En 2021, al menos 200 personas defensoras de tierra y medio ambiente fueron asesinadas. México, con 54 ataques letales, fue el país con el mayor número de agresiones, le siguen Colombia y Brasil.
La cifra es brutal: 1733 personas defensoras de la tierra y medio ambiente fueron asesinadas en los últimos diez años en todo el mundo. El nivel de esta violencia se dimensiona aún más con este dato: cada dos días, en promedio, se consumó un ataque letal en contra de una persona que decidió defender los bosques, las selvas, el agua, la fauna, la tierra, la vida. El 68 % de esos homicidios han ocurrido en países de Latinoamérica y el 39 % de ellos han sido en contra de pobladores indígenas.
Estos son algunos de los datos que se incluyen en “Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, el más reciente informe de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias que sufren los defensores ambientales.
El informe presenta también los datos del 2021. En ese año, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente tampoco se detuvo: al menos 200 hombres y mujeres fueron asesinados por defender aquello que da vida al planeta. En promedio, se registraron cuatro homicidios por semana. Y el 40 % de todos los ataques fatales fueron dirigidos en contra de personas indígenas, a pesar de que sólo representan el 5 % de la población mundial. Esta situación es más evidente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en colaboración con la red IFEX-ALC –que defiende la libertad de expresión y prensa en 15 países de América Latina y el Caribe–y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.
Luis Sequeira reportero de AFP es agredido por policías en Managua. Foto (Confidencial)
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. La lista de cuestiones a presentar al Estado en este proceso de evaluación se adoptará del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019.
El Informe Alternativo recoge el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante la última década, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Angel Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.
Las organizaciones demandan, entre otras cosas, una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona; la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como: el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.
FVBCH, IFEX-ALC y la SIP además exigen el cese de las agresiones físicas, la intimidación y las amenazas por parte de grupos parapoliciales y paramilitares, así como la persecución, difamación, acoso y uso de lenguaje estigmatizante en contra de periodistas independientes y personas defensoras de Derechos Humanos.
El Informe señala la importancia de que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.
Para ver el Informe Alternativo relativo al Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos haga click aquí.
IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizarán una misión a la Oficina de la ONU en Ginebra en el período previo al Examen Periódico Universal de Nicaragua (EPU) el 15 de mayo.
El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos que cada estado miembro de la ONU y se realiza cada 5 años. La sociedad civil tiene un papel crucial que desempeñar en el proceso del EPU, y la delegación conjunta de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP se reunirán con los funcionarios de los estados miembros de la ONU para garantizar que las preocupaciones de libertad de expresión informadas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen en este diálogo.
“El próximo EPU de Nicaragua es una oportunidad importante para mejorar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que ahora se encuentra en una condición crítica”, dijo la presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC Marianela Balbi. “Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales”, agregó.
“Sin libertad de prensa no hay libertad”, señaló Monica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC. “Este es el mensaje que queremos dar a los representantes de los Estados miembros de la ONU en Ginebra.”
Las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP apuntan a enfrentar tres desafíos principales: los ataques contra periodistas y un clima de impunidad; censura indirecta; y la criminalización de la expresión y reunión.
Ataques contra periodistas y clima de impunidad:
. Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de otras fuerzas de gobierno que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación.
Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluido el asesinato el 21 de abril de 2018 de Ángel Eduardo Gahona, y aplicar toda la fuerza de la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia.
. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de protocolos de protección.
. Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados.
Censura indirecta:
. Asegurar que la asignación de publicidad del gobierno esté sujeta a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios justos, transparentes y objetivos.
. Garantizar plenamente el derecho la comunicación comunitaria en términos de acceso a condiciones adecuadas de operación y a vías de financiamiento de diversas fuentes.
Criminalización de la libertad de expresión y reunión:
. Abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella. Garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta. Y garantizar la protección de los periodistas que cubren la protesta.
. Trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante y conduzca a una solución democrática para la grave y creciente crisis sociopolítica en el país.
La presentación completa y las recomendaciones de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP también están disponibles aquí.
Desde el pasado mes de abril, cuando se iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua ha sufrido un fuerte deterioro del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información.
