Ismael Bojórquez y Pavla Holcová ganan el Premio Allard 2022

Imagen tomada de Ríodoce

 

 

Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce y la periodista checa Pavla Holcová fueron elegidos como ganadores del Premio Allard a la Integridad Internacional 2022.

El galardón que otorga la Universidad de Columbia Británica, que se ubica en Vancouver, Canadá y que es financiado con donaciones de Peter A. Allard, está dedicado a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Durante la ceremonia virtual realizada este miércoles, el jurado calificador determinó que Bojórquez Perea y Holcová son merecedores del galardón, en el que también fue finalista el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

El Comité eligió a los tres finalistas de entre 279 nominados de 78 países.

Durante su intervención, Bojórquez Perea dedicó el premio a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, así como a los periodistas víctimas de la violencia y al semanario Ríodoce.

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Informe sobre el caso de Regina Martínez Pérez: una de las periodistas más destacadas asesinadas en México en los últimos veinte años

CPJ/Freedom Press Unlimited/Reporteros Sin Fronteras

Regina Martínez Pérez era una prolífica periodista del estado de Veracruz, en México, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con unas tasas de homicidio comparables a zonas en guerra como Iraq o Afganistán. Desde 2006, Veracruz registra una tasa especialmente elevada de asesinatos de periodistas, y el 28 de abril de 2012, Regina Martínez Pérez fue brutalmente asesinada en su casa de la ciudad de Xalapa. A lo largo de su carrera, Regina denunció un gran número de abusos de los derechos humanos sucedidos en Veracruz e informó valientemente sobre la corrupción de los funcionarios públicos. Fue una de las periodistas más destacadas asesinadas en México en los últimos veinte años.

Regina era corresponsal de Proceso, una importante revista de actualidad progresista conocida por sus impactantes publicaciones, relacionadas, entre otras cosas, con la corrupción y la narcopolítica. Cuando Veracruz se enfrentó a una situación de violencia extrema por una guerra territorial entre el cártel de Los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, Proceso destapó los supuestos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Debido a la sólida reputación de Proceso y su alcance nacional, estas publicaciones se convirtieron en un motivo de preocupación para las autoridades de Veracruz. Varios periodistas relacionados con Proceso se han enfrentado a amenazas debido a sus eficaces investigaciones y a sus reportajes críticos.

Regina fue asesinada en el punto álgido de las tensiones en Veracruz en un contexto de intensificación de los ataques contra los periodistas. El 28 de abril de 2012 la hallaron estrangulada en el baño de su domicilio. Su brutal asesinato motivó una ola de indignación y los periodistas y las organizaciones en defensa de la libertad de prensa instaron al Gobernador de Veracruz a investigar el asesinato y a llevar a los autores ante la justicia. Seis meses después, la policía efectuó un arresto en relación con el caso y entre octubre de 2012 y octubre de 2014 tuvo lugar el juicio, que supuso la condena de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los dos sospechosos del asesinato. Aunque el Gobernador lo consideró un éxito, la investigación policial fue muy criticada entre diversos expertos y observadores, que señalaron considerables anomalías en la investigación oficial.

Con el fin de abordar las diferentes cuestiones relacionadas con la investigación oficial y de descubrir la verdad sobre el asesinato, realizamos nuestra propia investigación del caso. Nuestro equipo de investigación revisó exhaustivamente los expedientes oficiales del caso y entrevistó a los testigos principales. Los resultados de la investigación plantean nuevas dudas sobre la exactitud y legitimidad de la investigación oficial del asesinato de Regina Martínez Pérez. Asimismo, hallamos varias pistas que convendría investigar en profundidad. Los principales resultados de la investigación son los siguientes:

1. La condena del principal sospechoso del asesinato, Jorge Antonio Hernández Silva, se basa en una confesión que se obtuvo en circunstancias muy cuestionables. Durante nuestra investigación, el sospechoso declaró que fue detenido ilegalmente un mes antes de realizar la confesión y recibió instrucciones específicas de la policía con respecto al contenido de esta. Asimismo, declara que fue torturado para que diese su confesión oficial.

