Seis mujeres, familiares de desaparecidos acudieron a las oficinas del organismo ante la falta de atención en los casos y a que, desde enero, algunas de las víctimas dejaron de recibir la compensación para alimentación y vivienda que cada mes recibían quienes estaban inscritos en el Renavi.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis personas, familiares de víctimas de desapariciones, feminicidios, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, se desangraron fuera de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para visibilizar la falta de acceso a la justicia, así como a una reparación integral adecuada.
Desde la mañana del lunes y hasta las seis de la tarde, Laura Kabata, Ana María Álvarez, Leticia Vélez Guzmán, Flora Marcelo Rojas, Guadalupe Montserrat Rojas Hernández y una persona que prefirió reservase su nombre, trasladaron la protesta que mantienen a las afueras de la Secretaría de Gobernación a la oficina de la ONU-DH.
Ante la desigualdad de género que impera en el país, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exhorta al estado a implementar una serie de medidas para contrarrestar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas.
Foto: Cencos
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de la ONU-DH México, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano ante la falta de acceso a la justicia de mujeres y niñas y los altos niveles de violencia que atraviesa el país.
Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales que garantizar el acceso a la justicia.
Aunque la CEDAW reconoció los avances del país en materia legislativa y de políticas públicas emprendidas para erradicar la discriminación hacia las mujeres, reprochó los altos niveles de violencia.
Las recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones; la creación de políticas de prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas.
Además resalta “la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones vulnerables como la población LGBTI, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas”, en este apartado incluye recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
GINEBRA/CIUDAD DE MEXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.
El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, para su debate y adopción.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.
El Alto Comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
FIN
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