Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Investigar con perspectiva de género la desaparición de mujeres, deuda de México

Foto tomada de Proceso

 

Redacción/Proceso

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aceptó, por primera vez, un caso de desaparición en México: el de Ivette Melissa Flores Román, ocurrido en 2012 en Guerrero.

La madre y sus abogados buscan que la recomendación obligue al gobierno a investigar la desaparición de mujeres con perspectiva de género. Son 22,600 desaparecidas en el país y  los retos para hacer una búsqueda diferenciada a la de los hombres —apuntan expertas— son enormes y no son nuevos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de nueve años de búsqueda, Sandra Luz Román sigue sin encontrar a su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, a los 19 años. Y es por eso que ahora, decidió recurrir a las instancias internacionales

Acompañada por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), presentó el caso de la desaparición de su hija ante el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Comité CEDAW). Ella busca evidenciar la desigualdad y la violencia de género que rodean a las desapariciones de mujeres en  el país.

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Advierten vacíos en perspectiva de género en gestión de riesgos

Bertha Teresa Ramírez/La Jornada

Imagen tomada de Twitter @ONUMujeresMX

Ciudad de México. Pese a que en las últimas décadas bajo situaciones específicas de desastres los derechos de las mujeres han resultado vulnerados por la violencia, la pérdida de sus empleos y hasta su propia vida, aún se observan vacíos importantes en la incorporación de la perspectiva de género en la gestión integral de riesgos, dijo Claudia Zambrano encargada de Asuntos de Derechos Humanos y Equidad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En la Ciudad de México la constitución política local contiene un avance muy importante al haber plasmado en su artículo 11 “la cláusula de la desigualdad estructural”, lo que obliga en consecuencia a las autoridades a realizar medidas positivas a favor de los grupos de población que históricamente han sido excluidos en el acceso a sus derechos, entre los que se encuentran mujeres, indígenas, niñas y jóvenes, dijo la especialista durante su intervención en el coloquio Comunicando la Gestión de Riesgos de Desastres con Perspectiva de Género, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Las feministas rechazan la propuesta del fiscal de México de eliminar el feminicidio del código penal

Carmen Morán Breña/El País

Alejandro Gertz Manero expuso al partido del Gobierno las dificultades jurídicas de determinar el machismo como móvil del crimen.

Foto: Cencos

La propuesta del fiscal general de México de eliminar el delito de feminicidio ha caído como una señal de involución entre las diputadas del partido del Gobierno, que escucharon en una reunión privada cómo Alejandro Gertz Manero exponía las dificultades para determinar jurídicamente cuándo una mujer ha sido asesinada por el hecho de ser mujer. “No vamos a avalar ningún retroceso, este tipo penal se consiguió con la lucha de muchas mujeres”, ha zanjado la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño. “El presidente ya lo ha dicho, no habrá retrocesos”. Feminicidio no es más que aplicar perspectiva de género a las muertes violentas de mujeres.

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Abortar en México: ¿en qué estados se criminaliza más a las mujeres por interrumpir el embarazo?

Redacción/Animal Político

Si bien todos los estados del país contemplan la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo, hay otros motivos que difieren notablemente en los códigos penales de las entidades para acceder a la interrupción del embarazo.

 

Foto: Emiliano Pensamiento/Cencos

En México, las únicas entidades que permiten a las mujeres interrumpir su embarazo de manera legal, sin importar la causa, son Oaxaca y la capital.

Pero ¿qué pasa en el resto del país? Mientras en la Ciudad de México y Oaxaca se permite a las mujeres abortar hasta las doce semanas de gestación, tan solo porque es su voluntad, en otras entidades el camino para que decidan sobre su propio cuerpo se va haciendo más estrecho. 

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A punto de iniciar el juicio del caso Lesvy, llaman a juzgar con perspectiva de género

El cuerpo sin vida de la joven Lesvy Berlín Osorio fue hallado atada a una caseta telefónica al interior de Ciudad Universitaria en mayo de 2017 Foto: Especial

Ixtlixóchitl López/ Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A dos años y cuatro meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Osorio fuera hallado sin vida en Ciudad Universitaria y a unas horas de que el juicio oral por el caso dé inicio, su madre Aracely Osorio llamó a las autoridades a juzgar con perspectiva de género, pues teme que el presunto feminicida pueda quedar en libertad.

“Estos dos años cuatro meses han sido de estar saltando obstáculos, hemos encontrado una serie de rocas verdaderas en el camino que dan cuenta de esto, que nos permiten y nos dan toda la legitimidad para tener duda, claro que sí tenemos duda. Tenemos duda y miedo de que dejen a los feminicida libres, que den sentencias de dos años y que después esos feminicidas puedan seguir estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, expresó Aracely Osorio. 

En conferencia de prensa, la activista exigió a las autoridades contemplar los más altos estándares internacionales y cumplir cabalmente con su responsabilidad para obtener una sentencia firme, independientemente de la años que puedan dictarse al presunto culpable, pues hasta el momento el derecho a la verdad y justicia les ha sido negado. 

“Yo espero que cuando tengamos una sentencia justa en el caso de Lesvy, estemos mirando los otros procesos y acompañandolos también porque nosotras hemos sido testigos de cómo este sistema de impartición de Justicia genera una cadena larguísima de impunidad que estrangular nuestro derecho a la verdad y a la justicia y que tenemos que desenmarañar haciendo uso de todo lo que esté a nuestro alcance”

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