2. La investigación también plantea serias dudas sobre la precisión y fiabilidad de la declaración de un testigo ocular, Diego Hernández Villa, que fue fundamental para articular la acusación de la fiscalía contra el sospechoso condenado. La acusación de la fiscalía se basa en parte en dicha declaración, que afirma que la noche del asesinato, Regina Martínez Pérez compró cerveza en la tienda de Rosa María Balderas Espíndola. Nuestro equipo de investigación descubrió este testigo ocular había fallecido. Además, en una entrevista, Rosa María Balderas Espíndola declaró que Regina no había acudido a su tienda la noche del asesinato y que Regina solo bebía una marca de cerveza que ella no vendía.

3. Con el fin de hallar posibles pistas sobre el asesinato, el equipo de investigación revisó todas las publicaciones de Proceso que podían haber motivado las amenazas contra la periodista. Nuestra investigación también documenta una serie de amenazas realizadas en los últimos diez años contra periodistas que han indagado sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez. Las amenazas más graves estaban dirigidas contra el periodista de Proceso Jorge Carrasco, que tuvo que ser puesto bajo la protección de la policía federal durante tres años por su investigación del asesinato de Regina, un claro indicio de que había personas interesadas en evitar que la verdad saliese a la luz.

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Tres años sin Miroslava Breach

Imagen de Miroslava Breach a la entrada del centro de justicia penal federal de Chihuahua, donde se llevó a cabo el juicio oral entre el 16 de febrero y 18 de marzo de 2020. Foto: Cencos/Erik Salinas

El juicio contra el hasta ahora único culpable del asesinato de la periodista Miroslava Breach, concluyó el pasado 18 de marzo con una sentencia condenatoria. La pena que deberá cumplir en prisión se conocería el 20 de abril. La Fiscalía solicita 70 años de cárcel.

Desde el inicio, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) al igual que las organizaciones acompañantes del caso perseguían un mismo objetivo: la culpabilidad del sentenciado. Con el fallo condenatorio se escala un primer peldaño en la consecución de justicia. Aún queda un largo camino por recorrer, pues como declaró Rosa María Breach, hermana de Miroslava, en conferencia de prensa en CENCOS, “este fallo judicial es una esperanza; tenemos claro que una verdadera justicia no lo es hasta que se ponga en la balanza de la ley a todos los involucrados, sean estos del crimen organizado o de la cúpula del gobierno”.

A lo largo de las cuatro semanas que duró el juicio declararon más de 60 testigos, entre familiares, periodistas, políticos panistas, analistas, policías de investigación, agentes ministeriales y el Fiscal General del estado. “El hecho de tener una sentencia condenatoria el día de hoy va a generar también un impacto importante dentro del expediente para poder ir avanzando hacia los otros niveles de participación que se generaron en el crimen”, precisa el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en entrevista a CENCOS.  

Aunque no era la primera vez que Miroslava Breach recibía amenazas, estas aumentaron a partir de un artículo publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. En él detallaba la imposición de candidatos a puestos de elección popular de bandas rivales del crimen organizado (La Línea y Los Salazar) en la sierra de Chihuahua.

Titulares de la prensa local durante el juicio. Foto: Cencos/Erik Salinas

La FEADLE y Propuesta Cívica —organización que brinda asesoría legal a la familia de Miroslava— solicitaron al juez que tuviera en cuenta dos aspectos clave a la hora de dictar sentencia: la perspectiva de libertad de expresión y de género. “Demostramos en el juicio cómo, previo al asesinato, Miroslava fue víctima de persecución y víctima de acoso; cómo los victimarios la espiaron en su domicilio, la siguieron en todas sus actividades cotidianas. Quisimos que eso fuera tomado en cuenta porque desgraciadamente las violencias se recrudecen cuando se trata de mujeres periodistas”, explica Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, en entrevista a CENCOS.

