Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.
Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.
Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.
A cuatro años del crimen de Iguala, la ONU-DH subraya que el caso es un símbolo de las desapariciones en México que aguarda ser resuelto
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.- Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subraya que el caso no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.
La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture. Además, la ONU-DH recuerda como en su informe “Doble Injusticia” documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones. A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave -al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad- es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial,” destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH. Preocupa que la respuesta del Gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial. “Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, señaló Jan Jarab.
Para la ONU-DH la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente. “Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, sostuvo Jan Jarab.
La ONU-DH saluda las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad. “El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto.”
Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de seguir caminando con las familias de los estudiantes desaparecidos y de las otras víctimas y de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.
En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
