Yo sí quiero que les paguemos a los partidos (antes de insultarme, léeme)

Foto: César Rodríguez/Bloomberg/Getty Images

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Entiendo que después de esta afirmación quieras despotricar en mi contra y decirme todas las barbaridades que se te están ocurriendo, pues la clase política mexicana y en específico los partidos políticos han demostrado ser una rémora que chupa dinero público a borbotones, no rinde cuentas y, regularmente, lo usa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Ahí está el caso de las tarjetas Monex, las multas constantes al Partido Verde o los desvíos de dinero público de los estados a las campañas electorales.

Aun así, tenemos que poner en la mesa que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no recibir dinero público y nada más mantenerse del privado es una pésima idea que desgranaré a continuación.

En principio, tienes que tomar en cuenta que esta iniciativa salió del PRI y ellos pertenecen al dark side, son los malosos que nos han robado y violado los derechos por años, como por ejemplo con el fraude electoral de 1988, la masacre de indígenas en Acteal en 1997, recibir una casa blanca de tu amigo contratista como lo hizo Enrique Peña Nieto y hasta desfalcar a un estado completo como lo ocurrido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Así que, no seas inocente: algo se traen entre manos al decir que no recibirán dinero público. Pues no son buena onda, no ven por su país y menos por acabar con la corrupción ya que han sido parte de ella por años, no por nada somos el país más corrupto de América Latina.

Aclarado eso, ahora vamos a la discusión del dinero.

En 2018, los partidos políticos recibirán 6 mil 778 millones de pesos para gasto ordinario y de campaña –más lo que reciban por las elecciones estatales–, el presupuesto más alto de la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ojo, esto no es algo que el INE haya decidido, fueron los mismos partidos y sus representantes en el Congreso quienes lo votaron en la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, es un dineral que NO se merecen.

Peeero la solución no es dejar que los partidos políticos se financien con dinero privado, pues en primera los másters para conseguir dinero de privados, dígase de empresarios, líderes sindicales, cuotas partidistas y en ocasiones dinero sucio del crimen organizado o del presupuesto de los estados son los propios priistas. Por ejemplo, actualmente existe una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde investigan a varios candidatos por el presunto uso de dinero ilícito y al exgobernador Javier Duarte también lo investigan por haber desviado recursos públicos para campañas.

** Nota:esto no quiere decir que los otros sean unas blancas palomitas, nada más hay unos que tienen más colmillo que otros**

Muchos aquí dirán: “pues mientras no sea con nuestro dinero que hagan lo que quieran, de todas maneras ya usan dinero sucio”. Pues qué creen: no, esto es una pésima, pésima idea. En un panorama hipotético, digamos que un presidente municipal en Nayarit llega a ese puesto porque tuvo mucho dinero en su campaña y regaló billetes o todos los que votaron por él. Pero resulta que ese dinero salió del crimen organizado, el cual obvio se va a querer cobrar el “favorcito” de alguna manera. O sea, gracias a recibir dinero privado, quienes viven en esa comunidad seguro se verán afectados por deberle un favor al narco.

Otro ejemplo menos radical, un candidato a gobernador recibe millones de una empresa minera, con eso, hace una campañota en su estado y gana. Ahora, le debe un “favorcito” a la empresa, la cual casualmente está involucrada en un escándalo de contaminación de un río local y muerte de varias personas por beber de su agua. De verdad ¿crees que los van a llevar ante la justicia para que paguen por lo que hicieron?

En nuestro país los candidatos y candidatas están acostumbradas a violar la ley y si de por sí al INE le ha costado un trabajal fiscalizar lo que ya reciben de dinero público y privado, con esta iniciativa del PRI les vamos a abrir la puerta para que el cochinero sea mayúsculo.

Entonces, sí, reduzcámosles el presupuesto público y privado al mínimo, únicamente para que puedan operar en un país austero pero no, no dejemos que pase la propuesta priista.

Este texto se publicó originalmente en The Huffington Post México

‘Estoy indispuesto’: así justifican sus faltas diputados en ALDF

Por Redacción/La Silla Rota

Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lideran en ausentismo y evitan que se les descuente el día con justificantes firmados por ellos mismos, en los que aseguran estar “indispuestos”.

En los justificantes obtenidos vía Transparencia por Reforma, se detectó que los integrantes de la Séptima Legislatura no tienen problema en faltar y evitar que se les descuenten los 2 mil 400 pesos por día.

A través de hojas membretadas con el nombre del legislador y explicar su caso por el que no asisten al Congreso capitalino, sin comprobante alguno, la mayoría de los faltistas se pone a resguardo de perder su pago.

“Le solicito de manera atenta, me sea justificado este día debido a que me encontraba indispuesta”, fue el argumento de la diputada Juana María Juárez, de Morena, para faltar el 14 de octubre de 2015, según uno de los justificantes en poder de Reforma.

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Procesan por feminicidio a atacantes de Gabriela Molina; Fiscalía actúo por presión social: mamá

Por Redacción/Animal Político

Un día después del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto –quien luchó entre 2012 y 2014 por rescatar a sus hijos secuestrados–, el pasado 29 de marzo quedaron formalmente sujetos a proceso penal los dos hombres detenidos tras el crimen, contra los que la Fiscalía General de Yucatán presentó cargos por el delito de “feminicidio”.

Tal como informó Ligia Canto, mamá de Emma Gabriela, en las horas posteriores al asesinato (cometido el 28 de marzo a las 15:30 horas), las autoridades de Yucatán no mostraron ningún interés en actuar con celeridad, “y sólo hasta que la ciudadanía, la gente, comenzó a expresar su indignación, entonces sí las autoridades comenzaron a actuar”.

Sobre las investigaciones realizadas hasta ahora contra los presuntos asesinos capturados, gracias a reportes y videograbaciones ciudadanas, la madre de Emma Gabriela reveló que “la Fiscalía no nos ha querido decir nada, dicen que tienen muchas cosas ya, pero que no las pueden decir, sólo nos han dicho que los detenidos son de origen tabasqueño”.

El origen de los agresores es un dato importante, ya que Emma Gabriela estuvo casada hasta el año 2012 con un político priista de Tabasco, Alberto Martín Medina Sonda (preso actualmente por corrupción).

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OSC denunciaron que PVEM provocaría regresión en los derechos de indígenas y campesinos

Por Viridiana Ramírez

Organizaciones de la Sociedad Civil señalaron que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal generaría un retroceso en materia de derechos de indígenas y campesinos.

Consideran que la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en conjunto opinar, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que esto pudiera ocasionarles.

Expresaron que otros problemas que genera esta iniciativa es la falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad; además de la ausencia de numerosos cambios propuestos por la CONAF cómo la mejora regulatoria, promoción de la legalidad y transparencia, promoción de la competitividad, arquitectura institucional, descentralización y mejora de los servicios técnicos.

Informaron que el pueblo ha perdido la confianza en los legisladores y servidores públicos por la constante exclusión que tienen en estos procesos en los cuales resultan directamente afectados, por lo que exigen a los legisladores y servidores públicos del sector ambiental no pasen por alto las necesidades de indígenas y campesinos y los incluyan para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en base a sus necesidades.