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Agreden a brigada de ayuda humanitaria en Aldama, Chiapas; hay una religiosa herida

Andrea Vega/Animal Político

Una brigada humanitaria de Cáritas San Cristobal de las Casas fue atacada a balazos en Aldama, Chiapas, cuando entregaba alimentos a familias de la comunidad.

Imagen: Twitter @CdhFrayba

Esta mañana, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México, (FISANIM) que entregaba alimentos a familias de la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, fue atacada a balazos.

Los pobladores y organizaciones de la sociedad civil señalan como los responsable del ataque a un grupo civil armado, “de corte paramilitar procedente del Sector Santa Martha, Chenalhó”, precisó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En la agresión, “con armas de alto calibre, resultó herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea”.

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Ataque en Aldama, Chiapas, deja herido a niño de tres años

Redacción/La Jornada

Foto: Cuartoscuro, tomada de www.jornada.com.mx

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Un niño de tres años de edad fue herido de bala este domingo en la comunidad de Tabak, municipio de Aldama, presuntamente por pobladores de la vecina localidad de Santa Martha, Chenalhó, en el contexto de la disputa de 60 hectáreas.

Cristóbal Sántiz Jiménez, representante de los desplazados de Aldama, informó en entrevista que el menor de nombre Santos Armando fue herido a las 12:40 horas cuando se encontraba en su casa, junto con su familia.

“Los disparos de armas de fuego de grueso calibre provenían de Santa Martha, cruzaron las tablas con las que está construida la casa y le pegaron al niño, quien fue trasladado al hospital de las Culturas de San Cristóbal, en una ambulancia del municipio”, agregó.

Señaló que “de nada ha servido la presencia de la policía estatal que tiene su campamento en Cocó, vecina de Tabak, ni los patrullajes de la Base de Operaciones Mixtas, formada por militares y agentes estatales y federales, para frenar las agresiones armadas de Santa Martha”.

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Desplazados de Guerrero hacen plantón en Palacio Nacional; exigen seguridad en sus comunidades

Redacción / El Universal
Foto: Eric Chavelas Hernández
Más de 400 pobladores de los municipios de Leonado Bravo y Zitlala, Chilpancingo, arribaron a la Ciudad de México este domingo para plantarse en Palacio Nacional hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda y resuelva el tema de violencian que padecen.

Al mediodía del domingo, una caravana conformada por pobladores de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en la sierra, y de Tlaltempana, en Zitlata llegaron a la Ciudad de México para que sea tratado el desplazamiento que han sufrido por la violencia.

El objetivo es reunirse con López Obrador para pedirle que los apoye a regresar a sus comunidades.

Los pobladores salieron con colchonetas y casas de campaña para realizaran el plantón afuera de Palacio Nacional.

En el caso de los desplazados de la sierra, desde el 11 de noviembre dejaron sus pueblos después de que nos 2 mil hombres armados, quienes se autodenominaron comunitarios, irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballos y fueron avanzando a otros pueblos, hasta tener el control de 10 localidades.

Desde hace tres meses más de mil 600 pobladores están albergados en el auditorio de la cabecera municipal y regados en casas de familiares. En el auditorio viven hacinados y con objetos indispensables para ellos.

Los menores de edad no han podido retomar sus clases y los pobladores han denunciado que los hombres armados están saqueando sus viviendas.

En más de dos ocasiones han intentado regresar a sus pueblos, pero los hombres armados se lo han impedido. Incluso, una vez dispararon contra la caravana que los llevaba de vuelta.

Los desplazados harán dos peticiones a López Obrador: que retire a los sujetos armados de sus pueblos y que les garantice la seguridad para volver.

El vocero de los desplazados, Crescencio Pacheco González, dijo que acudieran a la Ciudad de México porque el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no ha mostrado interés para resolver su problema.

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Pobladores de Amatán exigen desarticular a grupos paramilitares y que la FGR atraiga el caso

Proceso / Cencos

 

 

Aproximadamente dos mil personas participaron este viernes en una marcha-peregrinación en Amatán, para exigir el desmantelamiento del grupo civil armado que opera en ese municipio.

