“¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”: familias de desaparecidos reclaman al “Estado indolente” por inacción en búsquedas

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Montserrat Sánchez y Sharenii Guzmán/Animal Político

Durante 12 años, madres y familiares de personas desaparecidas han tomado las calles de la Ciudad de México para exigir que se dé con su paradero y que haya castigo a los responsables de su ausencia.

Este 2023 es otro año de buscar, de cargar con la ficha de búsqueda y la lona con los datos importantes: dónde fue visto por última vez, qué ropa llevaba puesta, cuáles son sus señas particulares. Por decimosegundo año consecutivo, las madres de personas desaparecidas salieron a tomar las calles de la Ciudad de México para exigir que las autoridades den con su paradero. 

Reunidas desde las 9:00 de la mañana, mujeres originarias de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y otros estados comenzaron a prepararse para marchar del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. 

Con pancartas, playeras, gorras e incluso cubrebocas, las mujeres portaban las imágenes de sus esposos, hijos, hijas, sobrinos, primos… de todos aquellos que han dejado una silla vacía en sus casas y por quienes exigen justicia. 

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Exigimos al Estado Mexicano que la búsqueda de las personas desaparecidas y la demanda de justicia no le cueste la vida a las familias buscadoras. El Estado debe garantizar su seguridad.

Imagen: Twitter @CMDPDH

 

Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México

  • La madre buscadora Araceli Rodríguez sufrió un grave incidente de seguridad después de haber presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la búsqueda de su hijo Luis Ángel. Este incidente no ha sido esclarecido, Por otro lado, tampoco se ha garantizado la seguridad y protección de Araceli para continuar con la investigación.
  • Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista. Las familias buscadoras tienen derecho a la justicia, la verdad, la investigación y la seguridad.

El pasado 30 de marzo, la madre buscadora Araceli Rodríguez hizo de conocimiento público un incidente de seguridad que vivió el 4 de marzo en la carretera Chilpancingo cuando volvía de Acapulco, Guerrero. Tanto ella como sus escoltas de la FGR fueron interceptados por un comando armado que les golpeó, amenazó, robó sus pertenencias y les dejó amarrados en la carretera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado en solidaridad con Araceli, quien busca a su hijo, Luis Ángel,  desde hace más de una década. Es fundamental señalar que este incidente ocurrió tan sólo unos días después de que ella presentara una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra del Estado mexicano y que luego de recibir la comunicación sobre el caso, el Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales de forma inmediata con el objetivo de realizar todas las acciones necesarias para determinar el paradero del hijo de Araceli, sin embargo, a más de un mes de está solicitud, el Estado mexicano ha sido omiso y no ha realizado acciones para dar cumplimiento con lo solicitado por el Comité, que dicho sea de paso, representa una obligación para el Estado mexicano

Esto nos lleva a un escenario en donde es innegable que existe un contexto de apatía, criminalización y vulnerabilidad en contra de las buscadoras y los buscadores. Es importante señalar que en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, las familias asumen tareas y riesgos que no les corresponden, y aunque la participación en la búsqueda y la investigación del paradero de sus familiares es un derecho fundamental, estos procesos no deberían realizarse sin la seguridad necesaria y los cambios estructurales correspondientes. Esto quiere decir, fortalecer los procesos de justicia y judicialización de los casos de personas reportadas como desaparecidas, terminar con la impunidad en las investigaciones de desaparición forzada y desaparición asociada a delitos, combatir la criminalización desde la función pública y el trabajo conjunto  con los colectivos y familias que contribuya a la reconstrucción del tejido social.

Son las familias buscadoras quienes conocen y padecen de primera mano todas las falencias que los sistemas -de búsqueda, de justicia y de víctimas- tienen para con ellas. Ahora, se suma la inseguridad.

Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Con mucho dolor recordamos los asesinatos de:  Javier Barajas, Arantza Ramos, José Nicanor Araiza, Brenda Jazmín, Rosario Lilian Rodríguez, Esmeralda Gallardo, María Carmela Vázquez. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista y exigimos justicia para sus casos y los anteriores a 2021. 

Es por ello que para las familias el ataque a una buscadora no resulta un hecho aislado, sino una situación que se ha agravado durante los últimos años. Nos preocupa la integridad física y mental de Araceli, así como de otras buscadoras quienes no han hecho públicos los incidentes vividos. Instamos al Estado Mexicano a garantizar la seguridad de Araceli, así como la de cientos de familiares que todos los días salen a buscar a sus seres queridos en contextos de violencia extrema. 

