Comunicado: Diagnóstico de mujeres desaparecidas

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO, NUEVO LEÓN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, COLIMA Y JALISCO.

  • El 16 de mayo de 2022 la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas llegó a los 100 mil casos y no ha parado de crecer. El 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.
  • En Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero se concentran el 56.13 % de los casos de todo el país. 
  • La desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de la violencia feminicida y tiene graves repercusiones para la sociedad.

Ciudad de México, 27 de octubre del 2022. El diagnóstico de mujeres desaparecidas que ha elaborado el IMDHD, presenta en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona, pretende visibilizar la desaparición de niñas y mujeres en ocho estados del país a través de una lectura de estadísticas oficiales y documentación de casos en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. Este diagnóstico analiza casos de feminicidio y trata de niñas y mujeres con las desapariciones, entendiendo que los tres fenómenos son parte de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que sus vínculos pueden dar luces sobre cómo prevenir el feminicidio, así como mejorar la búsqueda de mujeres y niñas.

De acuerdo al Diagnóstico, el rango de edad donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años; este rango se repite siendo el doble o incluso el triple de los que le siguen. Lo anterior refleja el reto más difícil para las autoridades, ya que a partir de esto deben diseñar políticas públicas focalizadas para la búsqueda inmediata de los casos de adolescentes y mujeres jóvenes, a la par de implementar proyectos que puedan prevenir y proteger a esta población de continuar siendo víctima de desaparición.

La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano, desde el nivel federal y estatal, visibilice la problemática de desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

  1. Focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda. 
  2. Apropiar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal. 
  3. Actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado, reconociéndola como violencia feminicida. 
  4. Diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.
  5. Garantizar que exista un seguimiento y atención continua a las carpetas de investigación de estos casos, con énfasis especial en reactivar aquellos de larga data, y en responder de manera inmediata y en cumplimiento de los estándares y protocolos nacionales e internacionales sobre los nuevos casos. 
  6. Garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.
  7. Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados. 
  8. Lograr sentencias que condenen a los máximos responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados. 
  9. Sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.

Desde el IMDHD hacemos un llamado enérgico para que ninguna de las víctimas sea olvidada y exigimos a los estados visibilizar la magnitud y complejidad de este problema, reconociendo su gravedad y adoptando marcos legales y políticas públicas que estén acordes a esta dura realidad.

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Pareja de Monterrey se queja de policías abusadores de la Benito Juárez

Foto: Roberto Carlos Hernández

 

Roberto Carlos Hernández

Ana Marisol Garza Peña y Erick Alejandro Amaro Gutiérrez son originarios de Monterrey, Nuevo León, ambos vivieron su peor pesadilla en la Ciudad de México por elementos policiacos adscritos al programa de Blindar BJ de la alcaldía Benito Juárez.

A ella la privaron de su libertad por 40 minutos encerrada en un baño y abusaron sexualmente, mientras que a él le cuadraron un delito y estuvo cuatro meses en el Reclusorio Oriente por un delito que no cometió, ambos llaman a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para que su caso no quede impune y castiguen a los responsables de la injusticia que vivieron por el abuso de poder de dichos servidores públicos.

Lo anterior ocurrió cuando el pasado 24 de marzo Marisol Garza y su pareja Erick Alejandro Amaro Gutiérrez de oficio cantante y conductor de televisión en Monterrey, Nuevo León llegaron a la ciudad de México con el objetivo de atender cuestiones laborales, al llegar a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez fue abordado por un sujeto quien atentó contra su vida, quien al verse en peligro por un arma de fuego que dijo tener el atacante, Erick contuvo a su agresor y otra persona presente solicitó auxilio al 911 para detener al atacante.

Sin embargo, la policía no detuvo al agresor, sino al contrario, los elementos policiacos se llevaron detenidos a siete personas fabricándoles un delito, debido a que el agresor se ostentó como policía sin que portara el uniforme.

Pese a que trataron de explicarle a la policía lo ocurrido en ese momento, alrededor de 25 elementos adscritos al programa Blindar BJ de la alcaldía Benito Juárez a bordo de varias unidades, entre ellas las unidades H81BBE, M61BGD y en bicicletas, montaron un escenario en dicho lugar, acomodaron al agresor como si fuera la victima y enseguida tomaron fotografías y videos plantando así el delito de secuestro exprés.    

“Ese día llegó una persona que parecía ser el líder de los demás policías, le decían el oficial Ruiz, llegó con más policías regañándolos y les decía con insultos que amarraran a la persona que atentó contra mi vida. Intenté explicarle a la policía, pero no me dejaron y al contrario me jalonearon y me pusieron las esposas con fuerza”, relató Erick Alejandro Amaro.

