La CIDH condena asesinato del periodista Juan Carlos Huerta y urge al gobierno a agilizar la investigación

Por Redacción/Proceso

WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista mexicano Juan Carlos Huerta Martínez y urgió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a investigar y aclarar el caso lo antes posible.

A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH expresó preocupación por la profunda crisis de seguridad y derechos humanos que afecta a México y que trastoca constantemente a la prensa y a los periodistas.

“La Relatoría Especial ha observado en su visita reciente al país que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y particularmente la seguridad de los periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, (lo que) sin duda representa la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México”, puntualizó en un comunicado.

De acuerdo con el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno federal debe “investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”.

El reportero de radio y televisión fue asesinado la mañana del pasado martes 15 después de salir de su casa en Villahermosa, Tabasco. Los reportes de prensa sobre el incidente sostienen que Huerta Martínez recibió por lo menos cuatro disparos de arma de fuego.

La víctima conducía los noticieros de radio “Panorama Sin Reserva” y de televisión “Notinueve”. En 2017 fundó la radiodifusora Multimedios sin reserva, con la que accedió a una concesión en la banda 620 am, desde la que transmitía su propio noticiero: “La Radio que se ve”.

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La CIDH insta a miembros de la OEA a proteger labor de activistas



Por Redacción/ Proceso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó “el valioso rol” que defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente ejercen en la construcción de una sociedad democrática sólida y el desarrollo sostenible en los países de la región.

En ese sentido, instó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de los activistas.

De acuerdo con la CIDH, ha observado el creciente número de conflictos socio-ambientales y la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra.

Esto, subrayó en un comunicado, ha facilitado que las defensoras y defensores estén más expuestos a asesinatos, ataques, amenazas o a procesos de criminalización por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones.

En su informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, destacó su preocupación respecto de la utilización del sistema penal en contra de líderes y lideresas indígenas, afro-descendientes, campesinos y comunitarios, así como en contra de defensoras y defensores vinculados con la protección de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente como represalia a su oposición a actividades extractivas y denuncias sobre los impactos negativos que tendrían dichos proyectos en la ecología, la salud, en sus relaciones comunitarias o en el goce de otros derechos.

En un comunicado, el organismo observó “con suma preocupación” que en el último año han aumentado estos procesos de criminalización y estigmatización. La Comisión ha dado seguimiento, entre otros, a procesos judiciales en contra de defensoras y defensores indígenas y del medio ambiente en Ecuador, acusados de los delitos de ataque y resistencia tras los hechos ocurridos durante el levantamiento indígena y el paro nacional, apuntó.

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Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Por Redacción/ Proceso

Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.

Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la CIDH sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

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