Miroslava publicó varios artículos en los que denunció saqueos, abusos, miedo y colocación de políticos al gusto de narcotraficantes. “Silencio es complicidad” era su lema. Una mujer que no rebela fuentes y que no desdice lo dicho crea, al menos, confusión en una población como Chínipas, donde el grupo delincuencial Los Salazar imparte su ley desde hace, al menos, 20 años.

No en vano el crimen de Miroslava abrió preocupantes zonas de silencio en Chihuahua y en todo el país. “Quienes mataron a Miroslava Breach de alguna forma lograron su cometido, que fue silenciar a aquellos reporteros que se atrevían a denunciar. Por eso este juicio puede ser un gran precedente para dar un mensaje contrario: que no se puede callar a un periodista, que es posible acabar con la impunidad”, asegura Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, en entrevista a CENCOS.  

Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y uno de los observadores del juicio, lo resume en una sola frase, en entrevista a CENCOS: “Justicia incompleta es impunidad total”. Por eso, cuando se trata de libertad de expresión en México, tanto el caso de Miroslava como el del reportero sinaloense Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017, son calificados como “emblemáticos”; en otras palabras, deberían ser ejemplo de justicia, verdad y reparación integrales. Aunque, en realidad, la verdadera conquista sería que nunca más se repitieran.

Matan a Fernando Álvarez, periodista de Guerrero que estaba desaparecido

Por Redacción Animal Político
Familiares de Álvarez Chávez reportaron su desaparición la noche del 1 de abril, fue visto por última vez en la colonia popular Ciudad Renacimiento, ubicada a la salida del puerto de Acapulco.

 

La Fiscalía de Guerrero informó que hallaron los restos del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, reportado como desaparecido en Guerrero el pasado 1 de abril.

En un comunicado, detalló que el miércoles 8 de abril fue localizada una extremidad cefálica, en Ciudad Renacimiento, municipio de Acapulco.

Tras realizarse los dictámenes forenses y periciales en genética se comprobó que dicho miembro humano corresponde con la identidad del periodista desaparecido en la zona suburbana del puerto.

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Mientras los gobiernos de Venezuela y Nicaragua estrangulan la libertad de prensa, la impunidad sigue firme en Bolivia y México

José Peralta para IFEX. Con base en informes de miembros de IFEX ARTÍCULO 19 , Centro Nacional de Comunicación Social ,Comité por la Libre Expresión , Comité para la Protección de los Periodistas , Espacio Público , Fundación para la Libertad de Prensa , Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela , Reporteros sin Fronteras (RSF) , Asociación Nacional de la Prensa 

Foto: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

Hay poco de prometedor en el comienzo de 2019. Al panorama complicado que dejó el 2018 para América Latina y el Caribe, se sumaron nuevos agravantes en apenas 30 días del nuevo año. 

Los titulares y miradas del mes estuvieron concentrados casi unánimemente en Venezuela y su último sacudón sociopolítico. Como cada 23 de enero, los venezolanos celebraron su “retorno a la democracia” y conmemoraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Así, seis décadas más tarde, los miles de venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro tomaron las calles con la esperanza de que sucediera algo similar en 2019. 

Por eso, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó artículos de la Constitución y juró tomar poderes presidenciales para llamar a nuevas elecciones, muchos vieron este 23 de enero como un nuevo retorno a la democracia en la historia del país. 

El hecho derivó en un caos político y diplomático, con países reconociendo a Guaidó como el nuevo presidente interino y otros manteniéndose del lado de Nicolás Maduro. Las manifestaciones continuaron de modo intermitente y los análisis llovieron dentro y fuera del país. Sin embargo, lo que devendrá el futuro político del país sigue sin estar claro. 

Con este mar de fondo, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país se vio seriamente deteriorado, según constataron y denunciaron varias organizaciones locales e internacionales. De hecho, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC para defender la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, condenaron las violaciones a la libertad de expresión y las graves limitaciones al ejercicio del periodismo que ocurrieron durante los acontecimientos políticos de los últimos días en Venezuela. 