Mientras que el calvario de Marisol comenzó cuando se llevaron a las personas detenidas a bordo de las unidades; los policías se percataron que Marisol ya se había quedado sola y fue el momento en que comenzaron a agredirla.  

“Al percatarme de todo y de que se habían llevado a mi pareja en una camioneta no sabía que hacer, yo estaba parada resguardada tras un muro observando, después de un rato intenté salir, pero una mujer policía de tez blanca, con cabello corto, posiblemente de apellido Castañeda, Castillo o Carrillo me comenzó a hacer varias preguntas, revisó mis cosas, mi bolsa, mi maleta. La policía me ordenó la acompañara y me llevó a un baño en donde me encerró por 40 minutos”, dijo Marisol.

Al verse encerrada en un baño, Marisol angustiada y desesperada comenzó a pedir a que le abrieran la puerta, “pedí ayuda a gritos pero nadie me escuchó, tenía mucho miedo,  pero nadie fue a ayudarme, momentos después llegó una policía muy intimidante , me jaloneó y me dijo que no gritara porque me podía ir peor, me ordenó que me quitara la ropa, en esos momentos yo pensé lo peor, no sabía que iba a ocurrir, mis manos estaban temblando, no veía en donde podía escapar o salir corriendo porque ese lugar estaba lleno de policías, pensé en que era mejor morirme en ese momento antes de vivir cualquier otra cosa”, relató Marisol.

Por eso piden a la Ernestina Godoy Ramos, a que la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos haga justicia y continúe con los procesos de investigación necesarios hasta castigar a los servidores públicos que actuaron de manera ilegal, de acuerdo con la denuncia que interpusieron.

Las víctimas y sus familias también exigen la intervención de Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para castigar a los servidores públicos.

De acuerdo a un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México luego de ser examinada con base en el Protocolo de Estambul, establece que los malos tratos y/o tortura que sufrió causaron sufrimientos psicológicos que han afectado el funcionamiento normal de la vida de Marisol.

El abogado de las víctimas, Javier Saavedra López añadió que al no haber elementos como para vincular a proceso a una persona es ilegal hacerlo y fue el caso de la pareja de Marisol, “no entendemos aun el actuar de estos policías, pero si es claro que hubo un abuso del orden sexual, sufrió vejaciones, tortura, un trato inhumano y desagradable”.

El abogado urgió una reparación integral del daño por daños causados y afectación sufrida, indemnización del daño material y moral causado, además de un castigo a los responsables.

199 personas desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2022, muestra de una crisis que ha crecido durante 10 años

Imagen: Facebook de FUNDENL

 

Marcela Nochebuena/Animal Político

De esas 199 personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 15 de abril, 62 son mujeres. Organizaciones advierten que esta crisis se debe a impunidad, falta de medidas de prevención y avances institucionales “de papel”.

Aunque el patrón de mujeres jóvenes desaparecidas en Nuevo León se ha acentuado en los primeros meses de este año, la crisis de desapariciones en ese estado, que suma 199 casos en lo que va de 2022, tiene como antecedente al menos 10 años de impunidad, ausencia de acciones preventivas, estigmatización a víctimas y, ahora, falta de operatividad y coordinación entre instituciones.

La frecuencia de desapariciones en el estado prácticamente no ha variado en un año: 199 personas permanecen desaparecidas desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2022, una diferencia de solo 11 frente a las 210 aún desaparecidas del mismo periodo del año anterior. En este contexto se da la creciente desaparición de mujeres jóvenes, uno de varios patrones estatales identificados a lo largo de los años, como las desapariciones en el kilómetro 26 de la carretera 85 Monterrey-Nuevo Laredo o las de mujeres del municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021.

En lo que va de 2022, 62 mujeres permanecen desaparecidas en Nuevo León, de las cuales 24 desaparecieron entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Por rango de edad, en este último mes las siete mujeres desaparecidas de entre 15 y 19 años igualaron al grupo mayoritario, siete hombres de entre 25 y 29 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las jóvenes visibilizadas en días recientes son parte de una crisis que suma 6 mil 189 personas desaparecidas en más de cinco décadas y se ha acentuado este año. 

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14 mujeres fueron asesinadas en México durante el #8M, segunda cifra más alta en lo que va de 2022

Foto: Doryan Álvarez/Cencos
Redacción/Animal Político

La cifra incluye los 11 asesinatos de mujeres contabilizados por el gobierno federal en su reporte diario y otros tres ocurridos en Atlixco, Puebla, que fueron confirmados hasta la mañana de este miércoles.

