A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida

Arturo Angel/Animal Político 

Mientras tanto la sobrepoblación en las cárceles se agrava y 4 de cada 10 penales están en condiciones de hacinamiento; van 234 muertes reconocidas oficialmente por COVID.

Imagen: Twitter @ELEMENTADDHH

A siete meses de la aprobación exprés de la Ley de Amnistía con la que supuestamente se ayudaría a despresurizar los penales y reducir los contagios de COVID-19, el gobierno federal acumula 762 solicitudes formales de reos que quieren acceder a dicho beneficio, sin que hasta ahora se haya podido resolver alguna.

Mientras tanto la cifra de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país ha continuado en ascenso y el numero de cárceles con problemas de sobrepoblación ya es del 43%. El nuevo virus ha contagiado a 2 ,774 reos y ha matado a 234.

La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 20 de abril en el Senado de la República. El dictamen de dicha norma, que estaba congelado desde 2019, fue rescatado y avalado en una sesión exprés bajo el argumento de que ayudaría en alguna medida a despresurizar las cárceles y, con ello, disminuir los riesgos de contagio ante el arranque de la pandemia.

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Gobierno recibe más de 400 solicitudes de amnistía, pero aún no se concede ninguna

Arturo Angel/Animal Político

La cifra actual de personas presas en el país es la más alta de los últimos tres años; las muertes en penales se triplicaron tras la llegada de la pandemia.

Foto: Twitter @CDHZL

La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente en abril pasado en el Senado, como una medida para despresurizar los penales del país ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha liberado hasta ahora a ninguna persona presa, pese a que ya transcurrieron más de cinco meses de su publicación, y a que hay más de 400 solicitudes presentadas para acceder a ella.

Mientras tanto el problema de la sobrepoblación en las cárceles sigue creciendo. La cifra de personas privadas de su libertad se ha elevado en más de 10 mil de enero a agosto de 2020 y ya alcanza su punto más alto de los últimos tres años. Además, con la llegada de la pandemia, la cantidad de personas muertas en las cárceles del país se ha triplicado.

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Aprueban amnistía para liberar a mujeres condenadas por aborto en Hidalgo

Sonia Rueda/Desinformémonos

Imagen tomada de Twitter @MuseoMyT

El Congreso de Hidalgo aprobó este 30 de junio la Ley de Amnistía para la entidad, que permitirá salir de prisión a las personas que se encuentren privadas de su libertad por delitos menores como lo es el aborto.

En la primera sesión presencial, la Ley de Amnistía que envió el gobierno de Hidalgo, obtuvo 27 votos a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Partido del Trabajo y Nueva Alianza; el Partido Acción Nacional (PAN) emitió tres votos en contra.

Cabe señalar que esta amnistía incluye también otros delitos como robos menores sin violencia y procesos de presunta responsabilidad de personas indígenas que durante su proceso no contó con traductores, entre otros.

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ONG: el Estado incumple recomendación de ONU-DH

Redacción / La Jornada

El Estado mexicano ‘no ha cumplido las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar la violencia en las prisiones y terminar con la tolerancia y la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las que están privadas de su libertad, señalaron organizaciones civiles.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Documenta, Equis Justicia para las Mujeres y otras 11 organizaciones civiles denunciaron que sólo en las cárceles de Ciudad de México se ha reportado la muerte de cinco mujeres, ya sea reclusas o visitantes.

La más reciente ocurrió el pasado 27 de enero en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, contra una mujer que estaba de visita y fue asesinada dentro de una celda. Esto refleja la omisión de la autoridad penitenciaria en salvaguardar la vida, integridad y seguridad de cualquier persona que se encuentre en el interior de la prisión, como establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

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