Por Redacción/Sin embargo
Las organizaciones civiles denunciaron que el Gobierno mexicano ignora los estándares internacionales de acceso al remedio de daño y justicia ante la violación de derechos humanos durante la operación de proyectos empresariales, aunque la Segob se comprometió a concluir la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos a finales de agosto.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Ocho organizaciones civiles que conforman el Grupo Focal anunciaron que después de dos años de trabajo se han salido del proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), ya que no avalan que la propuesta actual presentada por el gobierno mexicano ignore los estándares internacionales, entre ellos, acceso al remedio de daño y justicia ante la violación de derechos humanos durante la operación de proyectos, principalmente energéticos.
“No avalamos el último borrador hecho por el gobierno porque estamos lejos de poder reunir el estándar internacional (que ya existe en 16 países). Se queda en medio entre el estándar mínimo de responsabilidad social de los noventa y los internacionales establecidos por la ONU sobre la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos [de comunidades afectadas por proyectos]”, dijo en conferencia de prensa Benjamín Cokelet, director de Poder.
“La CFE, Pemex y CONAGUA deben ser las primeras en poner el ejemplo, pero en el borrador no se comprometen con la responsabilidad de garantizar los derechos humanos”, enfatizó Alfredo González de Oxfam.
Astrid Puentes, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), aclaró que se deslindan de la redacción, pero seguirán el monitoreo hasta el resultado final.
“Un texto por debajo de los estándares internacionales es una oportunidad perdida para México para mejorar la garantía efectiva de los derechos humanos”, afirmó.
Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), enfatizó la necesidad de que las comunidades indígenas afectadas por los proyectos empresariales participen en la mesa de trabajo de la elaboración de este Programa, cuya implementación es una obligación del Estado.
El borrador actual sigue sin atender las principales peticiones de la sociedad civil. Astrid Puentes, de AIDA, expuso que la Secretaría de Gobierno ha aclarado que el proceso de negociación es complejo, ya que también participa el sector empresarial. Sin embargo, añadió, no se está pidiendo algo que no exista.
