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Marcela Méndez/Cencos

El pasado viernes 30 de agosto, en el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades en México para exigir a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos –según cifras oficiales, en nuestro país hay más de 40 mil personas desaparecidas, aunque los colectivos hablan de 100 mil–, la identificación de las más de 37 mil personas y acciones que garanticen que no haya más desapariciones.

En su pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica– aseguró que en la búsqueda de sus seres queridos han encontrado que las desapariciones no son aisladas, pues cada vez hay más colectivos, más familias, más fosas y más cuerpos sin identificar.

Las familias denuncian que se han encontrado con autoridades indiferentes a su dolor e incapaces de dar respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. A su dolor se suma la indolencia de funcionarios públicos de diferentes instituciones que al no hacer adecuadamente su trabajo imposibilitan que encuentren a quienes están buscando; afirman que muchas veces es únicamente con la ayuda de quienes atraviesan por el mismo dolor que logran avances en sus investigaciones.

 

“Las autoridades no nos han ayudado en nada. Lo hemos buscado nosotras mismas”

El 30 de agosto Erika Elizabeth Mendoza viajó a la Ciudad de México desde Tizayuca, Hidalgo. Está buscando a su esposo, Javier Martínez Benítez, de quien no saben desde el 7 de marzo de este año.

“Él salió a entregar una barbacoa a Tonanitla, Estado de México. Encontraron el carro, pero a él no lo encontraron. No sabemos nada de él, no sabemos por qué se lo llevaron”, dice.

Erika, quien pertenece al colectivo Alondras Unidas, afirma que las autoridades no les ayudado en nada, que no les dan respuesta, y que ellas mismas han tenido que buscar a Javier.

A quienes leen estas líneas les pide que, si ven o saben algo de él, envíen la información.

Javier tiene 29 años y su esposa, junto con sus hijos, le buscan y le esperan. “Sus niños lo necesitan, él sabe que sus niños lo necesitan. Lo seguiré buscando hasta encontrarlo. Sabe él que nos hace mucha falta”.

“Lo hemos buscado en hospitales, en delegaciones, en reclusorios, en todos los lugares que nos ha sido posible”

Fernando Iván Ornelas tiene 21 años. Desapareció el 21 de julio de 2019 en la colonia Ciudad Oriente en Ecatepec, Estado de México. Desde entonces su mamá, Benita Ornelas, lo busca.

“Él salió de su trabajo en Torres de Mixcoac con su jefe inmediato, el señor Mauricio. Es la última persona con la que estuvo mi hijo, y desde la fecha no hemos sabido nada de él”, narra. 

Benita cuenta que es la propia familia la que ha buscado a Iván: en hospitales, delegaciones y reclusorios; en Cuernavaca, Michoacán, Puebla y otros lugares. Incluso fueron ellos quienes recabaron la información sobre el último lugar en el que se vio a su hijo. “Hemos obtenido varias videograbaciones… efectivamente, va con el señor Mauricio, pero él refiere que como iba tomado no sabe dónde exactamente dejó a mi hijo”. 

Los agentes del ministerio público, denuncia, no los han apoyado. “Yo me imagino que son ellos quienes tenían que haber recabado la información que nosotros como familia hemos hecho. Ellos se excusan de que no tienen carro en qué transportarse, que no tienen armas para defenderse. Y, pues, ¿se imagina usted? Una madre ha ido a distintos lugares a pedir las videograbaciones. Sin armas y sin carro he ido caminando por la localización de mi hijo. Estas personas, que se supone que para eso están o que están recibiendo un salario para cumplir con su trabajo, no lo hacen”.

Benita espera que estas palabras lleguen a Iván: “que sepa que su madre lo está buscando y que no vamos a descansar, toda su familia, hasta dar con él”.

“Nos querían entregar un cuerpo que no era”

Hace tres años a Sonia y a su familia las autoridades quisieron entregarles los restos de una persona que no era su hermano, Javier Oropeza, quien tiene 10 años desaparecido.

