Defensores ambientales en riesgo: el 68% de los asesinatos de activistas cometidos en la última década ocurrió en América Latina

Foto: KENDAL BLUST/KJZZ/Global Witness
Thelma Gómez Durán/Mongabay Latam/Animal Político

En 2021, al menos 200 personas defensoras de tierra y medio ambiente fueron asesinadas. México, con 54 ataques letales, fue el país con el mayor número de agresiones, le siguen Colombia y Brasil.

La cifra es brutal: 1733 personas defensoras de la tierra y medio ambiente fueron asesinadas en los últimos diez años en todo el mundo. El nivel de esta violencia se dimensiona aún más con este dato: cada dos días, en promedio, se consumó un ataque letal en contra de una persona que decidió defender los bosques, las selvas, el agua, la fauna, la tierra, la vida. El 68 % de esos homicidios han ocurrido en países de Latinoamérica y el 39 % de ellos han sido en contra de pobladores indígenas.

Estos son algunos de los datos que se incluyen en “Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, el más reciente informe de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias que sufren los defensores ambientales.

El informe presenta también los datos del 2021. En ese año, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente tampoco se detuvo: al menos 200 hombres y mujeres fueron asesinados por defender aquello que da vida al planeta. En promedio, se registraron cuatro homicidios por semana. Y el 40 % de todos los ataques fatales fueron dirigidos en contra de personas indígenas, a pesar de que sólo representan el 5 % de la población mundial. Esta situación es más evidente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.

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Personas defensoras y periodistas hacen un llamado a tomar acciones urgentes ante la violencia que enfrentan en Chihuahua

Espacio OSC

Ciudad de México / Chihuahua, 21 de julio de 2022.

Los días 19 y 20 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, el noveno diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Especializada de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de Chihuahua, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este es el noveno diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso del estado de Chihuahua.  

Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resaltaron que los altos índices de violencia para frenar su labor provienen principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, que directa e indirectamente y en colusión con grupos criminales obstaculizan su labor mediante agresiones, entre las cuales destacaron: homicidios, amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, campañas para denostar su trabajo, detenciones arbitrarias, hasta el cierre de espacios de participación.

Estas violaciones han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatal, por lo que se insistió en que si bien las instancias municipales y estatales tienen el deber de garantizar su seguridad y protección, estas no pueden quedar a su cargo por ser las principales agresoras/es y fuentes de riesgo para personas defensoras y periodistas. Ante este panorama, hicieron hincapié en la necesidad de que las instancias estatales y el Mecanismo Federal generen acciones de capacitación dirigidas a las instancias municipales de gobierno y seguridad pública, así como promover sanciones administrativas, penales y políticas frente a los agravios que estos cometan. De igual manera personas beneficiarias del Mecanismo de Protección instaron a la Secretaría de Gobernación, a revisar las medidas y planes de protección y esclarecer cómo se tramitarán sus solicitudes de incorporación en situaciones de riesgo, tanto individuales y colectivas, y las dependencias encargadas de su protección.

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo, y por ende la ausencia de periodistas e integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos. Ante el descontento y exigencia de parte del gremio periodístico, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a fortalecer la convocatoría e invitación a otro espacio de discusión sobre la propuesta de Ley en Chihuahua, para el próximo 23 de agosto, en coordinación con las instancias estatales.

Por último, hicieron énfasis en la urgencia de establecer claridad en la responsabilidad técnica y política del gobierno estatal, así como construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH y por parte de organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento de la Unidad Estatal de Protección y su coordinación con la federación; así como de posibilitar la real participación de las personas defensoras y periodistas durante todo el proceso de discusión, elaboración e implementación de las acciones de protección, para garantizar que sus demandas sean recuperadas en la iniciativa de Ley y en el fortalecimiento del Mecanismo de Protección. 

 

Para medios

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Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Tras agresiones, exigen garantizar protección a defensores y periodistas en Jalisco

Foto: La Jornada

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante las agresiones contra la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño en Jalisco, organizaciones de derechos humanos denunciaron la omisión de las autoridades para atender la violencia y exigieron al gobierno estatal garantizar la libertad, seguridad y protección de las víctimas.