Entre las violaciones a la libertad de expresión, constataron las organizaciones, hubo varias detenciones arbitrarias de al menos doce periodistas y colaboradores en los últimos días. Entre ellos figuran Ana Rodríguez y Maiker Yriarte, junto a sus colegas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona de de la cadena 24 Horas TVN. Alargan la lista el periodista brasilero Rodrigo Lopes, del grupo RBS y el equipo de la agencia EFE, integrado por el periodista español Gonzalo Domínguez Loeda, la periodista Mauren Barriga Vargas y el fotógrafo Leonardo Muñoz. 

También hubo ordenes de censura a conductores de espacios radiales y allanamientos de televisoras regionales, además de ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones, advirtió IFEX-ALC. 

Otro aspecto importante fueron los bloqueos a sitios de internet, o directamente la caída del servicio. Un informe de varias organizaciones locales de Venezuela, entre ellas nuestro miembro IpysVenezuela, revelaron que los bloqueos incluyeron desde bloqueos a Wikipedia días antes de las manifestaciones, hasta obstrucciones de redes sociales días después durante las protestas. A medida que aumentaba la tensión política, aumentaban también los ataques. 

Sin embargo, aunque todavía dentro del panorama sombrío, los defensores de la libertad de expresión no descansan. Así, el 14 de enero IFEX-ALC presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, el abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión. En su columna, Álvarez se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno. 

El Amicus fue tenido en cuenta en la audiencia del caso que se celebró este 28 y 29 de enero en Costa Rica. El caso es uno de los tantos en los que el gobierno o los poderosos utilizan al derecho penal y civil para amedrentar, censurar y perseguir a medios y periodistas. 

La criminalización del periodismo es el arma sin balas de muchos gobiernos de América Latina y el Caribe. Mientras la audiencia del caso Álvarez tenía lugar, la Corte Suprema de Honduras ratificaba un fallo de 2016 con el que se condenaba por difamación al periodista David Romero Ellner a una pena de 10 años de cárcel. 

El revuelo venezolano sacó del candelero a Nicaragua. Sin embargo, la lamentable situación del país centroamericano no ha mejorado en nada. Durante todo enero continuaron los ataques y la persecución a medios. Están en la mira los periodistas y activistas sociales que cuestionen al régimen de Daniel Ortega. 

El 20 de enero el Comité para la Protección de los Periodistas junto a más de 200 profesionales del gremio le entregaron una carta a Ortega en la que manifiestaban su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país. De acuerdo con ese numeroso grupo, en el 2018 se registraron decenas de asaltos a medios de comunicación. 

También tuvo lugar la expulsión de dos organismos de monitoreo independientes establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) apenas el día anterior de la publicación de su informe. Dicho informe daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas que empezaron en abril de 2018. Para los evaluadores, este fue “otro ejemplo perturbador de la indiferencia de su gobierno a la transparencia y las normas internacionales de los derechos humanos”. 

Por su parte, los periodistas del canal noticioso 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, acusados de múltiples cargos contra el Estado, pudieron ver a sus abogados y familia el miércoles 30 tras pasar un mes incomunicados. Pero esto fue apenas una caricia: el proceso sigue adelante y ahora los periodistas han sido trasladados a unidades penitenciarias. 

Además, el célebre periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de la gestión de Ortega, resolvió exiliarse del país para escapar de la persecución política nicaragüense. Cabe destacar que su padre, el también periodista Pedro Chamorro, fue asesinado durante el régimen de Somoza décadas atrás.

Más impunidad

En Bolivia la impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados han marcado una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico. Así lo revela el análisis de nuestro miembro local, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

Mientras tanto, el 23 de enero, desconocidos amenazaron al diario boliviano Opinióncon poner una bomba si publicaban una nota. 

Al mismo tiempo, en México, continúan los asesinatos y la desaparición forzada de periodistas. El caso más reciente es el de Rafael Murúa Manriquez, que había sido desaparecido y fue luego asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero. Murúa Manriquez era el director de la radio comunitaria Radio Kashanay, que es a su vez miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur. 

