Pegasus en México: Urge esclarecer su uso ilegal y proteger a personas defensoras y periodistas

Espacio OSC

  • Al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas pudieron ser infectadas por el malware Pegasus durante el sexenio pasado.
  • Se requieren investigaciones diligentes, exhaustivas e inmediatas, por parte de la Fiscalía General de la República acerca de la adquisición, uso ilegal y encubrimiento del espionaje ilegal.

El día 18 de julio se reveló a través de la investigación «Pegasus Project» realizada por Amnistía internacional y Forbidden Stories, que entre 2016 y 2017 diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el malware de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos, incluyendo el de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas. 

Esta revelación confirma y amplía los hallazgos de la investigación «Gobierno Espía» que en el año 2017 reveló  la práctica generalizada que desde el 2016 del uso de Pegasus y el espionaje por parte del gobierno mexicano en cabeza de Enrique Peña Nieto, en contra de opositores políticos, activistas, personas defensoras y periodistas. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, debido a que, una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono. 

Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización. Durante ese mismo periodo, un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinadas por motivo de su labor, crímenes que no han cesado en el actual sexenio y que han trascendido en distintos estados de la República permaneciendo en impunidad. 

Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje. Esta práctica ilegal no solo es un ataque individual a la intimidad y acceso a datos personales, sino a sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos. 

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Se ha extraído 5 veces más oro en este siglo que en toda la Colonia

Proyectos mineros en el país crecieron 77%. La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar.

Imagen: Fundar/ Twitter

Emir Olivares Alonso/ La Jornada

Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.

En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.

Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.

Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.

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Peña Nieto crea un sistema de búsqueda de desaparecidos a 53 días de dejar el cargo

Redacción / El País

En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos

37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo”, agrega Encinas: “Llega demasiado tarde”.

“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.

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Meade dispuso del Ramo 23 para “premiar” o “castigar” a gobiernos estatales: México Evalúa

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de la “caja negra” del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.

El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)

En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI.

El estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado hoy por México Evalúa, evidencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó estos recursos multimillonarios como una herramienta de “control político”: la empleó tanto para “premiar” a los gobernadores aliados como para “castigar” a los opositores, especialmente en periodos electorales.

Los casos del Estado de México y de Chihuahua lo exhiben con toda claridad: entre 2009 y 2012, el gobierno del Estado de México –es decir, de Peña Nieto– recibió un promedio de mil 584 millones de pesos cada año derivado de estos tres programas del Ramo 23.

Y a partir de la llegada al poder de Peña Nieto, la tendencia cambió de manera dramática: entre 2013 y 2017, la SHCP entregó un promedio de 8 mil 327 millones de pesos cada año a la entidad, bastión histórico del PRI; es decir, seis veces más que con Calderón.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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El Gobierno alardea por “avance” laboral, pero se crea empleo que paga entre 1 y 3 salarios mínimos

Por Redacción/Sin embargo

En México es el empleo el que destina a una vida en la pobreza. A pesar de los números positivos de empleos generados en los últimos cinco años, una serie de problemas que la administración…

Con un país que tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza y también a la mitad con un empleo informal, la generación de trabajos de calidad parecería una necesidad urgente para poder entrar a un círculo virtuoso de empleos bien remunerados que activen el mercado interno y así, abonar al crecimiento económico.

Pero el saldo de la política laboral del país es negativo. Sí hay más empleos, según el IMSS, pero su calidad es cuestionable. Y aunque los expertos señalan que una de las formas más eficientes de combatir la pobreza es con empleo, en México parece que trabajar condena a las personas a vivir en la pobreza.

Pero a pesar de ello, en radio, televisión y prensa, el spot de los 3 millones de empleos generados en esta administración, ya presume el logro alcanzado y que ninguna administración anterior pudo hacer. Lo que el anuncio no aborda es el tema salarial, el poder adquisitivo, la inflación, la informalidad, la brecha de género, las prestaciones de ley, el crecimiento del país.

Este es el saldo del primer sexenio que funcionó con la Reforma Laboral heredada por el anterior Presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– En México es el empleo el que destina a una vida en la pobreza. A pesar de los números positivos de empleos generados en los últimos cinco años, una serie de problemas que la administración de Enrique Peña Nieto arrastra no darán espacio a una fiesta para el Presidente y sí provocarán que la calidad de vida de las familias mexicanas siga vulnerada.

El salario y su poder adquisitivo, los empleos y las prestaciones, coinciden especialistas, son un problema que requerirá de medidas prontas e inteligentes que puedan dar a mujeres, jóvenes, hombres, personas de la tercera edad, una mejora en su calidad de vida y al país un mejor crecimiento.

Los números laborales de México plantean una crisis. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expone que el 56 por ciento de los asalariados son informales en México y por el nivel de desarrollo ese porcentaje debería ubicarse en el 25 por ciento.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del primer trimestre de ese año, muestra que la Tasa de Desocupación es del 3.5 por ciento, mientras que la Población Ocupada Informal está compuesta por 29.7 millones de personas.

Además, en el primer trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.7 millones de personas, para un alza de 1.8 por ciento respecto a igual periodo de 2016 y representó 57.2 por ciento de la población ocupada.