Por las que ya no están, Por las que han sido asesinadas y asesinados, Por todas las que buscan. ¡Hasta Encontrarles!

 

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En México ya hay más de 100 grupos y colectivos que buscan a sus desaparecidos

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Diana Saavedra/Desinformémonos

Karina Mariela Ansolabehere, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Cristina Hernández Engrandes, investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), intervinieron en la sesión “Género y Desapariciones”, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS).

Si bien mujeres y hombres padecen esa situación, los motivos por los cuales sucede son diferentes, según el sexo, y en los últimos tiempos se aprecia una feminización del problema, por lo que es necesario reflexionar más sobre este fenómeno, cómo se ha institucionalizado, sus problemas y aciertos, y la forma en que convive con las alertas de género, enfatizó Ansolabehere.

Ante mujeres reunidas en el Auditorio Jesús Silva Herzog, del Posgrado de la Facultad de Economía, Ansolabehere prosiguió: “Aunque las desapariciones se asocian con dictaduras militares o gobiernos castrenses, no se creía que se dieran en naciones democráticas.”

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A cinco años de la ley en materia de desaparición, 109 mil personas siguen desaparecidas y hay mecanismos aún pendientes

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

 

Marcela Nochebuena/Animal Político

Se cumplen cinco años de que entró en vigor la ley contra la desaparición de personas, sin que se haya concretado el Plan Nacional de Búsqueda o el banco de datos que debe operar la FGR. Mientras, en el país ya hay más de 109 mil personas desaparecidas.

A cinco años de que se concretaran los esfuerzos de familias buscadoras para que en México entrara en vigor la ley en materia de desaparición forzada de personas, diversos mecanismos contemplados en esta siguen pendientes, mientras que la cifra oficial ya rebasa las 109 mil personas desaparecidas.

Entre los más importantes mecanismos contemplados en la ley están el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, así como el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el debido funcionamiento de instrumentos ya creados, como las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación para personas migrantes desaparecidas. 

La Ley General es resultado de la lucha de años de las familias —a la que antecede una iniciativa no aprobada que impulsaron en los 90 quienes buscaban a personas desaparecidas de larga data—, que empezó a materializarse en 2014, recuerda Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Finalmente, fue publicada en noviembre de 2017 para entrar en vigor unos meses después.

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¡Regala sonrisas! Colectivos llevarán cenas y juguetes a poblaciones callejeras e hijos de personas desaparecidas o en prisión

Foto: El Caracol

 

Eréndira Aquino/Animal Político

De cara a las fiestas decembrinas, colectivos organizan iniciativas para llevar obsequios y alegría a poblaciones callejeras e hijas e hijos de personas desaparecidas o privadas de la libertad. Te decimos cómo puedes ayudar.

Navidad es una época de dar regalos y compartir con seres queridos, lo que para personas privadas de la libertad, poblaciones callejeras y trabajadoras sexuales resulta complicado por la situación en la que se encuentran.

Es por eso que organizaciones sociales y colectivos han organizado recaudaciones de alimentos, juguetes y recursos económicos para poder llevarles alegría en las fiestas decembrinas. Animal Político te cuenta sobre algunas de estas iniciativas y cómo apoyarlas.

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Asciende a 107 mil el número de desaparecidos en México

Foto: Doryan Miguel Alvarez/Cencos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. En México hay al menos 107 mil 201 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que tan sólo en mayo pasado reportó que la cifra superó las 100 mil víctimas.

La mayoría de las víctimas de desaparición se registraron en Jalisco, con poco más de 15 mil víctimas, seguido de Tamaulipas, con 12 mil 400, y del Estado de México, con más de 11 mil 700.

El Registro también indica que desde 1964 a la fecha fueron halladas 158 mil personas que fueron reportadas como desaparecidas; de las cuales 10 mil 952 se encontraron sin vida.

El mes con mayor incidencia fue diciembre de 2021, cuando se hallaron 88 personas sin vida en el país. En total, de noviembre de 2021 a octubre de 2022 se encontraron 640 personas sin vida.

De acuerdo con los datos, entre 2018 y 2022 se localizaron 4 mil 551 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, lo que representa 41 por ciento de todas las víctimas de desaparición halladas sin vida.