Pero no todo está perdido: gracias al duro y constante trabajo de varias organizaciones, entre ellas nuestro miembro, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), se alcanzó una nueva e importante instancia en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima. 

Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos. 

Con este informe se abre la puerta a que el gobierno de Colombia pueda ser juzgado por su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Detienen a presunto responsable del asesinato del periodista Javier Valdez

Por Redacción/Animal Político

Autoridades federales informaron este lunes sobre la detención de un presunto responsable del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, la detención estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad.

El detenido es Heriberto “N”, alias el Koala, y su captura fue en la ciudad de Tijuana, Baja California, indicó al medio Río Doce (del que Valdez fue fundador) el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez.

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Alcalde de Zitácuaro denuncia a diario digital por una nota que señala irregularidades por 180 mdp

Foto: Cuartoscuro

Por Redacción/Animal Político

El alcalde Carlos Herrera Tello acusa de “ataques contra el honor” al diario digital ‘Contramuro.com’ y a su directora.

El alcalde del municipio michoacano de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, demandó penalmente por “ataques contra el honor” al diario digital Contramuro.com y a su directora, luego de que este medio de comunicación publicara un reportaje sobre presuntas irregularidades de varias empresas vinculadas al edil por 180 millones de pesos.

El trabajo periodístico titulado ‘Por irregularidades superiores a los 180 mdp, edil de Zitácuaro es investigado’ es autoría original de otro medio michoacano, Monitor Expresso, el cual dio autorización a Contramuro.compara publicarlo el 11 de agosto del año pasado.

En la nota se expone que Carlos Herrera Tello, empresario y alcalde de Zitácuaro desde el 1 de septiembre de 2015, “es un importante socio de tres firmas que están bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por obras realizadas en la Ciudad de México y en el municipio de Tuxpan (Michoacán) por cientos de millones de pesos”.

La información refiere que en julio del año pasado, la SFP emitió un dictamen sobre las obras que realizaron “empresas de Herrera Tello” en el parque El Mexicanito de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Se consignó que hubo un daño económico por 6.3 millones de pesos en la ejecución de recursos para remodelar ese inmueble y la obra fue inconclusa, ociosa e inútil”, expone la nota publicada por Monitor Expresso y Contramuro.com, y que puedes leer aquí.

Periodistas michoacanos condenan amenazas contra compañeros periodistas

Foto: Cencos

A la comunidad periodística nacional e internacional,
A las organizaciones y organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos,
A la sociedad en general:

No obstante la creciente ola nacional de repudio sobre acciones que inhiben y atetan contra el ejercicio periodístico en México y que han cobrado vidas de 36 compañeros en el país durante este sexenio, en Michoacán las agresiones permanecen cotidianas y los responsables no se circunscriben sólo el ámbito gubernamental y de las autoridades, sino que abarca entre otros figuras vinculadas al sindicalismo estatal.

Por ello, periodistas Michoacanos condenamos toda acción tendiente a entorpecer, inhibir o anular nuestra labor, conscientes que el ejercicio periodístico es vía por la que se cristaliza el derecho a la información de la sociedad.

Es así como manifestamos nuestro repudio contra las amenazas vertidas contra el compañero Vladimir Sámano de Universitas Multimedios, por Eduardo Tena Flores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana.

Manifestamos también nuestra condena contra cualquier amenaza o agresión de la que pueda ser objeto la compañera Rebeca Hernández Marín, del portal de noticias Quadratín por la cobertura informativa que realiza sobre las actividades de la LXXIII Legislatura del Congreso local.

Asimismo, condenamos las agresiones de las que son objeto compañeros periodistas al momento de coberturar manifestaciones, como la suscitada en agosto pasado contra una reportera practicante del portal Acueducto Online por parte de un grupo de profesoras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por la que se procedió a presentar la denuncia respectiva.