Otros 14.2 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un aumento de 3 por ciento anual y constituyó 27.3 por ciento de la población.

El Presidente Peña Nieto habla de los 3 millones de empleos generados, pero omite un detalle: la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.

Un estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en un contexto en el que las autoridades han participado en la imposición, durante décadas, de un salario que “año tras año alcanzan para menos”, se ha observado una caída “ininterrumpida” del poder adquisitivo del salario desde la década de los 80.

En 2016, el valor de la canasta básica se situó en 218 pesos, pero con un salario mínimo no puede comprarse ni la mitad de la Canasta Alimenticia Recomendable para un hogar de cuatro personas y esa situación ya lleva varias décadas.

De los 52 millones de personas que son el total de la Población Ocupada en México, al menos el 69.3%, es decir, 36 millones de personas tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería ser el salario mínimo [cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas].

En los últimos cinco años, el poder adquisitivo del salario ha caído 11.11 por ciento, cuando el Presidente ha dicho públicamente que ha tenido una recuperación real del 15 por ciento; el aumento de 2016 a 2017, se esfumó con la inflación que provocó el aumento a las gasolinas desde el 1 de enero de 2017.

De 2012 a 2016, sólo 68 mil 249 personas dejaron de vivir en condiciones de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La cifra es estática desde 2008, ya que de esa fecha a la actual, sólo han salido de la pobreza cerca de 500 mil personas por año.

“Que la cifra de pobres esté estática, trae como consecuencia a corto plazo, un descontento social y que las familias no tengan para vivir. A largo plazo limita el crecimiento económico, de por sí tan reducido y totalmente insuficiente para lo que requiere este país. Ninguna de las reformas estructurales dio beneficios económicos para el país ni generó la cantidad de empleos prometidos ni el crecimiento que se esperaba a estas alturas de este sexenio, que mínimo tendríamos que estar creciendo al 5 por ciento. No sucedió y no va a suceder. Dijeron que las condiciones externas no lo habían permitido, pero ¿por qué no hicieron las cosas de manera interna?”, comentó en entrevista, el maestro Abraham Vergara Contreras, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana.
El resultado: informalidad y empleos formales más precarios que los informales, y pobreza.

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Peña Nieto condenó al fracaso la investigación por espionaje y amenazó a las víctimas: ONG



Por Redacción/ Proceso

Con sus primeras declaraciones sobre el escándalo del espionaje de su gobierno a defensores de derechos humanos y periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto condena al fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenaza a quienes han denunciado ser víctimas de ese delito, afirmaron seis organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se refirieron a las expresiones que el Ejecutivo federal hizo en Jalisco, mismas a las que consideró “impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.Las organizaciones argumentaron que sin esperar a que la investigación haya iniciado, Peña Nieto “condenó al fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”.

Detallaron que, como la investigación aún no ha comenzado, el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección”.

Según su opinión, que el mandatario “descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.

Como segundo punto, las organizaciones firmantes acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado las intervenciones.

Aseguraron que lo dicho por el funcionario son afirmaciones “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información”.

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¡Tú ordenaste que tus policías federales y la gendarmería dispararan!: familiar de víctima de muerte a Peña Nieto por caso Nochixtlán

Por Redacción/Desinformémonos

La esposa y madre de las tres hijas de Yalid Jiménez, asesinado durante el violento desalojo y la represión policial en Nochixtlán, Oaxaca, difundió una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para acusarlo de ser el responsable de las muertes y los heridos del 19 de junio de 2016.

“¡Tú ordenaste que tus policías federales y la gendarmería dispararan y mataran a nuestros paisanos indefensos el 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca!”, se lee en la carta.

Aseguró que la decisión para desalojar los bloqueos instalados por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la acordó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Comisión Nacional de Seguridad, a petición expresa del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. “¡Dénles en la madre! Esa fue la orden que diste como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”, añadió.

“Mientras tú desayunabas con tu esposa y tus hijos aquel ‘Día del padre’, celebrando con ellos, te fueron confirmando tus asistentes de la cantidad de muertos y heridos que estaban resultando de tu determinación precisa para detener aquella protesta en Nochixtlán demandando diálogo”.

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Justicia por los 43, exigen a Peña en Guatemala



Por Redacción/ Proceso

Con pancartas en mano, apostados en calles de Antigua, Guatemala, por donde pasaría el convoy en el que viajaba el presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo centroamericano Jimmy Morales, decenas de personas exigieron al Ejecutivo mexicano justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya casi tres años.

Esta tarde, a su llegada a Guatemala para una visita de Estado, los manifestantes demandaron a Peña esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y también pidieron justicia para las 56 víctimas del incendio del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción –situado en las afueras de la capital guatemalteca–, ocurrido en marzo pasado.

El mexiquense, quien llegó acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue recibido en la Fuerza Aérea Guatemalteca por el canciller Carlos Raúl Morales. Minutos después de llegar a la capital, Peña Nieto abordó un helicóptero que lo trasladó a la Antigua Guatemala, donde tuvo una comida con el presidente Jimmy Morales.

La presidencia de Guatemala informó que Peña Nieto y Morales firmarán varios convenios en reuniones bilaterales que sostendrán mañana, y luego darán una conferencia de prensa.

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