En plena conmemoración por el #8M, 14 mujeres fueron asesinadas en el país a lo largo de la jornada, en lo que representa la segunda cifra más alta para un solo día en lo que va de 2022.

Los 14 asesinatos incluyen los 11 consignados en el reporte diario que elabora el gobierno federal —con base en información de medios de comunicación o “fuentes abiertas”—, así como tres ocurridos en Atlixco, Puebla, durante la noche del martes. Los crímenes cometidos en Puebla, donde también fueron asesinados seis hombres, no alcanzaron a quedar registrados en el informe de las autoridades federales porque se dieron a conocer hasta la mañana de este miércoles.

Por estado, los demás homicidios dolosos de mujeres ocurridos en el reciente Día Internacional de la Mujer se distribuyeron así: Chihuahua, uno; Colima, uno; Guanajuato, dos; Michoacán, uno; Morelos, dos; Nuevo León, uno; Sonora, dos, y Tamaulipas, uno.

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Madres Coraje: La tecnología aplicada a la búsqueda de un hijo

Redacción AN / BDL

Las Madres Coraje son un grupo de mujeres de Nuevo León que se cansaron de esperar a que las autoridades buscaran a sus hijos e hijas desaparecidos. Apoyadas por un dron, perros rastreadores, detectores de metal, antropólogos y personas voluntarias, se han hecho expertas en el uso de sofisticadas tecnologías para localizar, por cielo y por tierra, entierros clandestinos.

Foto: Víctor Hugo Valdivia

Un dron blanco del tamaño de un disco de acetato emprende el vuelo sobre un terreno despoblado en el municipio de García, muy cerca de la ciudad de Monterrey, al norte de México. Dos mujeres tienen la tarea de inspeccionar el agreste campo. Una de ellas lleva el control remoto del artefacto volador, previamente programado, para luego, con pericia, elevarlo en un solo movimiento.

La otra mujer tiene en sus manos una tableta con la imagen del terreno, que previamente fue tomada del satélite de Google, y donde están marcados puntos que identifican ciertas zonas. El dron captará esos sitios a través de miles de fotografías que serán procesadas en computadora y que, mediante un minucioso trabajo, pasarán por sofisticados programas para integrar una sola imagen.

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La CNDH emite recomendación a la Semar por la tortura de 17 personas en 5 estados

Redacción/Sin Embargo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 29/2018,  a la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, por el caso de 32 marinos que torturaron a 17 personas, además señala a 17 agentes del Ministerio Público federal fueron omisos en el acceso a la justicia de las víctimas.

Foto: facebook.com/SEMARMX/

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas, a menos de elementos de la Secretaría de Marina(Semar). Los hechos ocurrieron en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

La CNDH emitió una recomendación a la Semar, y a la Procuraduría General de la República (PGR), por las violaciones graves a los Derechos Humanos de las víctimas. La recomendación 29/2018 emitida por el organismo señala a 32 elementos de la Semar y a 17 agentes del Ministerio Público que habrían sido omisos en las investigaciones de los delitos.

La CNDH indica que la actuación de las autoridades del Ministerio Público constituye una violación del derecho al acceso a la justicia. 17 agentes dilataron u omitieron el inicio de las investigaciones penal correspondientes por el probable delito de tortura.

De acuerdo con los datos de la recomendación, la CNDH recibió entre 2013 y 2017 las quejas de las víctimas y sus familiares, además de información derivada de visitas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales.

Con dichas visitas, se procedió a la integración de 12 expedientes, incluidos en la recomendación, donde se acreditó que después de su detención, las víctimas fueron trasladadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron bajo custodia de “elementos aprehensores”.

La recomendación se dirige principalmente a la Semar porque: “los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”, señala el documento.

La CNDH indica que la actuación de los marinos transgredió los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de las 17 víctimas, 4 de las cuales son mujeres y 13 son varones.

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Rescatan a 119 migrantes en Nuevo León; eran trasladados en un tráiler en condiciones infrahumanas

Redacción/Aristegui Noticias

Los migrantes presentaban cuadros de deshidratación, vómitos y mareos; entre ellos se encontraban 38 menores y dos mujeres embarazadas.

FOTO: Gobierno Nuevo León

La noche del pasado miércoles, un grupo de 119 migrantes fueron rescatados de la caja de un tráiler en el kilómetro 176 de la carretera a Reynosa, municipio de Bravo, en el estado de Nuevo León.

Según un comunicado del Gobierno del Estado, un total de 100 personas presentaba cuadros de deshidratación, vómitos y mareos, derivados de las condiciones infrahumanas en que eran trasladados.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón instruyó a las secretarías General de Gobierno, Salud y Seguridad Pública, así como a la Dirección General de Protección Civil, para que de inmediato se enviaran brigadas de auxilio hasta el lugar. 