Además, demandaron justicia por la muerte de Carlos Guerrero Mayorga, Noé Jiménez Pablo y Jorge Santiago Álvarez, quienes encabezaron manifestaciones contra el cacicazgo político de los hermanos Carpio Mayorga. El primero fue ejecutado el 23 de noviembre de 2018 y los últimos dos el pasado 18 de enero.

oé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Noé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

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Insiste Frayba en que CIDH se pronuncie sobre Acteal

Redacción/La Jornada

Peregrinación en 2017 para recordar la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.Foto Moysés Zúñiga Santiago/La Jornada

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Al cumplirse 21 años de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, la organización Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas (Frayba) anunciaron que reforzarán las acciones internacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre el fondo del caso.

Pedro Faro Navarro, director del Frayba, dijo: Desde hace tiempo la situación está cerrada en el ámbito nacional, ya que el Estado mexicano no sólo se negó a una acción de justicia, sino que le ha sumado impunidad con la liberación de casi la totalidad de los autores materiales.

En entrevista, dijo que el caso sigue estando en la CIDH, que debió dar una resolución de fondo desde hace años, pero por cuestiones que no entendemos hay también un retraso absurdo, pues ni siquiera el fondo del asunto ha dictado, aun cuando se han aportado todas las evidencias.

Recordó que en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 22 diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares priístas.

Señaló que debido a que el Estado mexicano no hizo justicia, los familiares de las víctimas acudieron ante la CIDH, pero desde hace varios años están a la espera de que emita un fallo sobre el fondo del caso para, a partir de ahí, generar otras acciones internacionales como acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nombrando claramente a los implicados, entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo, aunque al que se juzga es al Estado mexicano.

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URGENTE: Se reactivan grupos paramilitares en Tila y realizan acciones y bloqueos carreteros, con reporte de uso de armamento y disparos en pleno día.

Foto: POZOL COLECTIVO

En riesgo la vida, seguridad e integridad personal de pobladores, activistas, defensores de Derechos Humanos en el municipio de Tila.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) emite una alerta ante el inminente riesgo de una agresión paramilitar en el municipio de Tila, según reportes de nuestros monitores de Derechos Humanos esta mañana se instaló un bloqueo carretero a la altura del desvío a Yocpokitiok por sujetos que se identifican como pobladores de Tila y que son encabezados por el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez, cerrando el acceso al pueblo de Tila; según reportes han realizado disparos a plena luz del día, y circula información que en el transcurso del día arribarán más sujetos paramilitares provenientes de la parte baja de Tila y de que pretenden agredir al párroco de Tila Heriberto Cruz Vera, a quien desde hace días pretenden responsabilizar de la situación que se ha vivido en los últimos meses en el municipio de Tila.

El día de hoy se vive una escalada de violencia y terror paramilitar en el municipio de Tila, que es alentada desde el gobierno de Chiapas y que comenzó con una marcha el día 2 de junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez encabezada por sujetos identificados como pertenecientes al PVEM y al grupo paramilitar Paz y Justicia aprovechando el descontento e inconformidad que se ha dado en Tila, siendo recibidos por autoridades gubernamentales.

Este Comité Digna Ochoa expresa su temor por la vida, seguridad e integridad personal por los ejidatarios y pobladores de distintos ejidos y bienes comunales pertenecientes al municipio de Tila, ante la abierta reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia y el reporte de que se encuentran armados y están cerrando accesos al pueblo de Tila. Estamos sumamente preocupados por los graves señalamientos y estigmatización lanzada por grupos paramilitares en contra del párroco Heriberto Cruz Vera.

Este Comité Digna Ochoa señala que se confirma lo que venimos denunciando desde hace meses, en el sentido de que se estaban preparando las condiciones desde el gobierno de Chiapas para que el grupo paramilitar actuara en el municipio de Tila y generar un escenario de violencia y terror, y la declaración de “autonomía” y los graves errores y abusos del comisariado de Tila les han dado el pretexto ideal, por lo que responsabilizamos directamente de lo que pueda ocurrir al gobernador Manuel Velasco Coello, al Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y al presidente del Congreso y líder del PVEM Eduardo Ramírez Aguilar, éste último quien recientemente y públicamente se reunió con grupos vinculados a Paz y Justicia en la región norte-selva como la UCIAF.

Responsabilizamos al gobernador Manuel Velasco Coello, al Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y al presidente del Congreso Eduardo Ramírez Aguilar de la vida, seguridad e integridad personal del párroco Heriberto Cruz Vera, de pobladores y ejidatarios de Tila y de activistas y defensores de Derechos Humanos.

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