inversión de más de 15 mil millones, en al menos ocho de cada diez casos enviados al juez, por la Procuraduría General de la República (PGR), no hay una investigación previa de por medio.

Esta proporción de casos en flagrancia es casi idéntica a la que se presentaba con el viejo sistema penal, de acuerdo con autoridades judiciales.

Los datos del PJF revelan que en el periodo del 14 noviembre de 2014 (cuando comenzó a implementarse el nuevo sistema nivel federal) al 15 de junio de 2017, se han abierto más de 16 mil 79 causas penales por consignaciones de la Procuraduría, con un total de 22 mil 88 personas imputadas.

De esos asuntos, 55% son por delitos de portación de arma de fuego, el 21.5% por delitos contra la salud y 7.6% por robo de hidrocarburos. Este universo comprende poco más de 84% de los casos.

Los detenidos por esas causas son personas sorprendidas en flagrancia, es decir, portando un arma de fuego, alguna cantidad de droga o combustible robado, y por ello se les consigna ante el juez.

En tanto, hay un 2.2 % de causas iniciadas por delitos fiscales, 2 % por delitos contra el medio ambiente, 1.9 % por secuestro, 1.5 % por tráfico de personas, 1.2 % delitos patrimoniales, y el 6.6 % por otros delitos como delincuencia organizada. La mayoría de estos casos si corresponden a investigaciones de la PGR.

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Conferencia: Atenco se pronuncia contra decisión del Poder Judicial al dar por concluido el juicio de amparo



Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se pronuncia contra la determinación del Poder Judicial de la Federación al dar por concluida mediante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, el Juicio de Amparo 14/2015, sin estudiar de fondo el asunto.

Es importante mencionar que la defensa legal que se ha ejercido para defender el territorio contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, distintas comunidades adheridas al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, han interpuesto diversas demandas y amparos con la finalidad principal de proteger y preservar su territorio.

Participan:
·Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)

Convocan:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)

La cita:
·Jueves 29 de Junio de 2017 a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.

Sigue la transmisión en vivo

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Madre de un policía desaparecido ahora también es víctima de despojo a manos del Poder Judicial

Por Redacción/ Animal Político

Como castigo por no asistir a una audiencia (de la que no fue oportunamente informada), el Poder Judicial de la Federación despojó de sus muebles a familiares de la señora Araceli Rodríguez, mamá de un policía federal raptado y desaparecido hace siete años en cumplimiento del deber.

En un operativo realizado el pasado 21 de febrero, agentes policiacos arribaron al domicilio familiar de la señora Rodríguez, y extrajeron una pantalla digital, un horno de microondas, un sistema de bocinas y un equipo de sonido, todo con valor superior a 15 mil pesos, con el argumento de que con eso se cobraban una multa de 2 mil 191 pesos, por la inasistencia a una audiencia judicial convocada en noviembre del año pasado.
Aunque esa multa se pagó inmediatamente, los muebles desaparecieron.

En entrevista, la señora Araceli Rodríguez explicó que por el rapto y desaparición de su hijo (y de otros ocho compañeros) hay, hasta la fecha, 18 presuntos criminales detenidos, sometidos a juicio, contra los cuales las familias de los agentes han aportado su testimonio como prueba, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En 2010, la PGR nos propuso a las familias que fuéramos a presentar ‘prueba testimonial’ en los juicios contra estas 18 personas –narró Araceli–; y nosotras aceptamos y hemos acudido a innumerables audiencias desde entonces, nunca habíamos faltado a ninguna audiencia, porque somos los más interesados en que se determine la verdad sobre lo que les ocurrió a nuestros hijos, y saber dónde están”.

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