«El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Recordaron que en Jalisco en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportaron 41 y de enero a mayo de 2022 se registraron cinco, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Acusan a la Fiscalía Indígena de criminalizar a defensores en Chiapas

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) en Chiapas es «el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios», pues a través del sistema penal se reprime y castiga a los defensores indígenas.

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Red TDT, señalaron que en Chiapas las agresiones contra los defensores se traducen en detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, como el de Simón Pedro Pérez el 5 de julio de 2021, que continúa en la impunidad.

Añadieron que en el estado también hay un impacto negativo de la militarización, pues, por ejemplo, la Guardia Nacional «continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades».

En un pronunciamiento conjunto, manifestaron su preocupación por las agresiones, persecuciones, asesinatos y diferentes tipos de violencia contra defensores y periodistas en Chiapas y el país, el cual suma 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Personas defensoras de derechos humanos y periodistas proponen la construcción de una política pública de protección integral que garantice su labor

Espacio OSC

  • Organizaciones de la Sociedad Civil presentan una propuesta de ruta de trabajo para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño para revertir la situación de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.
  • Representantes de la ACNUDH, CIDH y CNDH hacen un llamado a las instancias de gobierno mexicano a dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  política pública integral integral de protección.

Ciudad de México

El 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Foro para la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas” convocado por la Delegación de la Unión Europea en México y las organizaciones del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron el documento “Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión”. 

El panel moderado por Leopoldo Maldonado, estuvo conformado por Gautier Mignot, Embajador de la Delegación de la Delegación de la Unión Europea, Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Ariadne García Hernández, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Griselda Triana, periodista y defensora, Pedro José Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Mario Hurtado, representante del Espacio OSC, quienes condenaron los recientes asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, así como de Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz,  recordando que la impunidad es un incentivo para el aumento de la violencia en México. 

Asimismo coincidieron en la urgencia de que los gobiernos asuman su obligación de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño. Por ello, la propuesta del documento planteado por el Espacio OSC, tiene como objetivo colocar en la discusión pública las medidas mínimas y prioritarias para combatir la situación de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas y garantizar un ambiente adecuado para ejercer la labor, entre las que destacaron: 

  • Generación de planes de contingencia en zonas prioritarias del país; 
  • Cumplimiento con las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH para el fortalecimiento del Mecanismo; 
  • Implementación y creación de Protocolos Especializados de investigación para delitos cometidos en contra de personas y periodistas y;
  • Acciones de memoria, reconocimiento y mejora en la atención victimal.

La propuesta convoca a  diversas instancias públicas de los tres órdenes de gobierno, así como a otras personas defensoras y periodistas a caminar de manera conjunta y atender la problemática y erradicar la violencia contra las personas defensoras y periodistas. Por ello sugiere la conformación de un mecanismo colegiado intersectorial que dé seguimiento y evalúe  la implementación de las acciones y estrategias que establezca dicha coordinación.

Tanto los representantes de la ONU-DH y CIDH enfatizaron la necesidad de que el gobierno mexicano desista de hacer uso de discursos estigmatizantes de la labor de personas defensoras y periodistas a nivel nacional pues consideraron que contrario a estas acciones, se debe sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del rol que juegan las personas defensoras y periodistas para fortalecer las las condiciones democráticas.

Durante el evento, Griselda Triana, periodista y compañera de Javier Valdez, asesinado en 2017 por su labor periodística, enfatizó que «salir a tomar las calles con enojo cada que asesinan a periodistas es una acción lógica ante la falta de garantías. Nos parece indigno mendigar justicia», señaló al lamentar junto con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH la ausencia de autoridades tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Al finalizar, el panel refrendó la disposición por mantenerse abierta al diálogo y colaborar con las instituciones señaladas, además el Espacio OSC llamó a otras personas defensoras y periodistas  a conocer el documento, nutrirlo y participar en los próximos foros regionales que estarán convocando. 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  

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Protestan en Nayarit durante diálogo convocado por SEGOB por asesinatos de personas defensoras y periodistas

Espacio OSC

  • Durante el diálogo, convocado por Segob, las y los participantes se manifestaron en contra del incremento de la violencia y condenaron el asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Michoacán

Ciudad de México / Tepic, 17 de marzo de 2022.