“Las autoridades ya no están buscando a las personas con vida. Para ellos ya es más fácil buscarlos en fosas”, denuncia, “a nosotros ya nos habían entregado restos, que nos habían dicho que daban el perfil de mi hermano”.

Sonia narra que un día les hablaron por teléfono para pedirles que se presentaran en la fiscalía, pues habían hallado un cuerpo que concordaban con su perfil genético y que debían ir a reconocerlo.

La familia de Sonia se había unido al colectivo Búscame desde hacía cinco años, y ahí pidieron ayuda: “Gracias a dios, por parte de la fundación vinieron forenses de Italia y de Argentina, vinieron a comprobar los perfiles genéticos y no daba positivo. Eso quiere decir que nos querían entregar un cuerpo que no era”.

Ella y su madre siguen buscando a Javier, quien hoy tiene 36 años. “Mi hermano se fue a trabajar a Piedras negras, Coahuila, ya que él se dedicaba a la venta de botes de pintura. Con él fueron 12 desaparecidos, cuatro de ellos pudieron quedar a salvo ya que fueron a un retén militar y los ayudaron. Lo que ellos comentan es que llegó gente uniformada con trajes de la policía federal y se los llevaron”, narra.

Sonia llama a todas las personas a que se saben algo de alguna persona que se encuentra desaparecida, lo hagan saber. “Hoy somos nosotros los que buscamos, tal vez serán mañana ellos”. Y reitera que lo único que piden es justicia para que no siga desapareciendo más gente.

 

“La PGR no ha hecho bien la investigación, no la hizo en su momento y ahorita ya no es tiempo”

El papá de Marina Quezada, Jaime, fue secuestrado el 24 de octubre de 2016. Desde entonces está desaparecido: no hay nada sobre él, ninguna pista, ni rastros, ni detenidos.

Marina narra que su papá fue interceptado saliendo de su trabajo. Dejaron su coche cerca de la casa y posteriormente se comunicaron con su hermano para decirles que Jaime estaba secuestrado. La negociación, recuerda, duró 10 días y estuvieron asesoradas por la policía federal. Después de pagar el rescate no volvieron a tener noticias de su padre.  

No sabemos cómo lo interceptaron, porque la PGR no ha hecho bien la investigación. No la hizo en su momento y ahorita ya no es tiempo, denuncia. Asegura que su familia presentó la denuncia correspondiente desde el primer día, pero que el ministerio público no hizo nada y que incluso cuando pedían información éste les preguntaba si en verdad era urgente verlos.

“Hablamos con el fiscal y le dijimos que no estábamos a gusto con el ministerio público. Nos lo cambiaron, pero después de ocho meses, cuando ya se había perdido todo ese tiempo en el que no se hizo absolutamente nada. El nuevo ministerio empezó a trabajar, haciendo cosas que tenía que hacer el otro, pero ya no había nada, porque las pistas se habían ido completamente”.

Asegura que las dos o tres líneas de investigación que han tenido no han dado resultados porque cambian a los policías y a los fiscales. Es un comenzar una y otra vez, lo que al final no lleva a nada.

“Lo único que pido a las autoridades es que si ellos no pueden contra los delincuentes, por lo menos que nos ayuden en la búsqueda, que de verdad se humanicen y de verdad se metan en su trabajo; que hagan lo necesario para encontrar a la gente que está desaparecida, porque es mucho sufrimiento, tanto para los que no están como para los que estamos buscándolos”.

Marina, originaria del Estado de México, cuenta que Jaime hoy tendría 62 años: se lo llevaron de 59. “Va a ser una lucha incansable. Yo voy a seguir hasta el último momento, yo lo quiero encontrar. Sé que a lo mejor no está vivo, no pierdo las esperanzas, pero lo quiero encontrar como sea. No me interesa quién lo hizo, no me interesa por qué razón lo hicieron, yo quiero encontrar a mi papá”.