En este punto se dio atención a las personas rescatadas que, preliminarmente, se estiman serían 81 adultos y 38 menores, quienes en ese momento permanecían bajo resguardo del personal de Fuerza Civil, Policía Militar y Policía Federal.

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Culmina búsqueda de desaparecidos en bases militares

Redacción / Milenio

Foto: Cencos

Con un cansancio físico y emocional, crisis nerviosas y expectativas divididas concluyeron los tres días de visitas de los familiares de personas desaparecidas a las bases de operaciones de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Nuevo León.

Acompañados por representantes de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un grupo de 12 familiares presenciaron las últimas diligencias en la base localizada en el kilómetro 7 de la carretera Nuevo Laredo- Monterrey, como parte de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de 36 personas entre enero y mayo de este año.

Tras cuatro meses de la mayoría de las desapariciones, para algunos familiares las visitas fueron infructuosas, a otros les dio un poco más de certeza sobre las indagatorias, pero para todos fue enfrentarse una vez más a los dolorosos recuerdos.

“Entrar ahí me estresó mucho, sentí algo en la boca del estómago, como coraje al pensar en lo que sintió mi hijo cuando se lo llevaron, se me vinieron muchas cosas a la cabeza y me puse mal, simplemente lloré ahí en el patio”, relató Gregoria Ochoa, madre de Édgar Treviño Ochoa. 

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Condena ONG feminicidio de niña de 8 años; evidencia falta de “debida diligencia” de las autoridades de NL

Redacción/Aristegui Noticias

“El feminicidio de Ana Lizbeth deja en evidencia el fracaso de la alerta de género activada en los cincos municipios del estado” y la “falta de coordinación y vinculación entre autoridades”, señaló CADHAC.

Foto: AN

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) condenó el feminicidio de Ana Lizbeth Polina Ramírez, de 8 años de edad, y expresó su preocupación ante la falta de debida diligencia de las autoridades de Nuevo León al momento de la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de las niñas, niños y adolescentes.

“Las primeras horas en la búsqueda urgente son fundamentales para dar con el paradero de una persona desaparecida y la ausencia de una correcta actuación derivó en la muerte de Ana”, lamentó. 

En un comunicado, CADHAC recordó que el día 15 de julio de 2018, los padres de la menor habían reportado la desaparición de su hija y la búsqueda comenzó únicamente por la policía municipal de Juárez, Nuevo León, sin dar aviso inmediato al Grupo de Búsqueda de Inmediata (GEBI) y sin seguir los Protocolos vigentes para la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente de niñas y niños.

“El feminicidio de Ana Lizbeth deja en evidencia el fracaso de la alerta de género activada en los cincos municipios del estado, y sobre todo resalta la falta de coordinación y vinculación entre autoridades municipales. Este caso también evidencia la ausencia del interés superior de la niñez en la actuación de funcionarios y la atención de casos de violencia en contra de las niñas, pasando por alto responsabilidades constitucionales e internacionales del Estado Mexicano en la materia”, apuntó.

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Claman justicia tras el asesinato del periodista Héctor González Antonio

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reporteros de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la CNDH y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, condenaron y exigieron justicia tras el homicidio del periodista Héctor González Antonio –colaborador de Grupo Imagen y Excélsior– ocurrido en Ciudad Victoria, y cuya muerte eleva “a 136 los comunicadores asesinados desde el año 2000”.

En un comunicado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Red de Periodistas del Noreste consideró que “la muerte de nuestro colega Héctor González Antonio nos pone nuevamente de luto y en alerta”.

También describe que González Antonio lucía golpes “y fue hallado sin zapatos ni camisa, lo cual revela circunstancias violentas en torno a su fallecimiento, que ocurre cuando todavía no se marchitan las flores de las coronas de Alicia Díaz, asesinada en Monterrey la semana pasada”.

Además, los integrantes de la Red de Periodistas del Noreste “demandamos de las autoridades de Tamaulipas y al gobierno federal una investigación clara y a fondo sobre el asesinato del corresponsal del periódico Excélsior”.
Además, “exigimos mantener las garantías necesarias para el ejercicio de nuestra profesión”.

Por su lado, la CNDH dijo que solicitó a las autoridades de Tamaulipas medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de Héctor González, “brindarles la contención emocional que sea necesaria y realizar una investigación inmediata allegándose de las evidencias para determinar la responsabilidad del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada con su labor periodística”.

También confirmó que personal de la CNDH se trasladó a Victoria para brindar atención a familiares de la víctima y realizar las primeras diligencias del caso.

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