Los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Tepic, Nayarit el cuarto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes Gobierno del Estado de Nayarit, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en lo que va del año en la Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, con el objetivo de dialogar respecto a la idoneidad de impulsar una Ley General de Protección, así como los elementos que debería considerar de acuerdo al contexto específico de Nayarit. 

Durante el diálogo, las personas defensoras y periodistas se manifestaron respecto al asesinato de al menos siete personas periodistas y las tres personas defensoras en el país en lo transcurrido del año, siendo los más recientes el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, ocurrido el 15 de marzo y del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro el día 7 del mismo mes, en Chihuahua. 

Personas defensoras de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y personas con discapacidad, alertaron sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas y defensoras de comunidades pesqueras y cafeteras, destacando ataques a la vida e integridad, agresiones físicas y digitales, amenazas, fabricación de delitos, acoso judicial, campañas de desprestigio, falta de transparencia, corrupción y despojo de tierras.

También señalaron que muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a su labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarios de manera directa e indirecta, así como en colusión con actores del crimen organizado. Asimismo, mencionaron que la violencia se ejerce a través de agresiones en contra de su vida e integridad, pero también al limitar su labor o no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. 

A su vez, manifestaron su desconfianza hacia las instituciones locales de los diversos niveles de gobierno y de procuración de justicia por actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización y ausencia de voluntad y capacidad para garantizar su labor. Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2017 para la protección de personas defensoras y periodistas en Nayarit tiene cinco años de promulgación, pero no ha sido reglamentada ni implementada, al no tener claridad de los procedimientos de funcionamiento y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha. 

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos y ejercer el periodismo comunitario. Además, por medio de la lectura de una carta firmada por diversas personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos en Nayarit, señalaron que es necesario generar más espacios de diálogo en el estado para garantizar que el mayor número de personas defensoras y periodistas sean escuchadas. 

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Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

Espacio OSC/FLEPS/Red TDT

● América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

● Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre de 2021

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de  libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

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Venta de tierras y contaminación de los ríos, transfondo de violencia contra defensores en Puebla

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca responsabilizaron al gobierno de José Cinto Bernal, presidente municipal de Juan C. Bonilla, de las detenciones arbitrarias de los defensores comunitarios Alejandro Torres Xocolatl y Michel Torres, durante una asamblea en la Alcaldía Axuliar de Santa María Zacatepec el pasado 21 de noviembre.

Los defensores de Pueblos Unidos explicaron que la asamblea era para discutir la reapertura del registro civil de Santa María Zacatepec, cerrada hace dos años, cuando el presidente auxiliar de ese entonces pretendía entregar el río Metlapanapa a empresas.

«Sabemos que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal para abrir la presidencia municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria», denunció Pueblos Unidos.

Durante la asamblea, a la que asistió Cinto Bernal, allegados al presidente municipal «no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes», lo que derivó en una confrontación física «que el presidente municipal nunca intentó detener, resultando en varias personas golpeadas y heridas», así como en la detención de dos defensores comunitarios.

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Pegasus en México: Urge esclarecer su uso ilegal y proteger a personas defensoras y periodistas

Espacio OSC

  • Al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas pudieron ser infectadas por el malware Pegasus durante el sexenio pasado.
  • Se requieren investigaciones diligentes, exhaustivas e inmediatas, por parte de la Fiscalía General de la República acerca de la adquisición, uso ilegal y encubrimiento del espionaje ilegal.

El día 18 de julio se reveló a través de la investigación «Pegasus Project» realizada por Amnistía internacional y Forbidden Stories, que entre 2016 y 2017 diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el malware de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos, incluyendo el de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas. 

Esta revelación confirma y amplía los hallazgos de la investigación «Gobierno Espía» que en el año 2017 reveló  la práctica generalizada que desde el 2016 del uso de Pegasus y el espionaje por parte del gobierno mexicano en cabeza de Enrique Peña Nieto, en contra de opositores políticos, activistas, personas defensoras y periodistas. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, debido a que, una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono. 

Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización. Durante ese mismo periodo, un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinadas por motivo de su labor, crímenes que no han cesado en el actual sexenio y que han trascendido en distintos estados de la República permaneciendo en impunidad. 

Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje. Esta práctica ilegal no solo es un ataque individual a la intimidad y acceso a datos personales, sino a sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos. 

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