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“No al golpe militar”, despliegan buscadoras en la Estela de Luz

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. «No al golpe militar» y «16 años de impunidad» fueron los mensajes que el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte desplegó en una megamanta en la Estela de Luz la madrugada de este 16 de septiembre, como protesta por las reformas para profundizar la militarización en el país y horas antes del desfile en honor a la Guardia Nacional.

Desde la mañana del 15 de septiembre, mujeres del colectivo guanajuatense escalaron la Estela de Luz para denunciar que las violaciones a los derechos humanos provocadas por las fuerzas armadas, así como para exigir justicia para las víctimas.

La manta comenzó a desplegarse justo mientras en el Zócalo el presidente Andrés Manuel López Obrador daba el grito de independencia.  

Dos mujeres fueron quienes escalaron el monumento de 104 metros de altura. Al lugar llegaron Protección Civil y la Cruz Roja para convencerlas de bajar, pero el colectivo aseguró que estaban capacitadas.

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Posicionamiento del MNDM con motivo de la presentación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Imagen: Twitter @movNDmx

 

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

30 de agosto de 2022

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y cada día #TeBuscaréSiempre #PorCieloMarTierra

  • Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pisa las calles nuevamente en, al menos, 25 estados del país, alzando y juntando nuestra voz para cuestionar a las autoridades de todos los niveles.
  • A más de 4 años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por particulares, aún seguimos exigiendo su cabal implementación.
  • Exigimos que el compromiso del Estado mexicano para atender la agenda integral en torno a la desaparición se haga valer a través de acciones concretas.

Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal. En un país que acumula más de 104,000 registros oficiales de personas desaparecidas, el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia; sin embargo, esto no es así.

Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pisa las calles nuevamente en, al menos, 25 estados del país, alzando y juntando nuestra voz para cuestionar a las autoridades de todos los niveles: 

¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Qué hacen para buscar efectivamente y localizar a más de 104,000 personas reportadas como desaparecidas ante las Comisiones de Búsqueda? ¿Qué hacen para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que para nosotras son tesoros? ¿Qué hacen para procurar justicia en un país que solo tiene 35 condenas federales?

Ya pasaron más de 4 años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por particulares, un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento. Continuamos a la espera de la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, de la creación de registros y bases de datos forenses y genéticos que mandata la Ley, así como de la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Esta crisis humanitaria no puede esperar más. Como señaló el Comité contra las Desapariciones de la ONU (CED), en México se tiene un marco normativo garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto.

Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos que el compromiso de Estado para atender la agenda integral en torno a la desaparición se haga valer a través de acciones concretas por parte del Estado mexicano:

  • Crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales. Deberá mencionar instituciones responsables y plazos precisos de implementación y contar con rendición de cuentas periódicos. 
  • Hacemos un llamado al Congreso para que cumpla con su promesa y asigne presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación. El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos. 
  • Hacemos un llamado a las instituciones para coordinarse de manera efectiva a dos años de la creación del Protocolo Homologado de Búsqueda. Se deben llevar a cabo acciones coordinadas de búsqueda inmediata que contribuyan a fortalecer la búsqueda en vida y los procesos de justicia. 
  • Instamos a que se avance de manera pronta y coordinada en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda, contemplados en la Ley General y que son necesarias para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación.
  • Hacemos un llamado a las Fiscalías General y a las Fiscalías estatales para comenzar a trabajar con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y, además, realizar planes de investigación que resulten en avances sustanciales en los procesos de justicia.

Exigimos que los riesgos contra nuestra integridad se reduzcan y que el Estado reconozca nuestra labor no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos.

Al gobierno le volvemos a decir que no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde, el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y justicia.

#SinLasFamiliasNo

#TeBuscaréSiempre

#PorCieloMarTierra

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

 

Para mayor información, entrevistas u otras gestiones de prensa, contactar a: 

Nancy Rodea | Comunicación Serapaz | 5549491756 | narrativas@serapaz.org.mx

 

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Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

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XI Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia

Cencos

El día de ayer en la Ciudad de México se llevó a cabo la XI IMarcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia, donde colectivos de madres y familiares de víctimas de desaparición forzada se manifestaron para exigir verdad y justicia por las más de 100 mil personas desaparecidas que hay en todo el país.

 

Fotos: Doryan Alvarez y Erik Isaac Salinas/Cencos