Alarma en la ONU por el uso de militares en tareas policiacas

En una carta fechada el 9 de octubre último, un grupo de expertos de la ONU solicitó al gobierno de López Obrador cambiar o dejar sin efectos los aspectos del acuerdo presidencial que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales y que son contrarias a los derechos humanos.

Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

GINEBRA (proceso).– Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.

Ver nota completa

ONU expresa preocupación por la Ley Garrote de Tabasco; puede interferir en la libertad de expresión, dice

En una carta la ONU recuerda al gobierno de Tabasco los compromisos internacionales que debe cumplir para garantizar la libertad de expresión.

 

Foto: Animal Político

Redacción/ Animal Político 

La Organización Nacional de Naciones Unidas expresó su preocupación por la reforma de ley recién aprobada en el estado de Tabasco, conocida como Ley Garrote, que castiga a quien impida la ejecución de obras públicas y endurece las penas por realizar bloqueos en las calles.  

En una carta (firmada por los relatores especiales de la libertad de opinión, expresión y de derechos humanos) la ONU califica como “preocupantes” las modificaciones a los artículos 196, 299 y 308 Bis y recuerda al gobierno de Tabasco, los compromisos internacionales adquiridos para la garantía de los derechos humanos.

Con las reformas, el artículo 196 Bis establece que cualquier persona que carezca de facultad legal e “impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas” recibirá una pena de prisión de seis a trece años y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Estas penas también se aplicará a quien “obstruya el acceso de personal o de maquinaria” en los lugares de trabajo mencionado. Mismos castigos quedaron planteadas en el artículo 299. 

Ver nota completa 

Demanda ONU al Senado no aprobar más delitos sujetos a prisión preventiva

Redacción / La Jornada

Foto: www.asilegal.org.mx

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Senado que no se apruebe la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, ya que se ha identificado que esa práctica es contraria a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal, a un juicio justo, con debido proceso y garantías judiciales. Pese a ello, ayer quedó en primera lectura.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hizo llegar al presidente del Senado, Martí Batres, y a los ocho coordinadores parlamentarios, una carta en la que manifiesta su profunda preocupación ante la intención de expandir el uso de la prisión preventiva automática en México.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), envió la misiva del Grupo de Trabajo al Senado a propósito de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, que se aprobará esta semana.

Dicha reforma amplía el listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa (automática) e incluye los siguientes: violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, corrupción y desaparición forzada de personas, y desaparición entre particulares.

Ver nota completa