 

“Buscaba a mi hijo, pero tiene un mes que lo encontré”; Gonzalo Garduño estaba en el semefo

Trinidad Núñez y su esposo buscaron a su hijo Gonzalo durante poco menos de dos años. Hace un mes lo encontraron en el servicio médico forense de Hidalgo. “No nos daban razón, nosotros preguntábamos qué comunicación tenían con los semefos, ellos decían que sí la tenían, y nosotros lo encontramos… llegamos a una entrevista ese día a que nos enseñaran carpetas: el 22 de julio lo encontramos, tenía casi un año en el semefo de Hidalgo”.

La señora Trini dice que fue gracias al Colectivo Uniendo Esperanzas que encontraron a su hijo, luego de muchas jornadas de salir a las calles a repartir volantes. “Estamos molestos, porque cómo es posible que la autoridad tenga muchos cadáveres y no den aviso a sus familiares. Prefieren tenerlos ahí. No saben qué dolor le causan a uno de no saber”, reclama.

A Gonzalo Garduño se lo llevaron de Ecatepec el 10 de diciembre de 2017. “Desde ahí fue nuestra angustia, nuestra lucha con las autoridades… Él salió, nos dijo que regresaba como a las ocho de la noche y ya no regresó. Después nos hablaron, que lo tenían y que querían una cantidad. Se juntó y se dio, pero no hubo regreso de él”.

Lo que han vivido es, en palabras de doña Trini, una lucha que nunca va a tener respuestas: a por qué se lo llevaron, a qué se lo llevaron; si ya tenían el dinero, por qué no lo soltaron. Según el informe, las autoridades recogieron el cuerpo de Gonzalo apenas seis horas después de que lo asesinaran, pero estuvo en el servicio médico forense durante meses.

El reclamo es para las autoridades: “no tienen ni tantita dignidad de ver carpetas ni de ver a quién recogen”, asegura. “Cuántas madres no están en este dolor, que nunca se le va a terminar a una, y pueden tenerlos ahí (en los semefos) y ellos dicen que no, que no están”.

 

“La tuvieron un mes en el forense y la mandaron a la fosa común”

La señora Nancy Márquez también buscaba a su hija, Zaira Campos Márquez.

Ella fue desaparecida el 18 de febrero de 2016 y pasaron tres años para que su familia pudiera encontrarla, en mayo de este año. “La encontraron en la carretera México-Puebla en 2016, la tuvieron un mes en el forense y la mandaron a la fosa común en marzo de ese mismo año, pero nadie nos dijo nada”, explica su mamá.

En las búsquedas, recuerda Nancy, siempre le decían que no estaba, que no la tenían. Ella acusa que es porque quienes deberían no revisan los archivos ni las denuncias que las familias hacen.

“La tenían en Los Reyes La Paz (Estado de México). De hecho, desde 2016 se intentó poner la denuncia, pero en Los Reyes La Paz no quisieron. Cuando me uní al colectivo Uniendo Esperanzas me mandaron a Nezahualcóyotl, ahí me levantaron la denuncia, hicieron la investigación y dieron con el cadáver de mi hija, que había fallecido el mismo 2016”.

Nancy dice que las investigaciones no han sido suficientes para saber qué fue lo que le pasó a su hija. No tienen registrado el lugar exacto en el que la encontraron, salvo que fue en algún punto de la carretera México-Puebla. “No saben ni en dónde, ni cómo, ni qué fue lo que le pasó”.

No sólo eso, desde el inicio de la búsqueda de su hija, las autoridades no respondieron más que con burlas. A Nancy le hicieron caso sólo cuando fue respaldada por el colectivo: “Vas tu solo y no te hacen caso, ni siquiera la denuncia te levantan. Cuando fui a poner la denuncia los mismos policías, las mismas autoridades que estaban ahí se burlaban y decían ‘al rato que le dé hambre regresa, señora’, ‘de seguro se fue con el novio’. Y era mentira, era mentira”.

Zaira fue desaparecida cuando tenía 17 años. Su mamá, que hoy está en proceso de recuperar su cuerpo de la fosa común, reclama a las autoridades que se toquen el corazón, porque a las familias las tienen en un vaivén tremendo: “venga mañana, venga pasado mañana”, y no buscan, ni les hacen caso, ni avanzan en las investigaciones.