Espacio OSC
Ciudad de México / Morelia, 10 de junio de 2022.
Los días 8 y 9 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán el octavo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Michoacán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, La Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Este es el octavo diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California y Jalisco, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso desde Michoacán.
Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas condenaron los más recientes asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares del portal de noticias Monitor Michoacán ocurridos en el mes de enero y marzo del presente año, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras ocurridas en años previos en la entidad, los cuales permanecen en completa impunidad.
Además, resaltaron los altos índices de violencia ejercidos en contra de su labor son principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal que directa e indirectamente a través de colusión con grupos criminales obstaculizan su labor o reciben agresiones, entre las cuales destacaron: amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, discursos de odio, campañas para denostar la labor, criminalización a través del uso abusivo del derecho penal, detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pública hasta el cierre de espacios de participación.
Lo anterior, preocupa el caso de mujeres defensoras y periodistas, quienes denunciaron la relación que existe entre la violencia institucional ejercida y la violencia de género que viven cotidianamente como el acoso y actos de misogínia, tal como ocurrió el pasado 8 de marzo durante la protesta feminista, en donde fueron detenidas arbitrariamente y agredidas en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta social y en el ejercicio de la cobertura periodistica.
Estas violaciones e impunidad han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatales, lo cual se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, por ser las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas.
También demandaron por parte de las instancias de gobierno federal y estatal respeto y garantías para el ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía, como fue el caso de la comunidad de Nahutzen, quienes además denunciaron el incremento de la inseguridad en el municipio, como fue el el asesinato de tres comuneros y un feminicidio en lo transcurrido del año, que a la fecha no han sido atendidos por la fiscalía y el ayuntamiento.
Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de asistencia del Gobernador del Estado, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la Polícia Pública de Morelia y de representantes de la Guardia Nacional que hacen presencia en la entidad, para conocer los protocolos internos de actuación y protección de personas defensoras y periodistas, y las acciones de protección llevadas a cabo por estas instancias de gobierno.
Asimismo, recordaron que desde 2016 se cuenta con la Ley Estatal de Protección, la cual pese a más de cinco años de su emisión, no ha sido implementada y tampoco se tiene conocimiento de las acciones impulsadas entre la Federación y el Gobierno del estado posterior a la firma del Convenio de colaboración entre ambas el pasado 28 de abril. Lo mismo sucede con el programa institucional de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado (2019-2028), que señala la generación de acciones de protección y atención inmediata para defensores/as y periodistas, sin embargo no se cuentan con acciones concretas para su cumplimiento y desarrollo.
Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió en conjunto con las y los representantes del Gobierno del Estado y de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en llevar mesas de diálogo en otros municipios de Michoacán, donde hay focos rojos de violencia, que podría incluir a los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y otros.
Finalmente, Jesús Peña representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó la importancia del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección llevada a cabo en 2019, que contempla 104 recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado mexicano, y además recalcó la importancia del papel de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la discusión y construcción de cualquier marco normativo que les afecte o inhiba el ejercicio de su labor.
Durante la jornada las personas asistentes hicieron énfasis en la falta de voluntad política de las instancias estatales, y exigieron construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH; así como posibilitar la real participación de los diálogos en las entidades federativas garantizando que sus demandas sean recuperadas en la elaboración de la iniciativa de ley general y el fortalecimiento de la ley estatal actual.
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