Condenamos las agresiones de las que han sido objeto compañeros en la capital y al interior del estado por parte de elementos de seguridad ya sea durante eventos oficiales, marchas, o bien en la cobertura de hechos noticiosos vinculados con temas de seguridad.

Septiembre de 2017

#PorUnPeriodismoVivo
#NiUnoMás

Cada 15.7 horas, un periodista es atacado en México | 2017: 6 meses, 6 asesinados | Es la impunidad: A19

Por Redacción/Sin embargo

El aumento de 23 por ciento en las agresiones contra la prensa mexicana en el primer semestre de 2017 es un un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a los periodistas, destaca el informe “Violencia contra la prensa en México”, realizado por Artículo 19.

La organización internacional expone que durante los primeros seis meses de este año fueron asesinados seis periodistas, mientras que tres más sufrieron tentativas de homicidio.

En México, plantea, se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias. Además, expone, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos. Los estados con mayores agresiones registradas son la Ciudad de México, Veracruz y Coahuila.

En las últimas horas, el periodista de El Universal Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte. Otra vez. Lleva meses con amenazas, pero el Gobierno local y el federal han sido incapaces de dar con sus agresores. Y eso es sólo un reflejo de lo que está pasando en México.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19 (A-19) documentó que en el primer semestre de este año se produjeron un total de 276 agresiones contra periodistas en México, incluyendo seis asesinados y uno que se encuentra desaparecido. Esa cifra total representa un aumento de 23 por ciento, respecto a la registrada en el primer semestre de 2016, que cerró con 218 casos.

En las últimas horas, el periodista de El Universal Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte. Otra vez. Lleva meses con amenazas, pero el Gobierno local y el federal han sido incapaces de dar con sus agresores. Y eso es sólo un reflejo de lo que está pasando en México.

En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día.

Para la publicación de este informe, la organización también incluyó en su reporte dos asesinatos más: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.

También documentó tres tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reservó su identidad.

De acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México”, en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos [con 140 de los 276 atentados].

Para Artículo 19, en su división México y Centroamérica, las cifras que hoy se revelan son “un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.

En el periodo de referencia, la organización –que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas– identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y qse acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año.

Ese es el caso de estados como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.

En este sentido destacó el caso de Coahuila, entidad sujeta a un proceso electoral complejo en el período analizado, y que reflejó un incremento de agresiones de 325 por ciento.

Esa entidad del norte del país ocupa ahora el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz, ambos estados con 28 agresiones registradas.

En su informe del primer semestre de este año, Artículo 19 citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su alerta sobre la violencia contra la prensa en la cobertura de comicios.

“Los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”, plantea la CIDH.

Sin embargo, alertó la Organización No Gubernamental (ONG), en México la tendencia muestra que, en un contexto electoral, las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.

“Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público”, expuso el informe.
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Gobernador niega agresión contra reportera pese a evidencia en Veracruz

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares negó que la reportera Verónica Huerta fue intimidada y la carretera federal Nautla-Poza Rica, en Veracruz, a pesar de que existe un video que evidencia cómo la periodista fue derribada y sometida por los oficiales.

La periodista documentaba la protesta de alrededor de 30 mil personas que exigían el suministro de energía eléctrica cuando a la carretera llegaron elementos de la SSP e iniciaron el proceso de desalojo. Durante el forcejeo entre los manifestantes y los policías, un elemento estatal intentó arrebatarle el teléfono a Huerta para que no grabara los hechos, y posteriormente fue derribada y la sometieron.

El policía logró quitarle el teléfono y lo tiró al suelo, pero los pobladores lo recuperaron y devolvieron el aparato a la reportera para continuar con la grabación del desalojo.

Además, la periodista también fue víctima de empujones y otras agresiones por parte de la policía estatal, quienes continuaban con el intento de obstaculizar su labor periodística.

Los elementos de la policía agredida por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el desalojo de una protesta en no pudieron ser reconocidos porque utilizaron pasamontañas y en sus uniformes no portaban ninguna identificación. Además, estaban armados pese a que se trató de una protesta civil que se desarrollaba de manera pacífica.
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