Espacio OSC
- Al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas pudieron ser infectadas por el malware Pegasus durante el sexenio pasado.
- Se requieren investigaciones diligentes, exhaustivas e inmediatas, por parte de la Fiscalía General de la República acerca de la adquisición, uso ilegal y encubrimiento del espionaje ilegal.
El día 18 de julio se reveló a través de la investigación «Pegasus Project» realizada por Amnistía internacional y Forbidden Stories, que entre 2016 y 2017 diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el malware de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos, incluyendo el de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas.
Esta revelación confirma y amplía los hallazgos de la investigación «Gobierno Espía» que en el año 2017 reveló la práctica generalizada que desde el 2016 del uso de Pegasus y el espionaje por parte del gobierno mexicano en cabeza de Enrique Peña Nieto, en contra de opositores políticos, activistas, personas defensoras y periodistas. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, debido a que, una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono.
Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización. Durante ese mismo periodo, un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinadas por motivo de su labor, crímenes que no han cesado en el actual sexenio y que han trascendido en distintos estados de la República permaneciendo en impunidad.
Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje. Esta práctica ilegal no solo es un ataque individual a la intimidad y acceso a datos personales, sino a sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos.