La policía antidisturbios expulsa a los periodistas de la entrada principal de la sede de la policía en Managua, Nicaragua, el 15 de diciembre de 2018/REUTERS/Oswaldo Rivas
Las organizaciones que integramos la red IFEX-ALC para defender la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe; y somos parte de IFEX, una red global dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión, condenamos las amenazas, agresiones, allanamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Nicaragua, así como el cierre del espacio cívico ejecutado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Desde el pasado mes de abril, cuando se iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua ha sufrido un fuerte deterioro del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información pública tanto de la sociedad nicaragüense en general, como de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
En las últimas semanas, varios periodistas y medios de comunicación que han estado informando sobre la situación del país, las protestas y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales, han sido victimas de agresiones físicas, amenazas, actos de intimidación, estigmatización, así como allanamiento policial, sustracción de equipos y documentos, privaciones de la libertad y amenaza de demandas penales. Entre los medios afectados se encuentran Radio Darío, el canal de televisión 100% Noticias y recientemente la revista El Confidencial. Por su parte, las radios comunitarias, Radio Humedales y Radio Voz Juvenil, han visto en peligro su funcionamiento por el cierre de las organizaciones a las cuales estaban vinculadas.
Adicionalmente, varias organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos y han reportado los abusos cometidos por el gobierno desde que comenzaron las protestas, fueron clausuradas tras la decisión de la Asamblea Nacional de retirarles su personería jurídica.
IFEX-ALC respalda y destaca el trabajo valiente y decidido de los periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos nicaragüenses que han continuado informado y denunciando las arbitrariedades pese a los ataques tendientes a acallar sus voces.
Las 23 organizaciones pertenecientes a la red IFEX-ALC emplazamos al Estado nicaragüense a:
Abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para atacar y censurar las voces críticas y cerrar el espacio cívico.
Abstenerse de utilizar el aparato judicial para criminalizar a los medios de comunicación y periodistas.
Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua, los cuales garantizan el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer información confiable sobre los asuntos de interés público, y protegen el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Garantizar la existencia de una prensa libre e independiente como derecho de los ciudadanos y como una obligación para cualquier gobierno democrático.
Abstenerse de cancelar de personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que informan sobre la situación del país y defienden los derechos humanos.
La Caravana Migrante que comenzó a llegar al albergue de la Ciudad de México el pasado sábado decidirá durante los próximos dos días en asamblea cuándo, cómo, y quiénes, parten rumbo a la frontera con Estados Unidos para solicitar refugio al gobierno de aquel país.
“El viernes estaremos en condiciones de saber algo concreto y de tomar una decisión entre todos”, dijo a Animal Político Rodrigo Abeja, quien forma parte del equipo de la organización Pueblos sin Fronteras, que acompaña al éxodo migrante desde su salida de Honduras desde el pasado 13 de octubre.
La mañana de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Nashieli Ramírez, también ratificó que los migrantes de la Caravana se darán “entre 24 y 48 horas” para “reflexionar en un proceso de asamblea cómo siguen y para dónde parten” en su camino a Estados Unidos, aunque también señaló la existencia de diferentes grupos con opiniones contrapuestas sobre el momento de la partida.
“Aquí hay migrantes que ya se quieren ir mañana mismo, y otros que dicen que se van a esperar. Pero eso ya es decisión de cada uno de los migrantes, no de nosotros”, expuso Ramírez, quien destacó que, hasta el momento, las autoridades tienen planeado mantener abierto el albergue en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’, en la alcaldía Iztacalco, durante 15 días más, aunque no hay ningún plazo cerrado para mantener la ayuda.
Las caravanas de Migrantes y de Madres de Migrantes Desaparecidos se encontraron en este municipio bajo una sola exigencia: libre paso y no criminalización de la migración.
Procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las mujeres se solidarizaron con los miles de centroamericanos que desde hace cinco días ingresaron a nuestro país.
“Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, se unieron en coro mientras las madres ingresaban al auditorio al aire libre en el parque central de Huixtla.
Vengo de Honduras, dijo una de ellas con la voz quebrada ante el micrófono, me da dolor ver a tanta gente de mi país en este lugar. Les pido a las autoridades que los dejen pasar, no son criminales, andan buscando trabajo.
Ciudad de México | Desinformémonos. El número de solicitantes de asilo en México aumentó un 600 por ciento en los últimos tres años, tiempo en el que el país se ha convertido no sólo en un país de tránsito, sino también de destino para las personas que huyen de la violencia, la persecución y la falta de oportunidades en sus países de origen, señaló el documento titulado “Agenda para la protección de personas refugiadas en México: 2019-2024” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El organismo indicó que la cantidad de solicitantes de asilo o refugio ascendió de 2 mil 137 en 2014 a 14 mil 596 en 2017, y que el aumento podría continuar en los próximos años.
Los refugiados provienen principalmente de los países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Venezuela y Nicaragüa, agregó Acnur.
Indicó que si bien el número de solicitudes aumentó, el de refugiados es aún muy reducido en comparación con el total de la población, ya que sólo hay un solicitante por cada 9 mil mexicanos.
